Los fueros no frenarán la investigación

La búsqueda de pruebas en la causa por compra de voluntades alteró el fin de semana de los políticos.

Por Redacción Política 24 Marzo 2002
La decisión del juez penal Víctor Manuel Pérez de iniciar una investigación sumaria contra los 27 legisladores que respaldaron la reforma constitucional, fue conocida con anticipación por algunos referentes del peronismo.
Al mediodía del jueves, la conducción de la Legislatura ya sabía (en grandes trazos) el pronunciamiento judicial. Este habría sido el motivo central de la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria que estaba prevista. El viernes sólo se esperó la confirmación, y comenzaron los contactos informales entre los acusados, que culminarán mañana, cuando definan la estrategia judicial a emplear.
Hasta el momento, la mayoría se inclinaría por llevar al recinto el pedido de Pérez de que se le remitan las declaraciones juradas de todos los reformistas para un pronunciamiento formal sobre los alcances de los fueros parlamentarios reconocidos en la Constitución provincial cuya reforma impulsan. Además, algunos gestionarían que se rechace el pedido de informes a las entidades crediticias, por el secreto bancario existente.
LA GACETA consultó a los convencionales constituyentes de 1990, el radical Carlos Muiño y el entonces justicialista Luis Iriarte, sobre el alcance de los fueros. Ambos coincidieron en que el amparo que la Carta Magna concede a los legisladores no alcanza a sus patrimonios, sino que sólo se refiere a su libertad ambulatoria, como forma de proteger el ejercicio y el desempeño de sus funciones parlamentarias.
Muiño destacó que la Constitución de 1990 no ha innovado la de 1907, y se limita a decir que un legislador no puede ser arrestado. "No puede haber un desafuero general a toda la Cámara, sino en casos concretos y a uno o varios legisladores. El juez debe cumplir con varios requisitos, como la investigación sumaria previa y el pedido a la Cámara, que tiene un plazo de 15 días corridos para pronunciarse. El silencio significa que se concede el desafuero. Nada establece que un legislador acusado deba excluirse del debate, pero hay razones de carácter ético que así lo indican", afirmó el radical.
Según Iriarte, "tener un fuero simplemente significa que el legislador no puede ser arrestado si no media una investigación sumaria previa, de la cual resulte presuntamente que es responsable o sospechado de un delito".
"La Constitución protege a los legisladores de ser detenidos, pero ese privilegio no los habilita para negarse, ni individualmente ni como Cámara, a entregar los informes que requiera el juez. Si así lo hicieran, incurrirían en desobediencia judicial, lo que podría culminar en un conflicto de poderes. En caso de desacato, el juez debe cursar una comunicación a la Corte Suprema", afirmó el ex legislador.
Iriarte aseguró que Pérez goza de amplias libertades para investigar a los legisladores, "siempre y cuando no lesione sus derechos ambulatorios y de presencia en la Cámara". "Puede requerir información sobre sus bienes y sus ingresos, y los de sus entornos familiares", destacó.

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