10 Septiembre 2012
Por ley, los jueces de Paz deben ser letrados. El Colegio de Abogados de la Capital recordó esta disposición vigente en la Ley Orgánica de Tribunales en el pronunciamiento en el que repudió la decisión del Poder Ejecutivo (PE) de llenar esos cargos con legos. "Pese a la vigencia de esta norma, el Gobierno de Tucumán viene reiteradamente designando como jueces de Paz a personas que no poseen tal requisito, situación que acarrea la nulidad del nombramiento y, consecuentemente, de todas sus actuaciones jurisdiccionales", expresó por escrito el Consejo Directivo de esa entidad. En 2010, los representantes de los letrados de la capital se habían manifestado en igual sentido.
Los profesionales apuntaron que tales actos contrarios a las leyes generan inseguridad jurídica y pérdida de calidad institucional, y vulneran el principio de especialidad necesario para el cumplimiento de funciones públicas específicas. Además, criticaron el aval de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a los nombramientos de jueces de Paz legos: "si bien el PE elige (discrecionalmente) a estos funcionarios, la Corte debe prestar acuerdo previo a estas designaciones. Resulta inadmisible el incumplimiento injustificado de normativas vigentes por parte de nuestro máximo tribunal, sobre todo cuando se puede ver afectada la legitimidad de los actos de la propia administración de Justicia".
Todo un mensaje
El Colegio presidido por Eudoro Aráoz resolvió solicitar al Gobierno de José Alperovich que se abstenga de designar jueces de Paz que carezcan de los requisitos legales y a la Corte que haga lo propio respecto del acuerdo que debe prestar a los nombramientos. Además, pidió la cobertura de estos cargos con candidatos surgidos de concursos públicos de antecedentes y oposición.
A título personal, Aráoz añadió: "la persistencia de nombramientos discrecionales de legos en los juzgados de Paz bastardea la institución en beneficio del poder político y la coloca al servicio del pago de favores entre las autoridades. El Estado obstaculiza la jerarquización de estas oficinas, promueve la denegación de justicia y afecta las incumbencias específicas de los abogados. Por último, esta desobediencia a la reforma de 2004 es todo un mensaje: si el Gobierno y el Poder Judicial vulneran la ley, ¿por qué los ciudadanos comunes tienen que respetarla?"
Los profesionales apuntaron que tales actos contrarios a las leyes generan inseguridad jurídica y pérdida de calidad institucional, y vulneran el principio de especialidad necesario para el cumplimiento de funciones públicas específicas. Además, criticaron el aval de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a los nombramientos de jueces de Paz legos: "si bien el PE elige (discrecionalmente) a estos funcionarios, la Corte debe prestar acuerdo previo a estas designaciones. Resulta inadmisible el incumplimiento injustificado de normativas vigentes por parte de nuestro máximo tribunal, sobre todo cuando se puede ver afectada la legitimidad de los actos de la propia administración de Justicia".
Todo un mensaje
El Colegio presidido por Eudoro Aráoz resolvió solicitar al Gobierno de José Alperovich que se abstenga de designar jueces de Paz que carezcan de los requisitos legales y a la Corte que haga lo propio respecto del acuerdo que debe prestar a los nombramientos. Además, pidió la cobertura de estos cargos con candidatos surgidos de concursos públicos de antecedentes y oposición.
A título personal, Aráoz añadió: "la persistencia de nombramientos discrecionales de legos en los juzgados de Paz bastardea la institución en beneficio del poder político y la coloca al servicio del pago de favores entre las autoridades. El Estado obstaculiza la jerarquización de estas oficinas, promueve la denegación de justicia y afecta las incumbencias específicas de los abogados. Por último, esta desobediencia a la reforma de 2004 es todo un mensaje: si el Gobierno y el Poder Judicial vulneran la ley, ¿por qué los ciudadanos comunes tienen que respetarla?"
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