27 Noviembre 2012 Seguir en 
MONTEVIDEO.- El Gobierno de José Mujica, promulgó una ley que endurece la lucha contra la corrupción en el Estado, al aumentar las penas mínimas y máximas para funcionarios y legisladores que cometan irregularidades desde su función de gobierno.
Según un anuncio de la Presidencia, la ley modifica disposiciones relativas al fraude, el peculado por aprovechamiento del error de otro, concusión y cohecho simple y calificado del Código Penal, delitos que califican como agravantes especiales.
La pena se elevará en un tercio si el infractor es senador, diputado, ministro o subsecretario, magistrado, actuario o alguacil, magistrado, funcionario policial, militar, de la Dirección General Impositiva o de la Dirección de Aduanas.
Asimismo, las disposiciones establecen que si se trata de funcionarios que prestan servicios en establecimientos de reclusión o detención de personas también se incrementará en un tercio las penas mínimas y máximas.
Dispone, además, un mínimo de dos años de prisión para quien esté involucrado en la importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de sustancias y preparados prohibidos, como la pasta base de cocaína.
La ley es la 19.007, del 16 de este mes, y modifica disposiciones establecidas en los artículos 153 (fraude), 155 (peculado por aprovechamiento del error de otro), 156 (concusión), 157 (cohecho simple), 158 (cohecho calificado) del Código Penal sobre delitos de funcionarios públicos. (Télam).-
Según un anuncio de la Presidencia, la ley modifica disposiciones relativas al fraude, el peculado por aprovechamiento del error de otro, concusión y cohecho simple y calificado del Código Penal, delitos que califican como agravantes especiales.
La pena se elevará en un tercio si el infractor es senador, diputado, ministro o subsecretario, magistrado, actuario o alguacil, magistrado, funcionario policial, militar, de la Dirección General Impositiva o de la Dirección de Aduanas.
Asimismo, las disposiciones establecen que si se trata de funcionarios que prestan servicios en establecimientos de reclusión o detención de personas también se incrementará en un tercio las penas mínimas y máximas.
Dispone, además, un mínimo de dos años de prisión para quien esté involucrado en la importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de sustancias y preparados prohibidos, como la pasta base de cocaína.
La ley es la 19.007, del 16 de este mes, y modifica disposiciones establecidas en los artículos 153 (fraude), 155 (peculado por aprovechamiento del error de otro), 156 (concusión), 157 (cohecho simple), 158 (cohecho calificado) del Código Penal sobre delitos de funcionarios públicos. (Télam).-
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