25 Marzo 2011
Discrepancia.- Marcelo Caponio, secretario de Gobierno, ha manifestado que todo control de constitucionalidad debe hacerse a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad, y que dicha ponderación debe tener presente, ante todo, la subsistencia de las instituciones. Respecto del fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en la causa "MP3", el funcionario alperovichista ha expresado que la Ley 7.469, que autorizó la reforma constitucional, sí consideró la posibilidad de modificar la Junta Electoral de la Provincial (JEP) al contemplar la enmienda al régimen electoral. "Es decir, si bien no habilitó expresamente al legislador para tal cometido, tampoco vedó explícitamente tal posibilidad", ha argumentado Caponio. Según su opinión, el fallo suscrito por los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello no interpretó de manera razonable la Constitución de la Provincia. "Novillo jamás podría haber concluido que la JEP, como órgano de contralor en materia electoral, es ajeno al régimen electoral", ha precisado el secretario.
"Reforma antidemocrática".- El Partido Obrero ha afirmado que el fallo de la Sala II confirma las denuncias y cuestionamientos que efectuó en la Convención Constituyente de 2006. "La sentencia -que declaró nulos e inconstitucionales los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Constitución de Tucumán- sólo enmienda algunos aspectos de la reforma antidemocrática: siguen en pie el sistema fraudulento de los acoples, el uso de los dineros públicos en la campaña electoral, el control de los medios de comunicación y el empleo de la ayuda social para regimentar al electorado", ha denunciado en un parte de prensa enviado este miércoles. El PO ha manifestado asimismo que la última reforma constitucional obedeció a los intereses del gobernador José Alperovich y su entorno: "... buscaron asegurarse la reelección y la más completa impunidad (...), propósitos que motivaron que el PO se retirara definitivamente de la Convención".
"Reforma antidemocrática".- El Partido Obrero ha afirmado que el fallo de la Sala II confirma las denuncias y cuestionamientos que efectuó en la Convención Constituyente de 2006. "La sentencia -que declaró nulos e inconstitucionales los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Constitución de Tucumán- sólo enmienda algunos aspectos de la reforma antidemocrática: siguen en pie el sistema fraudulento de los acoples, el uso de los dineros públicos en la campaña electoral, el control de los medios de comunicación y el empleo de la ayuda social para regimentar al electorado", ha denunciado en un parte de prensa enviado este miércoles. El PO ha manifestado asimismo que la última reforma constitucional obedeció a los intereses del gobernador José Alperovich y su entorno: "... buscaron asegurarse la reelección y la más completa impunidad (...), propósitos que motivaron que el PO se retirara definitivamente de la Convención".
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