El artículo 12 de la Carta Magna sigue siendo eludido

Evitar los procesos licitatorios para las obras públicas no es un accionar novedoso del actual Gobierno provincial. Sólo a modo de ejemplo, dos de las obras más relevantes de José Alperovich se realizan sin haber pasado por el mecanismo que prevé la Constitución Provincial.

Las obras del nuevo edificio en el que funcionará la Legislatura también se adjudicó de esa manera. En 2007, la Cámara autorizó al vicegobernador, Juan Manzur, para contratar de manera directa la construcción y el amoblamiento. El pliego de la obra y la autorización del Tribunal de Cuentas (TC) eran por $ 92 millones. Sin embargo, se estima que finalmente la sede legislativa, diseñada por el estudio porteño Peralta Ramos y Asociados, costará más de $ 100 millones. Según se prevé, la empresa constructora Tensolite concluirá con los trabajos a fines de este mes.

El otro ejemplo es el del Hospital del Este. En 2010, la Legislatura aprobó el DNU para la contratación directa de las firmas que edifican el centro sanitario. El presupuesto de esta obra es aportado por el Gobierno nacional y es de $ 20 millones. En Tucumán, la exigencia de realizar licitaciones es una obligación de naturaleza constitucional. "Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación, deberá hacerse precisamente en esta forma, salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales reclamadas por el bien público", establece el artículo 12.