Por Juan Pablo Durán
08 Junio 2012
El crimen aún no resuelto de la joven Paulina Lebbos, ocurrido en marzo de 2006, motivó al poder político a buscar una solución a la anarquía que reinaba en el servicio de autos de alquiler, dominado por la familia Ale. Así nació el Sutrappa, una ordenanza que unificó a los taxis y remises en un solo sistema de transporte público. Lo que amagó hacer la topadora bussista lo había logrado -en un principio- una norma que le otorgó un certificado de defunción al clan que regenteaba la actividad con códigos cercanos a la mafia. Seis años después, nada cambió. Las denuncias sobre la existencia de autos mellizos, la venta de licencias truchas y la proliferación de autos ilegales continúan y se agigantan con el paso de los días.
Hace cuatro miércoles, en el seno de la comisión de Transporte del Concejo, sucedió un hecho que puede llevar a comprender lo que está sucediendo. Harto de la falta de controles, el representante de los taxistas, Antonio Rodríguez, individualizó con nombre y apellido a los "poderosos" que lucran con un servicio público que naufraga en el río revuelto de la ilegalidad. En ese encuentro -los concejales oficialistas buscaron que no trascienda- el gremialista dijo que legisladores del oficialismo tienen en su haber más de 100 autos trabajando. También nombró a un ex parlamentario que alguna vez dijo defender al pueblo.
Los ediles quedaron atónitos por las consecuencias políticas que podría generar ese encuentro y decidieron no incluir en la versión taquigráfica el contenido de la reunión. La brasa incandescente que llevó el taxista fue apagada con silencio. "El sistema funcionará cuando los políticos dejen de participar en el negocio", afirmó Rodríguez en enero. En pocas palabras, dejó en claro que la ilegalidad tiene cuello blanco.
Hace cuatro miércoles, en el seno de la comisión de Transporte del Concejo, sucedió un hecho que puede llevar a comprender lo que está sucediendo. Harto de la falta de controles, el representante de los taxistas, Antonio Rodríguez, individualizó con nombre y apellido a los "poderosos" que lucran con un servicio público que naufraga en el río revuelto de la ilegalidad. En ese encuentro -los concejales oficialistas buscaron que no trascienda- el gremialista dijo que legisladores del oficialismo tienen en su haber más de 100 autos trabajando. También nombró a un ex parlamentario que alguna vez dijo defender al pueblo.
Los ediles quedaron atónitos por las consecuencias políticas que podría generar ese encuentro y decidieron no incluir en la versión taquigráfica el contenido de la reunión. La brasa incandescente que llevó el taxista fue apagada con silencio. "El sistema funcionará cuando los políticos dejen de participar en el negocio", afirmó Rodríguez en enero. En pocas palabras, dejó en claro que la ilegalidad tiene cuello blanco.
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