La muerte de José, un joven adicto de La Costanera, por un balazo narco; el homicidio de Jesús Dorado en un boliche, en Burruyacu; la trifulca entre grupos de alumnos de colegios en la plaza Urquiza, hace una semana; tres escenarios unidos por un mismo hilo conductor: ser joven como una encerrona, en el Tucumán de hoy. A simple vista, se dirá que no son variaciones de la misma sinfonía: que en los dos primeros casos, a la tragedia la alimenta el destino de un contexto de vulnerabilidad social desde la cuna; en el otro, se podrá arriesgar que no fueron más que "travesuras" que nutrirán el anecdotario de un adolescente de clase media. Y en parte, es cierto. A José, el chico del barrio Costanera asesinado por los narcos, lo mató en gran parte el abandono del Estado, que en sus voces de mando ( por ejemplo, el gobernador José Alperovich, cada vez que le preguntan por el tema), parecen asumir con un dejo de resignación que la droga viene ganando la batalla. Que los adictos al paco son "irrecuperables". A Jesús Dorado lo mató una patota, a la salida de un boliche. Ayer, uno de los presuntos homicidas fue alojado en el Roca, cuya eficacia socializadora está en duda. En cambio, los revoltosos de la plaza Urquiza no fueron al Roca. Pero dos de ellos (que son menores) fueron puestos a disposición de la Dirección de Niñez y Familia, en tanto que a otros dos (de 17 años) se les iniciaron causas, con medidas tutelares. Dos caras de la violencia que involucra a los jóvenes, y dos "salidas" muy divergentes, en apariencia: una trágica; la otra, "picaresca". Sin embargo, en los pasillos de los juzgados de menores se escucha: si los padres de los adolescentes que integran las bandas "de las plazas" no asumen esta espiral de violencia, del "travieso de hoy" al imputado de mañana no hay más que un paso. "Primero una trompada, y después una sevillana, que puede ser mortal, y en la que hasta el victimario se convierte en víctima, porque hipoteca su vida", se escucha en los mismos pasillos judiciales, cuando se les pide una reflexión sobre el tema. ¿Y el Estado, dónde está? En esos foros opinan: más que reforzar la presencia policial, importa la actitud de los padres, que insisten en la santidad de sus hijos hasta que la realidad les demuestra lo contrario. En el medio, los casos que engrosan los libros de los Juzgados de Menores refrescan que las edades de iniciación en la violencia callejera son cada vez más tempranas (13, 14 y 15 años); que esos chicos son cada vez más agresivos; y que cada vez hay más mujeres en esos grupos. Por otra parte, episodios como los de la plaza Urquiza, que se repiten hasta el hartazgo, indican que la violencia entre jóvenes no es sólo una cuestión de nocturnidad; en otras palabras, que la discusión acerca de los límites horarios a la salida de los boliches es sólo una parte del "problema", atravesado por el consumo de alcohol y de drogas.
Precisamente, hace unos días, de paso por Tucumán, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni opinó que el Estado no combate el paco "porque no involucra a la clase media". "El paco es una tóxico dependencia que no se investiga porque no afecta a la clase media y, por eso, no le interesa a nadie", añadió el magistrado, trazándole al problema una demarcatoria de clase. Sin embargo, en la Justicia provincial opinan que no sólo se trata del paco. Aunque hay acuerdo en que la lucha contra la sustancia más "bastarda" debe ser afrontada en sociedad por las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad, los jueces tucumanos observan con alarma el crecimiento de otras sustancias; como la cocacína o las pastillas. Y añaden que en la provincia, salvo el Obarrio, no hay instituciones oficiales preparadas para rehabilitar a los adictos. Una paradoja de estos tiempos: en ese campo, las iglesias (evangélicas y católica) le han tomado la delantera a un Estado inexplicablemente ausente.
Precisamente, hace unos días, de paso por Tucumán, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni opinó que el Estado no combate el paco "porque no involucra a la clase media". "El paco es una tóxico dependencia que no se investiga porque no afecta a la clase media y, por eso, no le interesa a nadie", añadió el magistrado, trazándole al problema una demarcatoria de clase. Sin embargo, en la Justicia provincial opinan que no sólo se trata del paco. Aunque hay acuerdo en que la lucha contra la sustancia más "bastarda" debe ser afrontada en sociedad por las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad, los jueces tucumanos observan con alarma el crecimiento de otras sustancias; como la cocacína o las pastillas. Y añaden que en la provincia, salvo el Obarrio, no hay instituciones oficiales preparadas para rehabilitar a los adictos. Una paradoja de estos tiempos: en ese campo, las iglesias (evangélicas y católica) le han tomado la delantera a un Estado inexplicablemente ausente.
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