Pagar la casa les costará más a los morosos

El Estado quiere darle un corte a la situación de mora que registran los adjudicatarios de viviendas sociales. Si bien no avanzará con acciones de reclamo judicial para restituir la propiedad, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano le dará la posibilidad de acogerse a un régimen de facilidades de pago, que contempla el perdón de intereses por la mora, pero también una suba de las cuotas hasta cancelar el valor total de la vivienda. El interventor del organismo, Gustavo Durán, explicó a LA GACETA que el régimen, que entrará en vigencia el 21 de noviembre, prevé una refinanciación con cuotas cuyo valores mínimos subirán a $ 300, si la vivienda social (de tres dormitorios) está construida en el Gran San Miguel de Tucumán, y a $ 250 si se trata de una unidad del interior de la provincia. Si se trata de una casa de dos dormitorios, el valor de la cuota será de $ 210 (área metropolitana) y $ 192 (interior). El reajuste también abarcará a los deudores de viviendas otorgadas a discapacitados. Será de $ 210 (capital y municipios adyacentes) y de $ 168, si la casa está construida en el interior provincial.

El interventor insistió en que se tomará el capital residual que le falta pagar al deudor y se lo dividirá por el monto mínimo. Así saldrán las cuotas finales a abonar con la refinanciación. Para ingresar a esta moratoria, es requisito imprescindible que el moroso tenga abonada hasta antes de acogerse al régimen las cuotas que vencieron desde julio hasta octubre.

También se establecerá un sistema de bonificación especial de hasta un 25% para aquellos adjudicatarios que quieran cancelar, de contado, la deuda por su vivienda.

Durán remarcó que el ajuste en las cuotas no abarcará a aquellos adjudicatarios que vienen pagando la cuota regularmente.

Monto a recuperar

Actualmente, el 30% de los adjudicatarios de viviendas sociales registran incumplimientos (son unos 14.400 casos).

De acuerdo con los datos oficiales, el valor de la cuota promedio es de $ 113 y la mayor parte de los morosos registran atrasos de hasta 22 cuotas. La deuda global que reclama el Instituto de la Vivienda asciende a $ 36 millones.

Con ese monto, el Estado podría construir un barrio de 200 viviendas (el costo unitario promedia los $ 180.000) o brindar alrededor de 600 mejoras habitacionales.

Con unos $ 1.830 millones, Tucumán se convirtió en la segunda provincia del país con mayor inversión en infraestructura habitacional durante los últimos ocho años, sólo detrás de Buenos Aires. El organismo prevé que se entregarán unas 7.000 unidades habitacionales hasta marzo de 2012.