El Estado hace malabarismos para cobrar los impuestos

Agobiados por la crisis y por el ineficaz uso que se da a los recursos publicos, muchos contribuyentes se muestran renuentes a cumplir con las obligaciones impositivas y previsionales. Expertos discuten salidas.

A la espera de un importante revalúo catastral.
A la espera de un importante revalúo catastral.
24 Marzo 2002
Los organismos fiscales, tanto los nacionales como los provinciales, atraviesan horas dramáticos. La recaudación cae en picada mes a mes, no hay señales de reactivación y, para colmo, muchos ya hablan de una rebelión fiscal por parte de contribuyentes que no están dispuestos a seguir pagando si antes no se reduce el gasto público. Ante esta complicada coyuntura son diferentes las respuestas ensayadas desde la Nación y desde la Provincia para afrontar un panorama, en el que se mezclan una recesión y un descrédito hacia el sistema político, institucional y financiero sin precedentes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -en la delegación Tucumán sufrió una caída del 28% y del 30% en enero y febrero pasados respecto de iguales meses del año pasado, según fuentes de la entidad- apuesta todo a la moratoria lanzada. El plazo para adherirse a ella, tanto en el plano impositivo como en el previsional, se postergó hasta el 8 de abril.
El titular nacional del organismo, Alberto Adad, es sumamente optimista. Unas 120.000 personas, por unos 2.500 millones de pesos, ya se inscribieron en todo el país. De esa forma, en este mes se atenuaría el promedio de la caída de la recaudación, que en el primer bimestre fue del 20%. En Tucumán, en la Dirección General de Rentas estudian nuevos premios e incentivos para los que cumplan. Además, confían en que el revalúo catastral estará listo a mediados de años para poder aplicarlo desde el próximo año, y que en abril se enviará a la Legislatura el proyecto de reforma integral al Código Tributario de la provincia. Aunque descartan que este mes la recaudación no será inferior a los 12 millones de pesos, apuestan a cambios de fondo.

Los políticos deben dar un poderoso ejemplo de ajustePor Luis Alberto Comba (profesor de Derecho Fiscal-Universidad Católica de Santiago del Estero)
Resulta imposible esperar una mejora de la recaudación mientras el país siga en crisis. Además, las administraciones fiscales son parte de una estructura de gobierno que sufre el máximo descreimiento ciudadano. Es muy difícil pretender recaudar cuando no existe confianza. Por ello, urge restablecer el contrato social, hoy destruido, para iniciar un proceso de reconstrucción que, por sí solo, mejorará los niveles de recaudación. Para esto es fundamental que la clase política dé un poderoso ejemplo de ajuste, que aún no hizo pese a las promesas (y no hace falta reformar la Constitución para lograr esto). No se puede exigir sólo a la actividad privada. Mientras esto no se haga, cualquier acción estará condenada al fracaso.
La administración fiscal debe actuar de manera inteligente y especialmente pragmática. Debe reconocer que planes de pagos y moratorias no resultan viables en épocas de crisis.
En la Nación vencerá una moratoria que implicará comenzar a pagar el impuesto normal más las cuotas de los planes (generalmente son tres). Esto es imposible y verdaderamente absurdo.
En la provincia existe la permanente exigencia de estar al día con lo atrasado para no perder los beneficios (bloqueo fiscal y alícuota cero). La gente no puede hacerlo.
Es utópico e ingenuo que el Estado piense que recuperará recaudación atrasada. Hoy el contribuyente tiene serios problemas para pagar lo del día, por lo que muchos menos puede pretenderse que se sume lo atrasado.

Dosis de pragmatismo
Hoy resulta conveniente:

  • Hacer un corte en una fecha reciente (31 de diciembre o 28 de febrero) y esperar para el pago de lo adeudado. No se trata de un perdón, sino de un período de gracia de por lo menos un año y sujeto a que se cumpla regularmente con los tributos que vayan venciendo. Hay que consolidar la deuda y dar la posibilidad de que se pague cuando la reactivación comience.
  • También es absurdo iniciar reclamos judiciales que sólo incrementan los costos de la deuda, no permiten recuperar nada y pueden apurar la desaparición de la actividad de la empresa.
  • Es imprescindible que se flexibilicen los medios de pago. En esto, la Provincia, por años de experiencia con los bonos, fue más pragmática. Por ejemplo, debieran aceptarse los títulos públicos provinciales, los cheques de tercero, etcétera.

    Deberes pendientes
    En tanto, la Provincia:

  • No debe olvidar su estructura fiscal, compuesta de impuestos absolutamente anacrónicos (como Sellos) y completamente distorsivos (como Ingresos Brutos). Hay mucha gente que vende, incluso a pérdida, y se ve obligada a pagar el 2,5% del monto de la venta a la Provincia, además del 1,1% al municipio. El Estado pretende ser un socio con rentabilidad asegurada sin soportar las pérdidas. Por ello debe ser prudente con las medidas judiciales.
  • Habría que centrar los esfuerzos en los impuestos patrimoniales, que pueden ser más representativos de la capacidad contributiva. Pero la Provincia tiene serias falencias, no sólo en la recaudación. En el caso del Impuesto Inmobiliario no hay una adecuada valuación, lo que tiende a bajar la base imponible y a favorecer a los que más tienen. No se trata de actualizar el valor de los inmuebles de manera general, sino de revaluar, algo que está en trámite desde hace varios años.

    Es hora de ser razonables
    "La recaudación se precipita mes a mes. La explicación más simplista es que esto es consecuencia de la caída de la actividad económica, lo cual es cierto (la producción industrial de febrero bajó el 15,2%). Pero ello sólo explica el pasado y no es todo. Existe otro componente más peligroso: la propensión psicológica y preventiva al incumplimiento de quienes, pudiendo, evitan o difieren sus pagos por diversos motivos (abonar salarios, refugiarse en activos no depreciables , etcétera). Más preocupante es la omisión de tributar ante la incredulidad de las políticas, la inexistencia de una relación entre tributo y gasto público o las amenazas de incrementar impuestos. Esto es lo que se denomina rebelión.
    Los principios constitucionales del poder tributario son: la legalidad, la igualdad ante el impuesto y las cargas Públicas y el respeto a la Propiedad Privada o principio de no confiscación. Pero, por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el ?supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión?, del cual puede desprenderse el estudio de la rebelión fiscal. Pero siempre hay que partir de que sin impuestos no hay Estado; por ello, debe, aunque no por cualquier medio, preservarse la recaudación.
    Existieron muchas rebeliones fiscales: la revolución que provocó la ?Carta de Juan sin Tierra? contra los cánones impuestos en favor de la nobleza; el "lock out" de comerciantes del interior del país en 1994 ante el cierre de negocios por parte de la DGI, y el bloqueo de rutas en contra del Fondo de Incentivo Docente.
    Si no se atacan las raíces del fenómeno aplicando los principios constitucionales, lejos de solucionar la caída, con mayor presión, sólo se acentuará el problema, el éxodo de los que todavía pueden y el cierre de los que ya no pueden".(Por Victor Bono, experto en tributación)

    La presión sigue creciendo
    "En los últimos tiempos se incrementó la presión tributaria. La prueba es: A) La supresión en un 58% del pago a cuenta de otros impuestos en el de Cheques, lo que implica un 140% de incremento real. B) La suba de los aportes patronales sobre las obras sociales del 5 al 6% y de las contribuciones patronales, del 16% al 17%. Los costos aumentaron el 9,52%. C) La eliminación de los convenios de competitividad.
    El aumento de la presión, cuando el país atraviesa la crisis más prolongada de su historia, profundizará la recesión e impedirá que aumente la recaudación.
    Si se quiere subir la recaudación, urge implementar medidas de reactivación que fomenten el consumo, así como una política tributaria diferencial, que proteja a las PyME. Sólo así aumentará el consumo y se generará empleo.
    En cuanto a la moratoria de la AFIP, hoy es difícil pensar que el contribuyente pueda cumplir. Si no pudo hacerlo en término, menos podrá ahora cuando tiene que abonar la cuota impositiva, la previsional, la minimmoratoria impositiva y la minimoratoria previsional, más las obligaciones del mes.
    Una medida inteligente y acorde con la realidad sería dar un plazo de gracia de 24 meses para el pago de la moratoria. Esto debería estar condicionado al cumplimieno puntual de las obligaciones del mes. De esta forma no se ahogaría al contribuyente, al tiempo que habría un fuerte incentivo para cumplir, a fin de que no se haga exigible la deuda anterior.
    También debería ser posible cancelar las obligaciones impositivas y previsionales con BOCADE, como lo hacen los bonaerenses con los patacones, para evitar el irritante desagio en el cambio de los bonos por efectivo".(Por Ricardo Nassif, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas)

    La caída está justificada
    "En estos tiempos de rebelión popular hacia el sistema político -y, en particular, al modo de financiar esta actividad- se menciona la posibilidad de que la gente, voluntaria y colectivamente, se niegue a pagar impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales. También se pretende que una de las razones de la caída de la recaudación se debería a esta conducta belicosa. Pero este argumento es, cuanto menos, superficial e ingenuo.
    Las rebeliones impositivas se dan cuando la economía funciona normalmente y la sociedad considera que la relación presión fiscal-servicios proporcionados por el gobierno está lejos de ser la aceptada. Por consiguiente, amenaza o concreta la ruptura de este aspecto del contrato social.
    La Argentina padece una recesión que, desde 1998, viene agravándose, sin que haya síntomas de que esta tendencia se vaya a revertir en lo inmediato; un nivel de gasto público que no se piensa reducir o hacerlo más eficiente; y un sistema financiero destruido, como la seguridad jurídica, que debería ser el cimiento de toda la vida social. De modo que la caída de la recaudación está plenamente justificada por esta situación de la economía más que por imaginar rebeliones de contribuyentes.
    Las autoridades argumentan que la gente quiere pero no pueden pagar sus contribuciones cuando el personal recaudador efectúa medidas de fuerza. Esta afirmación niega la posibilidad de que existan rebeliones. No obstante, este no es un comportamiento que deba descartarse, sobre todo por parte de los políticos que aún piensan que pueden mantener el status quo a través de la creación o de la suba de los impuestos".(Por Santiago Miraglia, profesor de la UNT)

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