28 Septiembre 2011 Seguir en 
MADRID.- El rey Juan Carlos de España refrendó con su firma la controvertida reforma de la Constitución del país que limita el déficit público en la Carta Magna, aprobada a principios de este mes por el Parlamento gracias al acuerdo entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP). El acto solemne tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial del monarca, y en él estuvo el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los máximos representantes del poder Legislativo y del Judicial.
La modificación introduce en el artículo 135 de la Constitución el obligado cumplimiento de un "déficit estructural máximo". Ese déficit se fijará posteriormente en el 0,4% del PBI mediante una ley orgánica y entrará en vigor en 2020.
Se trata de la primera reforma de gran calado en la Constitución española de 1978 y se ha llevado a cabo en un tiempo récord, poco antes de que quedara oficialmente disuelto el Parlamento de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre. Zapatero la propuso a finales de agosto, un mes que fue turbulento para España en los mercados. Su objetivo es tranquilizar a éstos. La modificación de la Constitución se ha llevado a cabo sin que se celebrase el referéndum que reivindicaba la izquierda minoritaria. La consulta popular no era obligatoria por ley en este caso y los partidos contrarios a la reforma no lograron reunir el número suficiente de diputados y senadores para forzarla.
Sólo en una ocasión se había tocado la Carta Magna aprobada tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco: en 1992, por orden del Tribunal Constitucional para adaptar la ley al Tratado de Maastricht.
La izquierda minoritaria parlamentaria, igual que los sindicatos y sectores sociales como el "movimiento de los indignados", rechazaron la modificación por considerar que introduce un principio neoliberal en la Constitución. Los partidos nacionalistas también la rechazaron porque, entre otras cosas, ven limitada con ella la autonomía financiera de las comunidades autónomas. El déficit del Estado español cayó un 11,5 % hasta agosto, situándose en 30.867 millones de euros, un 2,8 % del Producto Interior Bruto. (DPA)
La modificación introduce en el artículo 135 de la Constitución el obligado cumplimiento de un "déficit estructural máximo". Ese déficit se fijará posteriormente en el 0,4% del PBI mediante una ley orgánica y entrará en vigor en 2020.
Se trata de la primera reforma de gran calado en la Constitución española de 1978 y se ha llevado a cabo en un tiempo récord, poco antes de que quedara oficialmente disuelto el Parlamento de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre. Zapatero la propuso a finales de agosto, un mes que fue turbulento para España en los mercados. Su objetivo es tranquilizar a éstos. La modificación de la Constitución se ha llevado a cabo sin que se celebrase el referéndum que reivindicaba la izquierda minoritaria. La consulta popular no era obligatoria por ley en este caso y los partidos contrarios a la reforma no lograron reunir el número suficiente de diputados y senadores para forzarla.
Sólo en una ocasión se había tocado la Carta Magna aprobada tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco: en 1992, por orden del Tribunal Constitucional para adaptar la ley al Tratado de Maastricht.
La izquierda minoritaria parlamentaria, igual que los sindicatos y sectores sociales como el "movimiento de los indignados", rechazaron la modificación por considerar que introduce un principio neoliberal en la Constitución. Los partidos nacionalistas también la rechazaron porque, entre otras cosas, ven limitada con ella la autonomía financiera de las comunidades autónomas. El déficit del Estado español cayó un 11,5 % hasta agosto, situándose en 30.867 millones de euros, un 2,8 % del Producto Interior Bruto. (DPA)
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