Acuerdo con el PE por el barrio Judicial

Los presuntos praeadjudicatarios de viviendas del barrio Judicial II levantaron la carpa que habían instalado hace un mes en la plaza Independencia, luego de firmar con el Gobierno un acuerdo para comenzar a solucionar lo que, denuncian, es una estafa que sufren alrededor de 1.300 familias.

Una comisión de los manifestantes se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, con quien acordaron levantar el gazebo. A cambio, según comentaron a LA GACETA, el Poder Ejecutivo se comprometió a no entregar casas a nadie hasta que la Justicia resuelva las denuncias por el delito de estafa en las que está mencionada la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ). "Hemos presentado 70 amparos y hay dos, por 10 acciones individuales cada uno, a los que la Justicia ya ha hecho lugar", comentó Eduardo Sánchez Dumas, vecino autoconvocado del barrio Judicial. Precisó que el Instituto de la Vivienda entregará los listados de inscriptos de la AGEJ a la Fiscalía 5ª, que investiga el caso.

"Queda demostrado, tras 13 meses de lucha, que teníamos razón. Los responsables deberán responder por el daño que les están haciendo a los vecinos y al Estado", dijo Sánchez Dumas. El abogado de los vecinos, Daniel Villagra, sostuvo que la presunta estafa involucra a 1.300 personas que pretendían ir a vivir en alguna de las 225 casas, y que el supuesto delito es por $ 4,5 millones. Anoche, la primera de las cuatro carpas instaladas en la plaza fue levantada.