El fin del mundo no llegó durante el vulgar día de ayer. Pero no por ello se trató de una fecha inútil. Sirvió, más bien, para verificar que la sociedad no se ha apartado del derrotero de claudicación cultural que inició durante la segunda mitad del siglo XX, cuando terminó de concretar su ruptura con la modernidad, ese movimiento que proclamó el progreso indefinido de la humanidad, iluminado por la razón, y que terminó descuartizado por guerras mundiales, terrorismos y dictaduras. Porque en la claudicación cultural, la palabra cultura no se emplea en su versión elitista y excluyente, sino en su sentido más abarcativo e incluyente. Es cultura en cuanto a todo lo que la persona hace. Y en cuanto a todo lo que la persona deja que hagan con ella.
Por arriba
El ex último día de la humanidad, en un plano superficial, sirvió para advertir que predicar la extinción de los tiempos es funcional a una porción importante de la sociedad. Le resulta útil para no darse cuenta de que el fin del mundo, para miles de tucumanos, comenzó hace tiempo.
Por citar sólo un caso, a pocos minutos de las capitalinas peatonales consumidas de consumismo, se extiende el territorio de lo final. Coherentemente, allí todo es margen: las márgenes del río Salí o las márgenes la autopista Tucumán-Famaillá. Es más, hasta Costanera se llama esa larga marginalidad, tan marginada de la ley, los derechos humanos, la vida y la dignidad. No es que allí no haya futuro: ni siquiera hay presente. El fin del mundo empezó hace ya tanto tiempo ahí, que muchos se mueren por la violencia de las drogas y la delincuencia sin que el mundo, siquiera, haya comenzado para ellos.
Por abajo
En un plano menos coyuntural, la prometida interrupción de la vida en la Tierra también ha desnudado que el cambio de siglo ha sido, apenas, un cambio de almanaque. Los primeros años de la nueva centuria mantienen una caracterización central de los últimos años del siglo XX, advertida hace 20 años por el norteamericano Fredric Jameson: el milenarismo invertido. El filósofo marxista puntualizó que las premoniciones del futuro, catastróficas o redentoras, fueron sustituidas: las reemplazó la convicción del final. Quedó proclamado, así, el fin de la historia, de las ideologías, del arte... del mundo. Estos fenómenos (escribió Jameson en Posmodernismo), son constitutivos de la posmodernidad.
Tucumán, en lo institucional, profundiza esa conciencia. El poder político consolidó, en 30 días, la concepción del final de la verdad en el manejo del erario.
Hay que no hay
El 23 de noviembre, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2013 para el Estado. Y según esa norma, si algo va a sobrarle al Gobierno es plata. El cálculo de recursos prevé que el PBI crezca al 4,4%: no habrá crisis. El dólar oficial, que hoy ronda los $ 4,89, no superará los $ 5,10: no habrá "corrida". La inflación será del 10,8%: no habrá "estampida". Y el alperovichismo, que manejaba $ 2.000 millones en 2004, dispondrá de $ 17.000 millones en 2013. O sea, el 13 no trae mala suerte. Lo atestigua la propia Cámara: su partida creció un 37% y pasó de $ 380 millones a $ 520 millones. Esel fin de los límites para administrar la plata ajena.
Ayer, el mismo Poder Legislativo aprobó una ley que determina que la misma administración alperovichista no tiene plata. El Parlamento, que insumirá $ 1,4 millón diarios en 2013, prorrogó la Emergencia Económica estatal por dos años: la inembargabilidad de los fondos públicos regirá hasta el 31 de diciembre de 2014. Es el fin de la juricidad. Y la consagración de un sinsetido: aquí es estable el estado de excepción.
Los estatales, los jubilados y los proveedores del Estado (o sus deudos) a los que no les pagaron lo que les debían, y que pleitearon en la Justicia por años para lograr una sentencia favorable, tampoco podrán ejecutarla. Les pagarán en títulos, que en adelante se emitirán en pesos. Es el fin de la decencia del Estado.
Se infiere de esta extensión de la Emergencia Económica (rige desde 1991) que el Estado tucumano no tiene plata. No puede afirmarse que la ley lo "diga", porque todo su articulado tiene 85 palabras. Con 11 renglones, en menos de media carilla, el Gobierno que exprime fiscalmente a su pueblo dijo que él no pagará. En 2010, para justificar la prórroga de esta emergencia, el alperovichismo aducía que, de salir de esta situación de excepción, debería afrontar embargos judiciales por $ 400 millones. Esa suma equivale al 0,6% de los $ 60.000 millones en presupuestos públicos que el oficialismo amasó desde que gobierna. Es el fin del respeto por el ciudadano.Pero en la sesión de ayer votaron otra ley que dice que, si bien no hay plata para pagar fallos, sí la hay para financiar el fútbol. A Atlético (donde el "Pulguita" dice que no le pagan), a San Martín (donde el "Ratón" dice que no gana bien) y a San Jorge, clubes a los que este año les dieron $ 2,5 millones en subsidios, ahora les van a dar otros $ 2,5 millones. Es el fin de la seriedad estatal.Pero la misma Legislatura dice que, en cambio, no hay plata para abonar el 82% móvil a los movilizados jubilados transferidos. El Presupuesto 2013 no prevé una partida para afrontar el pago de ese beneficio, que le significaría sólo $ 40 millones anuales al Gobierno. Es el fin de la solidaridad como valor de gestión. Y la lisa y llana especulación con la expectativa de vida del prójimo.
Por cierto, los subsidios para el fútbol salen de la Caja Popular de Ahorros (CPA): un paradigma sobre el fin de la claridad en el uso de la plata de los tucumanos.
Servicios ofrecidos
El Gobierno se pasó todo diciembre dándole la razón a la Asociación Bancaria. Al final, era cierto que el alperovichismo no pensaba devolverle el dinero que, en formato de Letras de Tesorería, le manoteó a la institución. El propio José Alperovich reconoció que el 31 de diciembre van a reintegrar los $ 155 millones que adeudan (como se publicó aquí, ya restituyeron $ 17 millones), sólo para a volver a tomarlos el 1 de enero. Es el fin del valor de la palabra del Ejecutivo: dijeron que pedían la plata sólo por unas semanas. Estaban mintiendo.
Entonces, también quedará como cierta la denuncia sindical de que el Gobierno tiene problemas de fondos y que por eso manoteó a la Caja. Porque hay una explicación que el alperovichismo nunca se atreverá a dar. La Nación anunció un nuevo régimen para aseguradoras, obligándolas a invertir hasta un 30% de sus carteras en proyectos productivos y de infraestructura. A partir de ello -susurran en Casa de Gobierno- tomaron los dineros del fondo de garantía de seguros de la CPA, precisamente, por temor a que la Nación le pida a Tucumán que dé el ejemplo. Es el fin de la provincia mimada por la Nación.
La pelea discursiva entre el oficialismo y la Bancaria, entonces, pasa hoy por saber si los recursos de la Caja tomados por el Ejecutivo resintieron el funcionamiento de la entidad. El Gobierno dice que no. Pero el gremio destapa una reunión del pasado martes 11: el día del fallo absolutorio de los 13 imputados en la causa por el secuestro y la desaparición en democracia de Marita Verón.
A las 10.30, en San Martín al 400, se encontraron el interventor de la Caja, el gerente general y la gerenta de Operatoria de Convenios, por la CPA; y por el Banco Patagonia, el gerente de Servicios Públicos (vino de Buenos Aires) y el gerente de la sucursal Tucumán. Según el sindicato, se habló de obtener un "fondeo" por hasta $ 50 millones para la Caja Popular. Hubo un segundo encuentro el viernes siguiente, pero ya no estaba la única dama. Y, en medio, el 12 de diciembre, restituyeron en el cargo al gerente comercial de la CPA (resolución 752), a quien, el 23 de noviembre, habían enviado a La Cocha (resolución 684).
Ante la consulta de esta columna, el Gobierno reconoció la reunión, pero sostuvo que fue el banco el que "ofreció sus servicios financieros" y no la Caja la que los solicitó. En el Palacio aclaran que la entidad no necesita un crédito, el cual -subrayan- jamás autorizarían. Y precisan que, por caso, está vigente una operatoria de préstamos personales de $ 1.500 de la CPA para los estatales.
Pero al respecto, las cifras plantean bemoles. Hasta este jueves, la CPA había otorgado 2.882 de esos préstamos, que le insumieron $ 4,4 millones. El Banco del Tucumán, que presta $ 2.000 a los estatales mediante el programa Pronto Cash - Fin de Año, otorgó hasta ese día 12.870 créditos, por $ 25,7 millones. O a la Caja no le interesa hacer negocios lícitos con los empleados públicos (pierde 6 a 1 con el banco), o no tiene con qué hacerlos.
Esta falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace lleva a otro elemento instituido por la posmodernidad tucumana.
Desequilibrados
Propio del fin de la modernidad, dice Jameson, es la desautorización del sistema de interpretación de la realidad que distingue lo interior de lo exterior. Es la crisis del modelo de lo manifiesto y lo reprimido, postulado por el psicoanálisis. Y la del modelo de lo auténtico y lo inauténtico, esgrimido por el existencialismo. Y la del modelo de significante y significado, enarbolado por la semiótica. Y la del modelo de la esencia y la apariencia, sostenido por la dialéctica.
La Provincia agrega su propio naufragio: aquí también queda desautorizado por los representantes democráticos del sistema republicano el esquema de la democracia y la república. Los representantes del pueblo son, en realidad, representantes del gobernante. Y el gobernante dice que, si cuenta con los votos, puede hacer lo que se le plazca. Anula, así, una cuestión sustancial: la democracia es la materia y la república es la forma. La división de poderes es el modo en el que debe canalizarse el poder del pueblo. Son recipientes institucionales que evitan desbordes. El recto gobierno administra a través de ellos, y no por encima.
Sin democracia o sin república, el equilibrio entre legalidad y legitimidad se desmadra. Las leyes ilegítimas se padecen. Las ilegalidades legitimadas, también.
Eso sí, que las leyes sean textos del derecho positivo que se limitan a decir lo que el Gobierno quiere no es un fenómeno de la posmodernidad. Es genuino patrimonio de este Tucumán.
Por arriba
El ex último día de la humanidad, en un plano superficial, sirvió para advertir que predicar la extinción de los tiempos es funcional a una porción importante de la sociedad. Le resulta útil para no darse cuenta de que el fin del mundo, para miles de tucumanos, comenzó hace tiempo.
Por citar sólo un caso, a pocos minutos de las capitalinas peatonales consumidas de consumismo, se extiende el territorio de lo final. Coherentemente, allí todo es margen: las márgenes del río Salí o las márgenes la autopista Tucumán-Famaillá. Es más, hasta Costanera se llama esa larga marginalidad, tan marginada de la ley, los derechos humanos, la vida y la dignidad. No es que allí no haya futuro: ni siquiera hay presente. El fin del mundo empezó hace ya tanto tiempo ahí, que muchos se mueren por la violencia de las drogas y la delincuencia sin que el mundo, siquiera, haya comenzado para ellos.
Por abajo
En un plano menos coyuntural, la prometida interrupción de la vida en la Tierra también ha desnudado que el cambio de siglo ha sido, apenas, un cambio de almanaque. Los primeros años de la nueva centuria mantienen una caracterización central de los últimos años del siglo XX, advertida hace 20 años por el norteamericano Fredric Jameson: el milenarismo invertido. El filósofo marxista puntualizó que las premoniciones del futuro, catastróficas o redentoras, fueron sustituidas: las reemplazó la convicción del final. Quedó proclamado, así, el fin de la historia, de las ideologías, del arte... del mundo. Estos fenómenos (escribió Jameson en Posmodernismo), son constitutivos de la posmodernidad.
Tucumán, en lo institucional, profundiza esa conciencia. El poder político consolidó, en 30 días, la concepción del final de la verdad en el manejo del erario.
Hay que no hay
El 23 de noviembre, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2013 para el Estado. Y según esa norma, si algo va a sobrarle al Gobierno es plata. El cálculo de recursos prevé que el PBI crezca al 4,4%: no habrá crisis. El dólar oficial, que hoy ronda los $ 4,89, no superará los $ 5,10: no habrá "corrida". La inflación será del 10,8%: no habrá "estampida". Y el alperovichismo, que manejaba $ 2.000 millones en 2004, dispondrá de $ 17.000 millones en 2013. O sea, el 13 no trae mala suerte. Lo atestigua la propia Cámara: su partida creció un 37% y pasó de $ 380 millones a $ 520 millones. Esel fin de los límites para administrar la plata ajena.
Ayer, el mismo Poder Legislativo aprobó una ley que determina que la misma administración alperovichista no tiene plata. El Parlamento, que insumirá $ 1,4 millón diarios en 2013, prorrogó la Emergencia Económica estatal por dos años: la inembargabilidad de los fondos públicos regirá hasta el 31 de diciembre de 2014. Es el fin de la juricidad. Y la consagración de un sinsetido: aquí es estable el estado de excepción.
Los estatales, los jubilados y los proveedores del Estado (o sus deudos) a los que no les pagaron lo que les debían, y que pleitearon en la Justicia por años para lograr una sentencia favorable, tampoco podrán ejecutarla. Les pagarán en títulos, que en adelante se emitirán en pesos. Es el fin de la decencia del Estado.
Se infiere de esta extensión de la Emergencia Económica (rige desde 1991) que el Estado tucumano no tiene plata. No puede afirmarse que la ley lo "diga", porque todo su articulado tiene 85 palabras. Con 11 renglones, en menos de media carilla, el Gobierno que exprime fiscalmente a su pueblo dijo que él no pagará. En 2010, para justificar la prórroga de esta emergencia, el alperovichismo aducía que, de salir de esta situación de excepción, debería afrontar embargos judiciales por $ 400 millones. Esa suma equivale al 0,6% de los $ 60.000 millones en presupuestos públicos que el oficialismo amasó desde que gobierna. Es el fin del respeto por el ciudadano.Pero en la sesión de ayer votaron otra ley que dice que, si bien no hay plata para pagar fallos, sí la hay para financiar el fútbol. A Atlético (donde el "Pulguita" dice que no le pagan), a San Martín (donde el "Ratón" dice que no gana bien) y a San Jorge, clubes a los que este año les dieron $ 2,5 millones en subsidios, ahora les van a dar otros $ 2,5 millones. Es el fin de la seriedad estatal.Pero la misma Legislatura dice que, en cambio, no hay plata para abonar el 82% móvil a los movilizados jubilados transferidos. El Presupuesto 2013 no prevé una partida para afrontar el pago de ese beneficio, que le significaría sólo $ 40 millones anuales al Gobierno. Es el fin de la solidaridad como valor de gestión. Y la lisa y llana especulación con la expectativa de vida del prójimo.
Por cierto, los subsidios para el fútbol salen de la Caja Popular de Ahorros (CPA): un paradigma sobre el fin de la claridad en el uso de la plata de los tucumanos.
Servicios ofrecidos
El Gobierno se pasó todo diciembre dándole la razón a la Asociación Bancaria. Al final, era cierto que el alperovichismo no pensaba devolverle el dinero que, en formato de Letras de Tesorería, le manoteó a la institución. El propio José Alperovich reconoció que el 31 de diciembre van a reintegrar los $ 155 millones que adeudan (como se publicó aquí, ya restituyeron $ 17 millones), sólo para a volver a tomarlos el 1 de enero. Es el fin del valor de la palabra del Ejecutivo: dijeron que pedían la plata sólo por unas semanas. Estaban mintiendo.
Entonces, también quedará como cierta la denuncia sindical de que el Gobierno tiene problemas de fondos y que por eso manoteó a la Caja. Porque hay una explicación que el alperovichismo nunca se atreverá a dar. La Nación anunció un nuevo régimen para aseguradoras, obligándolas a invertir hasta un 30% de sus carteras en proyectos productivos y de infraestructura. A partir de ello -susurran en Casa de Gobierno- tomaron los dineros del fondo de garantía de seguros de la CPA, precisamente, por temor a que la Nación le pida a Tucumán que dé el ejemplo. Es el fin de la provincia mimada por la Nación.
La pelea discursiva entre el oficialismo y la Bancaria, entonces, pasa hoy por saber si los recursos de la Caja tomados por el Ejecutivo resintieron el funcionamiento de la entidad. El Gobierno dice que no. Pero el gremio destapa una reunión del pasado martes 11: el día del fallo absolutorio de los 13 imputados en la causa por el secuestro y la desaparición en democracia de Marita Verón.
A las 10.30, en San Martín al 400, se encontraron el interventor de la Caja, el gerente general y la gerenta de Operatoria de Convenios, por la CPA; y por el Banco Patagonia, el gerente de Servicios Públicos (vino de Buenos Aires) y el gerente de la sucursal Tucumán. Según el sindicato, se habló de obtener un "fondeo" por hasta $ 50 millones para la Caja Popular. Hubo un segundo encuentro el viernes siguiente, pero ya no estaba la única dama. Y, en medio, el 12 de diciembre, restituyeron en el cargo al gerente comercial de la CPA (resolución 752), a quien, el 23 de noviembre, habían enviado a La Cocha (resolución 684).
Ante la consulta de esta columna, el Gobierno reconoció la reunión, pero sostuvo que fue el banco el que "ofreció sus servicios financieros" y no la Caja la que los solicitó. En el Palacio aclaran que la entidad no necesita un crédito, el cual -subrayan- jamás autorizarían. Y precisan que, por caso, está vigente una operatoria de préstamos personales de $ 1.500 de la CPA para los estatales.
Pero al respecto, las cifras plantean bemoles. Hasta este jueves, la CPA había otorgado 2.882 de esos préstamos, que le insumieron $ 4,4 millones. El Banco del Tucumán, que presta $ 2.000 a los estatales mediante el programa Pronto Cash - Fin de Año, otorgó hasta ese día 12.870 créditos, por $ 25,7 millones. O a la Caja no le interesa hacer negocios lícitos con los empleados públicos (pierde 6 a 1 con el banco), o no tiene con qué hacerlos.
Esta falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace lleva a otro elemento instituido por la posmodernidad tucumana.
Desequilibrados
Propio del fin de la modernidad, dice Jameson, es la desautorización del sistema de interpretación de la realidad que distingue lo interior de lo exterior. Es la crisis del modelo de lo manifiesto y lo reprimido, postulado por el psicoanálisis. Y la del modelo de lo auténtico y lo inauténtico, esgrimido por el existencialismo. Y la del modelo de significante y significado, enarbolado por la semiótica. Y la del modelo de la esencia y la apariencia, sostenido por la dialéctica.
La Provincia agrega su propio naufragio: aquí también queda desautorizado por los representantes democráticos del sistema republicano el esquema de la democracia y la república. Los representantes del pueblo son, en realidad, representantes del gobernante. Y el gobernante dice que, si cuenta con los votos, puede hacer lo que se le plazca. Anula, así, una cuestión sustancial: la democracia es la materia y la república es la forma. La división de poderes es el modo en el que debe canalizarse el poder del pueblo. Son recipientes institucionales que evitan desbordes. El recto gobierno administra a través de ellos, y no por encima.
Sin democracia o sin república, el equilibrio entre legalidad y legitimidad se desmadra. Las leyes ilegítimas se padecen. Las ilegalidades legitimadas, también.
Eso sí, que las leyes sean textos del derecho positivo que se limitan a decir lo que el Gobierno quiere no es un fenómeno de la posmodernidad. Es genuino patrimonio de este Tucumán.
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