06 Julio 2003 Seguir en 
LA GACETA dialogó con el profesor y experto en tributación Eduardo Chit.
¿Qué opina del proyecto de reforma impositiva del gobierno de Néstor Kirchner?
- El Ejecutivo envió al Congreso proyectos para modificar las leyes de Procedimientos Tributarios y Penal Tributaria, del IVA, del Impuesto a las Ganancias, y del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo). También impulsa la creación de tribunales para juzgar delitos tributarios en Buenos Aires. Pero el anunciado propósito de combatir la evasión, está dirigido sólo a los efectos y a dotar al organismo fiscalizador de mayor poder en esa lucha. Nuevamente se cae en el error de no medir el verdadero impacto de la evasión y sus consecuencias.
- ¿Por qué dice eso?
- No existen estudios serios que cuantifiquen el volumen de la evasión. En Perú, en 1987, Hernando de Soto escribió un libro "El otro sendero", en el que se calculó en un estudio econométrico el nivel de la economía subterránea. No hay en la Argentina estudios similares. Entonces, la evasión varía según el funcionario que la cuantifica. Sería conveniente que organismos públicos o privados efectúen una medición seria al respecto para poder disponer de los recursos necesarios para combatir adecuadamente la evasión.
- Ud. también habla de las consecuencias del fenómeno...
- Sí, porque la evasión responde a una multiplicidad de causas, como la falta de equidad del sistema impositivo; la exagerada presión; la compleja superposición de leyes, decretos y normas reglamentarias, y la falta de estabilidad del sistema normativo. Parafraseando a algunos autores, existe una hiperinflación legisferante. Sería deseable, entonces, una convertibilidad del sistema, es decir, garantizar que por un determinado número de años las normas no sufran modificaciones. De todos modos, salvo en el caso del Monotributo, las iniciativas no buscan aumentar los impuestos ni las alícuotas. Esto marca una diferencia con modificaciones anteriores.
- ¿Qué ocurre en Tucumán?
- Tiene sus peculiaridades. En agosto de 1992, mediante el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, las provincias se comprometieron a reducir gradualmente hasta eliminar los impuestos distorsivos, como Sellos e Ingresos Brutos. En la provincia, si bien no se los derogó, se les otorgó el beneficio de la llamada alícuota cero a determinados grupos de contribuyentes. Estos, bajo determinadas condiciones, no pagaban Ingresos Brutos ni Salud Pública. Estos beneficios fueron derogados por decreto en octubre de 2002. El inconveniente es que las firmas que desean radicarse en Tucumán, cuando evalúan el costo fiscal de un proyecto de inversión y la falta de seguridad jurídica de las normas, sin duda, optan por radicarse en otras provincias, donde el costo fiscal no es tan elevado y la seguridad jurídica es mayor.
- ¿Cómo se hace para eliminar esos impuestos distorsivos?
- No se puede cerrar los ojos a la realidad y pensar que, de golpe, se los puede eliminar. Tiene que haber un proceso de sustitución gradual, para que no quede desfinanciado el Tesoro, lo que agravaría la crisis. Se debe comenzar a dar más importancia a la recaudación de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario). En la medida en que se obtenga un mejor resultado en ellos, se podrá bajar gradualmente la importancia de Sellos e Ingresos Brutos que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Estos, como en el caso de Sellos, son una traba para el desenvolvimiento de las actividades económicas.
- ¿Cuán importante es un revalúo de las propiedades?
- Es importante para la recaudación, pero no se puede hacer a tontas y a locas, sino en aquellos casos en corresponda aumentar la valuación, más no la alícuota.
- ¿Cómo se puede minimizar la superposición de impuestos provinciales con tasas municipales?
- Habría que crear un régimen de coparticipación municipal, del mismo modo que la Constitución Nacional de 1994 ordenó que se sancione una Ley de Coparticipación Federal teniendo en cuenta las competencias, funciones y servicios de las provincias. En base a determinados parámetros objetivos podría efectuarse una distribución automática de los recursos. Los municipios podrían administrarse en forma autónoma e independiente, porque sabrían cuáles son los recursos con los que cuentan. Por ende, si el municipio no lograra un equilibrio fiscal proporcional a los recursos disponibles, debería soportar a su cargo la ineficiencia en el manejo de los bienes municipales.
- ¿Es adecuado lo que mensualmente recauda Tucumán?
- Se mejoró por la coparticipación federal, porque se liberaron fondos afectados a garantías y debido al fuerte incremento de la recaudación nacional en el último año. A esto hay que sumarle el aumento de la recaudación propia, entre $ 18 millones y $ 20 millones por mes. En junio puede llegar a $ 28 millones porque se recibieron pagos por adelantado del Plan de Unificación Monetaria, que elimina los Bocade. Esto implica un crecimiento significativo con relación a 2002. Pero esto debe ser acompañado por un uso más eficiente del gasto, para que estos mayores recursos sean destinados a los sectores que más lo necesitan (salud, educación y seguridad).
¿Qué opina del proyecto de reforma impositiva del gobierno de Néstor Kirchner?
- El Ejecutivo envió al Congreso proyectos para modificar las leyes de Procedimientos Tributarios y Penal Tributaria, del IVA, del Impuesto a las Ganancias, y del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo). También impulsa la creación de tribunales para juzgar delitos tributarios en Buenos Aires. Pero el anunciado propósito de combatir la evasión, está dirigido sólo a los efectos y a dotar al organismo fiscalizador de mayor poder en esa lucha. Nuevamente se cae en el error de no medir el verdadero impacto de la evasión y sus consecuencias.
- ¿Por qué dice eso?
- No existen estudios serios que cuantifiquen el volumen de la evasión. En Perú, en 1987, Hernando de Soto escribió un libro "El otro sendero", en el que se calculó en un estudio econométrico el nivel de la economía subterránea. No hay en la Argentina estudios similares. Entonces, la evasión varía según el funcionario que la cuantifica. Sería conveniente que organismos públicos o privados efectúen una medición seria al respecto para poder disponer de los recursos necesarios para combatir adecuadamente la evasión.
- Ud. también habla de las consecuencias del fenómeno...
- Sí, porque la evasión responde a una multiplicidad de causas, como la falta de equidad del sistema impositivo; la exagerada presión; la compleja superposición de leyes, decretos y normas reglamentarias, y la falta de estabilidad del sistema normativo. Parafraseando a algunos autores, existe una hiperinflación legisferante. Sería deseable, entonces, una convertibilidad del sistema, es decir, garantizar que por un determinado número de años las normas no sufran modificaciones. De todos modos, salvo en el caso del Monotributo, las iniciativas no buscan aumentar los impuestos ni las alícuotas. Esto marca una diferencia con modificaciones anteriores.
- ¿Qué ocurre en Tucumán?
- Tiene sus peculiaridades. En agosto de 1992, mediante el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, las provincias se comprometieron a reducir gradualmente hasta eliminar los impuestos distorsivos, como Sellos e Ingresos Brutos. En la provincia, si bien no se los derogó, se les otorgó el beneficio de la llamada alícuota cero a determinados grupos de contribuyentes. Estos, bajo determinadas condiciones, no pagaban Ingresos Brutos ni Salud Pública. Estos beneficios fueron derogados por decreto en octubre de 2002. El inconveniente es que las firmas que desean radicarse en Tucumán, cuando evalúan el costo fiscal de un proyecto de inversión y la falta de seguridad jurídica de las normas, sin duda, optan por radicarse en otras provincias, donde el costo fiscal no es tan elevado y la seguridad jurídica es mayor.
- ¿Cómo se hace para eliminar esos impuestos distorsivos?
- No se puede cerrar los ojos a la realidad y pensar que, de golpe, se los puede eliminar. Tiene que haber un proceso de sustitución gradual, para que no quede desfinanciado el Tesoro, lo que agravaría la crisis. Se debe comenzar a dar más importancia a la recaudación de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario). En la medida en que se obtenga un mejor resultado en ellos, se podrá bajar gradualmente la importancia de Sellos e Ingresos Brutos que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Estos, como en el caso de Sellos, son una traba para el desenvolvimiento de las actividades económicas.
- ¿Cuán importante es un revalúo de las propiedades?
- Es importante para la recaudación, pero no se puede hacer a tontas y a locas, sino en aquellos casos en corresponda aumentar la valuación, más no la alícuota.
- ¿Cómo se puede minimizar la superposición de impuestos provinciales con tasas municipales?
- Habría que crear un régimen de coparticipación municipal, del mismo modo que la Constitución Nacional de 1994 ordenó que se sancione una Ley de Coparticipación Federal teniendo en cuenta las competencias, funciones y servicios de las provincias. En base a determinados parámetros objetivos podría efectuarse una distribución automática de los recursos. Los municipios podrían administrarse en forma autónoma e independiente, porque sabrían cuáles son los recursos con los que cuentan. Por ende, si el municipio no lograra un equilibrio fiscal proporcional a los recursos disponibles, debería soportar a su cargo la ineficiencia en el manejo de los bienes municipales.
- ¿Es adecuado lo que mensualmente recauda Tucumán?
- Se mejoró por la coparticipación federal, porque se liberaron fondos afectados a garantías y debido al fuerte incremento de la recaudación nacional en el último año. A esto hay que sumarle el aumento de la recaudación propia, entre $ 18 millones y $ 20 millones por mes. En junio puede llegar a $ 28 millones porque se recibieron pagos por adelantado del Plan de Unificación Monetaria, que elimina los Bocade. Esto implica un crecimiento significativo con relación a 2002. Pero esto debe ser acompañado por un uso más eficiente del gasto, para que estos mayores recursos sean destinados a los sectores que más lo necesitan (salud, educación y seguridad).
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