Urge comunicar qué se va a hacer, y cómo se lo va a hacer

Cada revuelta policial hace que desde el discurso político se anuncien "cambios profundos" en la institución; sin embargo la historia demuestra que estos siempre se reducen a desplazar las cúpulas y reemplazar a los jefes de zonas, comisarías y otras unidades mediante retoques cosméticos que aseguran la continuidad de un modelo de organización marcadamente deficiente.

Para el gobierno la crisis está superada: no se hablará más de la Policía hasta después de las elecciones. Por su parte, la Policía deberá asegurar que el clima político y social no se desborde, controlando las protestas de autoconvocados y organizaciones combativas. El gobierno se manifiesta preocupado por la seguridad, pero no explica qué hará para llevar tranquilidad a los tucumanos. El principio democrático de control de los actos de gobierno exige un grado mayor de análisis: comunicar qué se va a hacer y cómo. Gestionar seguridad pública implica mucho más que administrar instituciones estatales. Desde hace años el gobierno mira para otro lado en cuestión de "servicios adicionales", que someten a los policías de bajo rango a situaciones de explotación y que impacta seriamente en la calidad del servicio público (sobre todo cuando se prestan en horas de trabajo). Imbricado con este problema está el horario conocido como "24 x 48", anticuado, ineficiente y violatorio de normas laborales internacionales. La inestabilidad del personal policial proviene también de normas disciplinarias que se orientan al mantenimiento del orden vertical interno, pero que no establecen reglas de conducta para una actuación respetuosa de los derechos ciudadanos.

Una verdadera política de conducción institucional debe poner fin al aberrante concepto legal de "estado policial", que obliga a intervenir ante un delito aunque el funcionario no esté prestando servicio, sin apoyo o en condiciones de desventaja, por ser irracional. Derogar la ley orgánica -de tiempos de la dictadura- para introducir principios que se han consolidado en el mundo: organización flexible, horizontal y descentralizada, orientada al servicio de la comunidad. Terminar con el principio de que en la Policía "todos hacen de todo" y exigir y promover capacitación real y carrera profesional en unidades especializadas por funciones; revisar la ley de retiros para poder retener al personal valioso con experiencia; mejorar las condiciones de trabajo aceptando comisiones de delegados para discutir paritarias, pero incrementando el control de la disciplina y la corrupción a través de asuntos internos; desarrollar investigación criminal constante basada en análisis de datos; medir la calidad del servicio con parámetros de satisfacción ciudadana, etcétera. Estos son apenas criterios básicos que pueden orientar decisiones políticas para que la Policía de Tucumán se convierta en una institución civil estatal de seguridad, moderna y eficiente.