17 Abril 2012
UN RECUERDO. Cristina exhibe un tubo con petróleo que, explicó, le regaló un familiar de un ingeniero que trabajó en el primer pozo que explotó YPF. REUTERS
BUENOS AIRES/MADRID/BRUSELAS.- La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció ayer la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, en manos de la española Repsol, y tomó el control de la empresa luego de dictar su intervención a través de un decreto de necesidad y urgencia. El gobierno argentino, desoyendo las advertencias de España y la Unión Europea (UE), envió ayer al Parlamento un proyecto de ley -que será debatido a partir de hoy en el Senado- para declarar de interés público la explotación de hidrocarburos y lograr hacerse con el 51% de las acciones de la petrolera, por lo que Repsol podrá conservar un 5% (en total posee el 56%). "YPF nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de U$S 3.029 millones (anuales). Somos el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales", sostuvo Fernández.
En un sorpresivo acto, realizado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la Presidenta denunció una "política de vaciamiento, de no producción y de no exploración" de Repsol, por lo cual, de no adoptar esta medida, "prácticamente nos encontraríamos con un país inviable". Además, enfatizó que se llegó a esta situación "por las políticas de los empresarios y no por falta de recursos", como se había sostenido. Al acto asistieron gobernadores, empresarios, sindicalistas y miembros del gabinete.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con sus ministros de Industria y Asuntos Exteriores, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, para estudiar las medidas a adoptar.
Antes de que Fernández de Kirchner anunciara su decisión, Rajoy ya había prometido que defenderá como "propios" los intereses de las empresas españolas en el exterior.
"Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses", había dicho en Madrid.
En cadena nacional
La actuación de los últimos días del gobierno español en la disputa por YPF desató ayer las críticas del partido opositor Izquierda Unida (IU), cuyo líder, Cayo Lara, pidió al Ejecutivo que defienda los intereses de la empresa "sin amenazas y sin arrogancias". "No estamos en el siglo XV", dijo Lara, cuestionando la actitud "amenazadora" y "poco diplomática" del gobierno. Ademas, señaló que Argentina está "en su derecho" de adoptar las decisiones que considere más adecuadas para los intereses de su país. A su vez, la Comisión Europea dijo que la expropiación supone una señal "muy negativa" del gobierno argentino hacia los inversores extranjeros y, además, que el clima para los negocios quede muy afectado. "Soy una jefa de Estado y no una patotera", enfatizó la mandataria, tras cuestionar "improperios, agravios y descalificaciones", respondió Cristina, durante el mensaje transmitido por cadena nacional. Acotó que "desde que se desnacionalizó YPF en 1998 (en favor de Repsol), por primera vez en 2011 Argentina tiene que importar gas y petróleo y esto significa un pasivo carburífero por primera vez en la historia". Según establece la ley, el precio a pagar por el Estado a Repsol por sus acciones lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, aunque la mandataria no hizo referencia al asunto.
El proyecto impulsado por el Gobierno podría tener dictamen el jueves. El oficialismo pretender llevarlo al recinto el miércoles 25. La iniciativa establece que, de las acciones expropiadas, el 51% quede en manos del Estado y el 49% restante sea de las provincias productoras de hidrocarburos.
La Presidenta aseguró que no será "afectado ningún otro socio", es decir, que los tenedores de las acciones que cotizan en bolsa las podrán mantener, ya que solo se expropiarán los papeles en poder de Repsol. A su vez, decretó la intervención de YPF y designó como conductores de la petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes ya tomaron el control de la empresa.
"La intervención será por 30 días con el objetivo de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país", según indica el decreto.
En los últimos días, España y la UE habían cerrado filas ante una posible nacionalización de la petrolera. Sin embargo, la jefa de Estado decidió avanzar con su decisión de que el Estado vuelva a tomar el control de la petrolera y acusó a Repsol por la caída del 50% de las reservas de petróleo de YPF, desde 2001 a la fecha. Además, le reprochó que no hizo inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias entre sus accionistas.
Cristina advirtió que no apunta a un modelo de "estatización" porque se conserva a la empresa como "sociedad anónima" y que la conducción de la compañía será "absolutamente profesionalizada". En ese contexto, la mandataria acusó a las petroleras de hacer "faltar combustible en pleno año electoral". (DPA-DyN)
En un sorpresivo acto, realizado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la Presidenta denunció una "política de vaciamiento, de no producción y de no exploración" de Repsol, por lo cual, de no adoptar esta medida, "prácticamente nos encontraríamos con un país inviable". Además, enfatizó que se llegó a esta situación "por las políticas de los empresarios y no por falta de recursos", como se había sostenido. Al acto asistieron gobernadores, empresarios, sindicalistas y miembros del gabinete.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con sus ministros de Industria y Asuntos Exteriores, José Manuel Soria y José Manuel García-Margallo, para estudiar las medidas a adoptar.
Antes de que Fernández de Kirchner anunciara su decisión, Rajoy ya había prometido que defenderá como "propios" los intereses de las empresas españolas en el exterior.
"Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses", había dicho en Madrid.
En cadena nacional
La actuación de los últimos días del gobierno español en la disputa por YPF desató ayer las críticas del partido opositor Izquierda Unida (IU), cuyo líder, Cayo Lara, pidió al Ejecutivo que defienda los intereses de la empresa "sin amenazas y sin arrogancias". "No estamos en el siglo XV", dijo Lara, cuestionando la actitud "amenazadora" y "poco diplomática" del gobierno. Ademas, señaló que Argentina está "en su derecho" de adoptar las decisiones que considere más adecuadas para los intereses de su país. A su vez, la Comisión Europea dijo que la expropiación supone una señal "muy negativa" del gobierno argentino hacia los inversores extranjeros y, además, que el clima para los negocios quede muy afectado. "Soy una jefa de Estado y no una patotera", enfatizó la mandataria, tras cuestionar "improperios, agravios y descalificaciones", respondió Cristina, durante el mensaje transmitido por cadena nacional. Acotó que "desde que se desnacionalizó YPF en 1998 (en favor de Repsol), por primera vez en 2011 Argentina tiene que importar gas y petróleo y esto significa un pasivo carburífero por primera vez en la historia". Según establece la ley, el precio a pagar por el Estado a Repsol por sus acciones lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, aunque la mandataria no hizo referencia al asunto.
El proyecto impulsado por el Gobierno podría tener dictamen el jueves. El oficialismo pretender llevarlo al recinto el miércoles 25. La iniciativa establece que, de las acciones expropiadas, el 51% quede en manos del Estado y el 49% restante sea de las provincias productoras de hidrocarburos.
La Presidenta aseguró que no será "afectado ningún otro socio", es decir, que los tenedores de las acciones que cotizan en bolsa las podrán mantener, ya que solo se expropiarán los papeles en poder de Repsol. A su vez, decretó la intervención de YPF y designó como conductores de la petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes ya tomaron el control de la empresa.
"La intervención será por 30 días con el objetivo de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país", según indica el decreto.
En los últimos días, España y la UE habían cerrado filas ante una posible nacionalización de la petrolera. Sin embargo, la jefa de Estado decidió avanzar con su decisión de que el Estado vuelva a tomar el control de la petrolera y acusó a Repsol por la caída del 50% de las reservas de petróleo de YPF, desde 2001 a la fecha. Además, le reprochó que no hizo inversiones en relación a los millonarios dividendos de las ganancias entre sus accionistas.
Cristina advirtió que no apunta a un modelo de "estatización" porque se conserva a la empresa como "sociedad anónima" y que la conducción de la compañía será "absolutamente profesionalizada". En ese contexto, la mandataria acusó a las petroleras de hacer "faltar combustible en pleno año electoral". (DPA-DyN)
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