El recorte a residenciales es de bajo impacto en el IPC

El recorte de subsidios en el segmento residencial es una medida de bajo impacto en los índices de precios, pero potencialmente rendidora desde una óptica fiscal, plantea el informe económico semanal del Banco Ciudad de Buenos Aires. Tras una década de tarifas virtualmente congeladas, el peso de la energía y el agua en la canasta de consumo de las familias se vio drásticamente reducido. "Hoy ambos servicios cuentan una ponderación cercana al 3% en los índices de precios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tras llegar a representar una vez y media ese valor a fines de la década de 1990. En este contexto, aún si la eliminación de los subsidios abarcara un porcentaje elevado de la población, los incrementos en las boletas residenciales (que en promedio podrían más que duplicarse) tendrían un impacto directo en los índices de precios de entre 3 y 5 puntos porcentuales", indica el informe.

A la luz de los números, la clave para acotar el impacto inflacionario de un recorte de subsidios pasaría por moderar las subas en el rubro transporte, cuyo peso en el consumo de los hogares (y, por ende, en los índices de precios) resulta hoy mucho más elevado que el de la energía, agrega el informe del equipo encabezado por el economista Luciano Laspina. Según los cálculos del Banco Ciudad, en el hipotético caso de una eliminación total de los subsidios, sólo una cuarta parte del impacto final sobre el IPC correspondería a los ajustes en electricidad, gas y agua, mientras que el resto respondería a las tarifas de transporte (especialmente en colectivos urbanos).

A pesar de su bajo impacto en los índices de precios, la energía se anota la mitad de los fondos destinados a subsidios. De los $ 63.200 millones presupuestados a tal fin en 2011 (los cuales podrían trepar hasta $ 70.000 millones), 56% corresponde a energía, 26% a transporte, 11% a empresas públicas y 7% a otros sectores. En este sentido, la estrategia de comenzar recortando los subsidios energéticos tendría un bajo costo en términos inflacionarios, pero potencialmente relevante para las arcas del Estado, insisten los economistas.

La clave, entienden estos expertos, pasaría por una revisión integral de las tarifas de servicios públicos. "Este sería un elemento fundamental para gatillar inversiones y ampliar la oferta, a la vez que permitiría atacar la raíz del drama energético: los bajos precios percibidos por las firmas proveedoras de petróleo y gas natural, fenómeno que viene contrayendo la oferta local y que derivó en la pérdida del autoabastecimiento que históricamente caracterizó a nuestro país", finalizan.