Por Patricia Vega
23 Diciembre 2012
El viernes pasado, alrededor de las 21.30, seis canales de televisión de modo simultáneo, cinco de noticias y uno de aire, tenían escrito en el zócalo de la pantalla el mismo concepto referido a los "robos y saqueos" que habían asolado a buena parte del país: "organizados", decían todos ellos en cadena. Lo visto por TV en cuanto a la calificación oficial de lo sucedido quedó reflejado luego en letras de molde en las tapas de, al menos, cinco diarios nacionales del sábado. El adjetivo "organizados" fue la clara bajada de línea que partió quién sabe desde dónde y que fue disparado al unísono hacia el monopolio actual de medios, fruto de la colonización K. Disciplinadamente, todos los canales de difusión supuestamente independientes, sólo porque son de dueños diferentes de acuerdo a la concepción del pluralismo que tiene el kirchnerismo, cumplieron con los designios del cerebro central. Así quedó expuesto groseramente en las pantallas en pleno "prime time". Ni siquiera se preocuparon los muy chapuceros que no se notara la uniformidad. No por ser probablemente cierta la presunción que apunta a una autoría intelectual o material común de los asaltos que sufrieron los supermercados, esta otra circunstancia de la transmisión conjunta destinada a machacar una sola idea en los cerebros de la gente que aparece como un segundo elemento del cuadro junto a la anarquía que trasunta el desborde social, no deja de aterrar. La uniformidad de la palabra remite al peor totalitarismo. Otro artificio oficial es sesgar el discurso, a costa de contradecirse a sí mismo y sostener los argumentos de modo unánime. Es el caso del recurso de "per saltum" que se pidió para que la Corte resuelva la disputa por la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Más allá de que se ha dado el caso de que quien ha ganado una instancia presente la situación dentro de parámetros de "gravedad institucional" que merezcan la atención directa del alto tribunal, están los argumentos que los abogados del Estado dieron para sostener el pedido. Ocurre que para ellos el Grupo Clarín no está "legitimado" para ser querellante porque como tal "no es titular de ninguna licencia de radio difusión, ni tampoco accionista o socio de compañías que sean titulares de esas licencias en Argentina".
Una cosa es lo que se escribe en los pedidos a la Justicia y otra que lo diga públicamente y con desparpajo el ministro de Justicia, Julio Alak. Si fuese así, ¿dónde estaría dada la situación de "monopolio" que tantas veces denunció el Gobierno? ¿Por qué Martín Sabbatella fue al edificio del Grupo Clarín a notificarlo sobre el período de desinversión si no le cabe la Ley? ¿Qué hicieron esos abogados durante los últimos tres años litigando contra un fantasma?
Cuando hay voces que genuinamente dicen estar preocupadas por la energía que el Gobierno gasta para instaurar la Ley de Medios sin dedicarle mayor atención a otros temas más cotidianos y más graves como la inseguridad o la inflación, lo que se pide es que se subordine la libertad de expresión a lo demás, sin entender que su falta tendería a tapar todo lo demás. El Gobierno lo sabe y por eso toma la decisión prioritaria para consolidar la hegemonía y la negación del diálogo. Por eso, batalla para conseguir doblegar primero a la Justicia y luego a la prensa, antes que atender otras cuestiones que indica la lógica de las prioridades. Para muestra, vale lo relatado en cuanto a la manipulación de contenidos y a la uniformidad de pensamiento. La creencia de que la gente sigue los designios de la manada, tal como muestra la realidad que "fabrican" los medios, es lo que ha guiado la relación del Gobierno con la prensa. El argumento es de lo peor en materia de subestimación y lo seguro es que lo expone al descrédito. Cada vez que se hace algún anuncio, se dispara una información o se genera una opinión sobre algún tema, las antenas se despliegan para ver dónde está la trampa. Esta desconfianza remite al análisis de lo sucedido en vísperas de la Navidad, en coincidencia con los violentos sucesos de 2001. En otra muestra de la intención de imponer el discurso único, la marcha de tres centrales sindicales, justo el 19 de diciembre, le dio pasto al oficialismo para sumar dos más dos y emparentar al sindicalismo opositor con los disturbios. El ministro Florencio Randazzo dio el puntapié. Tras haber comunicado el tarifazo sobre los pasajes de colectivos y trenes, dijo que la marcha se hizo en "una fecha desafortunada". Como una exhalación, el coro de voceros oficialistas siguió el argumento y con los saqueos los dardos tuvieron destino fijo contra Moyano, Micheli y Barrionuevo. En verdad, antes de hacer acusaciones habría que determinar desde la investigación judicial, si hubo quien "organizó" los desmanes y allí se determinarán las responsabilidades. Lo seguro es que habrá sospechas de todos contra todos, tanto si aparecen algunos camioneros involucrados, como afirmó el Gobierno o si se cree que fue éste el que motorizo los disturbios para victimizarse, como dijo Moyano. Desde el análisis político, queda abierta la discusión, con facturas que se han cruzado gobernadores, intendentes, senadores, gremialistas y miembros del oficialismo y de la oposición, todos expertos en quitarse el sayo de la responsabilidad de la "organización" práctica de los disturbios, sin atreverse a bucear en otro tipo de motivaciones, las sociales, como si éstas no fueran hijas de las políticas públicas.
Más allá de que se ha dado el caso de que quien ha ganado una instancia presente la situación dentro de parámetros de "gravedad institucional" que merezcan la atención directa del alto tribunal, están los argumentos que los abogados del Estado dieron para sostener el pedido. Ocurre que para ellos el Grupo Clarín no está "legitimado" para ser querellante porque como tal "no es titular de ninguna licencia de radio difusión, ni tampoco accionista o socio de compañías que sean titulares de esas licencias en Argentina".
Una cosa es lo que se escribe en los pedidos a la Justicia y otra que lo diga públicamente y con desparpajo el ministro de Justicia, Julio Alak. Si fuese así, ¿dónde estaría dada la situación de "monopolio" que tantas veces denunció el Gobierno? ¿Por qué Martín Sabbatella fue al edificio del Grupo Clarín a notificarlo sobre el período de desinversión si no le cabe la Ley? ¿Qué hicieron esos abogados durante los últimos tres años litigando contra un fantasma?
Cuando hay voces que genuinamente dicen estar preocupadas por la energía que el Gobierno gasta para instaurar la Ley de Medios sin dedicarle mayor atención a otros temas más cotidianos y más graves como la inseguridad o la inflación, lo que se pide es que se subordine la libertad de expresión a lo demás, sin entender que su falta tendería a tapar todo lo demás. El Gobierno lo sabe y por eso toma la decisión prioritaria para consolidar la hegemonía y la negación del diálogo. Por eso, batalla para conseguir doblegar primero a la Justicia y luego a la prensa, antes que atender otras cuestiones que indica la lógica de las prioridades. Para muestra, vale lo relatado en cuanto a la manipulación de contenidos y a la uniformidad de pensamiento. La creencia de que la gente sigue los designios de la manada, tal como muestra la realidad que "fabrican" los medios, es lo que ha guiado la relación del Gobierno con la prensa. El argumento es de lo peor en materia de subestimación y lo seguro es que lo expone al descrédito. Cada vez que se hace algún anuncio, se dispara una información o se genera una opinión sobre algún tema, las antenas se despliegan para ver dónde está la trampa. Esta desconfianza remite al análisis de lo sucedido en vísperas de la Navidad, en coincidencia con los violentos sucesos de 2001. En otra muestra de la intención de imponer el discurso único, la marcha de tres centrales sindicales, justo el 19 de diciembre, le dio pasto al oficialismo para sumar dos más dos y emparentar al sindicalismo opositor con los disturbios. El ministro Florencio Randazzo dio el puntapié. Tras haber comunicado el tarifazo sobre los pasajes de colectivos y trenes, dijo que la marcha se hizo en "una fecha desafortunada". Como una exhalación, el coro de voceros oficialistas siguió el argumento y con los saqueos los dardos tuvieron destino fijo contra Moyano, Micheli y Barrionuevo. En verdad, antes de hacer acusaciones habría que determinar desde la investigación judicial, si hubo quien "organizó" los desmanes y allí se determinarán las responsabilidades. Lo seguro es que habrá sospechas de todos contra todos, tanto si aparecen algunos camioneros involucrados, como afirmó el Gobierno o si se cree que fue éste el que motorizo los disturbios para victimizarse, como dijo Moyano. Desde el análisis político, queda abierta la discusión, con facturas que se han cruzado gobernadores, intendentes, senadores, gremialistas y miembros del oficialismo y de la oposición, todos expertos en quitarse el sayo de la responsabilidad de la "organización" práctica de los disturbios, sin atreverse a bucear en otro tipo de motivaciones, las sociales, como si éstas no fueran hijas de las políticas públicas.
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