El Estado tucumano debe encarar una reforma gigantesca

El Gobierno debería ocuparse de controlar el gasto público y no en buscar obsesivamente la modificación injustificada de la Constitución de la provincia.

24 Marzo 2002
Por Hugo Ferullo

La continua suba de la cotización del dólar muestra de manera inequívoca que la crisis de confianza que sufre la nuestra economía está lejos de revertirse. Esto significa que las chances de retomar la senda de crecimiento de la economía argentina, abandonada desde hace ya más de cuatro años, siguen siendo prácticamente nulas.
A este desolador contexto interno, con la gente destinando cada peso que ahorra a la compra de dólares, se suma un contexto externo igualmente grave, marcado por la cerrazón extrema del FMI, encerrado en una negativa de ayuda hacia nuestro país que no cuenta con antecedentes en las crisis sufridas por diferentes países en las últimas dos décadas.

Premura
Ante esta situación, que se acerca al límite de lo que económicamente un país puede soportar sin poner en peligro la integridad misma de la Nación, las autoridades de nuestra provincia están respondiendo con la búsqueda obsesiva de una reforma constitucional, cuya premura no encuentra justificación en ningún dato de nuestra gravísima situación actual, a lo que se suma una inercia en las decisiones de finanzas públicas locales que parecen ver sólo en el incremento de los bonos de cancelación de deudas el instrumento a mano para hacer frente a los compromisos financieros del Estado.
La situación es grave y no resulta sencillo imaginarse soluciones creativas que mejoren las cuentas del Estado provincial. Pero está absolutamente claro que insistir en la emisión de bonos provinciales, cotizados ya bastante por debajo de su valor nominal, no puede presentarse como parte de estas soluciones. Por el contrario, esta "salida" sólo conseguirá agravar el problema en el futuro inmediato, al devaluar cada vez más el poder adquisitivo de los tucumanos que cuenten con estos bonos para realizar sus transacciones.
Tampoco emprender una reforma constitucional parece ser la tarea más apremiante que debe enfrentar el Gobierno, que debería preocuparse mucho más por controlar el gasto público en aras de provocar una reforma gigantesca, a la altura de la gigantesca crisis que nos agobia a todos. Comprometerse en serio con este tipo de reforma significa, entre otras cosas, enfrentar de manera decidida y terminante la permanencia prácticas "políticas" como las recientemente denunciadas por monseñor Rossi.
Significa también encarar esta crisis con un gobierno de emergencia, con poquísimos ministros y secretarios, sin subsecretarios, sin asesores de ningún tipo, sin gastos de propaganda, sin viáticos y sin, en definitiva, ningún gasto que no resulte absolutamente imprescindible para mantener las funciones básicas del gobierno provincial.

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