A corregir los comunicados

Marcelo Bátiz | Columnista de la agencia DyN

19 Noviembre 2011
BUENOS AIRES.- A las agrupaciones políticas, sindicales y empresarias que se encuentren dando la puntada final a sus comunicados de prensa elogiando la decisión oficial de eliminar los subsidios, habría que recomendarles abrir un compás de espera antes de incurrir en una nueva contradicción. Allá la CGT, que se apresuró a decir que aplaudía "la medida del Gobierno nacional que por fin deja sin efectos subsidios a sectores empresarios que son los que mas ganan y que siempre se han servido del Estado", o la AEA, que celebró "el avance hacia el reconocimiento del valor real de la energía". O los diputados y asociaciones de consumidores, que se debaten en evaluar el verdadero alcance de la medida.

Hubieran esperado apenas 24 horas. En la edición electrónica del Boletín Oficial, el diario más importante y menos leído del país, están las 322 planillas anexas del decreto de necesidad y urgencia 1764, un virtual presupuesto paralelo que entre los miles de millones de créditos aprobados asigna transferencias por más de $ 5.700 millones a sectores económicos, empresas públicas y privadas.

La terminología presupuestaria no admite la palabra "subsidio", pero como tales están comprendidos en las diferentes "transferencias". Así figura Aerolíneas Argentinas, una "empresa privada", tal como consta en el folio 485. O la importación de combustibles, contemplada en otras "transferencias" a Enarsa. O los $ 1.100 millones al "Fondo Fiduciario del Sistema de Transporte Automotor", que en los boletos de colectivo se traduce como "subsidio del Estado nacional".

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) data del 31 de octubre, pero se dio a publicidad recién hoy, 18 días después de su firma. Dos días después, los ministros Amado Boudou y Julio de Vido ofrecieron la primera conferencia de prensa en la que se refirieron a la eliminación de los subsidios. Dos semanas después fue su segundo contacto con el periodismo y en él ampliaron los recortes que, hasta el momento, suman unos $ 4.600 millones.

No obstante, el aumento de los $ 5.700 millones no pareció tan importante como para anunciarlo en el microcine del Palacio de Hacienda. Pero preocupaciones mediáticas al margen, hasta ahora el orden jurídico indica que un DNU vale más que mil conferencias de prensa. Y que no hay nada más efímero que un comunicado de ocasión.

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