"La idoneidad moral es resistida en Tucumán"

"Hay que ser muy cuidadoso de los tipos de exclusiones que se proponen para los cargos públicos, para que no sean discriminatorios. Para ello, hay que pensar en los contextos locales. La idea de limitar el cargo de concejal y exigir a los que aspiren a disputarlo a tener el secundario completo, suena problemática. Sobre todo, porque el Estado mismo no está obligado a brindar la educación media de manera completa. Y en municipios del interior, donde hay un sector muy importante que no ingresa al secundario, se dejaría a una porción masiva de la ciudadanía sin derecho a ser elegida". Las reflexiones son de Gabriel Pereira, candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford y fundador de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), durante la entrevista con LA GACETA antes de retornar mañana a Londres.

- La única condición que pone la Constitución Nacional para el desempeño de un cargo público es la idoneidad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ese término?

- Hay un factor de idoneidad que es resistido en la provincia. Porque hay una identidad técnica y también hay una idoneidad moral. Y en este último caso, la adherencia a los principios democráticos y de protección de los derechos humanos es un aspecto clave para los que hablamos de idoneidad. Desde el 83 para acá en la Argentina, al igual que en el mundo, no se concibe la política como opuesta a los derechos humanos. Sin embargo, no es tan difícil encontrar personas que no cumplen ese requisito en la función pública. Personas que aquí, y en otros países, colaboraron con dictaduras y no adhieren a estos principios. Entonces tengamos cuidado con discriminar por razones de instrucción en contextos de alta exclusión social, como los de nuestra provincia, y repensemos en que más importante es tener, en la función pública, personas sensibles con los derechos humanos.

- ¿Cómo se armonizan políticas que incentiven la participación y que no discriminen, con el deseo legítimo de tener políticos más preparados?

- Lo que hay que hacer es fomentar, brindar incentivos para que quienes quieran ocupar cargos públicos tengan un nivel de educación y de formación técnica mínima, pero lo que no puede hacerse es ponerles vallas. Hay que dejar de apoyarse tanto en las políticas basadas en prohibir y en establecer cotos. Pienso, sobre todo, en cargos electivos locales. La primera función del edil es tener una buena relación con la comunidad inmediata, con el vecino. La idoneidad, ahí, no pasa por el titulo sino por la sensibilidad.

- Condicionar con requisitos educativos el derecho a ser elegido ¿no es una manera de acercarse al condicionamiento del derecho a elegir: al voto calificado?

- Claramente. Hay todavía una idea de que la política es para unos cuantos, que son los iluminados, la cual no se condice con la realidad. Esto tiene su correlato en el desprestigio que se ensaya contra el voto popular. Específicamente, el voto mayoritario en favor la presidenta (Cristina Fernández) ha sido descalificado de muchas maneras. Y el votante no puede ser deslegitimado. En todo caso, sí hay formas ilegítimas de inducir el voto, como las del clientelismo y sus presiones, y hay que deslegitimar a los políticos que apelan a esas prácticas. Pero el voto siempre será legítimo. De lo contrario, nos topamos con la ilegitimación promovida por los pretendidos iluminados contra los que ellos pretenden ignorantes. Y los pretenden ignorantes sólo porque no votaron como los supuestos iluminados dicen que tendrían que haber sufragado. - ¿Qué debe conjurar todo régimen electoral? - El retorno de las democracias elitistas. Costó mucho salir de ellas. Se logró con la Ley Sáenz Peña, el voto para la mujer y las internas abiertas obligatorias en los partidos. El modelo de democracia elitista ya ha fracasado en la Argentina. Además de inmoral, se ha revelado incompetente. Ya no queremos de esa receta.