Mandan a juicio al ex recaudador de la campaña de Cristina

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por supuesta "asociación ilícita" de los recaudadores de la campaña presidencial Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, trabándoles embargos por $ 1 millón y por $ 350.00, respectivamente. Así lo revelaron fuentes judiciales, que precisaron que el fallo vino a confirmar uno anterior del juez federal Norberto Oyarbide, en la causa denominada "mafia de los medicamentos". Además, la Cámara le ordenó al magistrado que eleve a juicio oral a quienes "cuentan con procesamiento confirmado por la alzada", o sea a Capaccioli.

La resolución, en cambio, declaró nulos los procesamientos por supuesto "lavado de dinero" de Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud (SSS); Gramajo, ex legislador porteño por el Frente por la Victoria; Hernán Diez, ex titular de Lotería Nacional; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico. Oyarbide los había procesado en febrero en la causa en que están detenidos el gremialista bancario Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, más la secretaria de ésta, Susana Fiona, del Policlínico Bancario.

A Capaccioli, en el fallo del juez, se le adjudican los delitos de "asociación ilícita (en carácter de miembro), defraudación a la administración, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento y lavado de activos". En la causa figuran 15 conversaciones telefónicas entre Néstor Lorenzo -uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita- y ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña "K", que lo comprometerían seriamente. Gramajo fue el responsable financiero de la campaña kirchnerista, mientras que Diez intervino en la recaudación del dinero.

En su indagatoria al momento de ser detenido -ya está excarcelado-, Brito dijo que entregó a pedido de Lorenzo, dueño del laboratorio San Javier, cheques por $ 310.000 que fueron a parar, sin su aval, a la lista de aportantes a la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria.

En su descargo, reveló cómo se realizaban maniobras económicas para cobrar reintegros del Estado y dio nombres de ex funcionarios y empresarios vinculados con la causa. Brito aseguró que Capaccioli y Lorenzo "hacían negociados" para desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, y detalló que una de esas estafas era falsificar recetas o historias clínicas a las que se adjuntaban troqueles "truchos", para cobrarle al Estado remedios por tratamientos inexistentes. (DyN)