Llevan a la Justicia el presunto desfalco en la Caja

A la par de la investigación administrativa interna, el Gobierno provincial quiere que la Justicia deslinde las responsabilidades penales por el presunto faltante de dinero en la sucursal famaillense de la Caja Popular de Ahorros.

Ayer, con el patrocinio de sus representantes legales, el organismo crediticio estatal presentó formalmente una denuncia en el Centro Judicial de Monteros, con la finalidad de que se investigue y se determine a los responsables por el supuesto faltante de una suma que oscila entre los $ 400.000 y los $ 500.000. El escrito fue interpuesto en los tribunales de esa ciudad, ya que como el presunto ilícito aconteció en el municipio de Famaillá, por jurisdicción corresponde que actúe la fiscalía penal de turno de ese centro judicial.

Precisamente, ayer al mediodía el fiscal de la II Nominación de Monteros, Jorge Carrasco, recibió la denuncia de manos del interventor de la Caja Popular, Francisco Sassi Colombres.

El funcionario se trasladó hasta la ciudad del sur para interiorizar al fiscal sobre los detalles del sumario administrativo iniciado contra el gerente de la sucursal de Famaillá y un cajero de esa misma dependencia oficial.

Según trascendió de fuentes judiciales, el fiscal Carrasco tiene previsto estudiar el escrito durante el fin de semana y, a partir del lunes, solicitar algunas medidas puntuales en el marco de la investigación, como la colaboración de peritos contables para evaluar el presunto desfalco.

Durante la mañana de ayer, de lo único que se habló en los pasillos de la Caja Popular de Ahorros fue del escándalo por el supuesto faltante de dinero en la sucursal famaillense. De hecho, el propio interventor de esa entidad había adelantado a LA GACETA que investigarían lo sucedido con rigurosidad. Paralelamente, Sassi Colombres también puso en conocimiento de esta situación a los miembros del Tribunal de Cuentas, ante un posible daño patrimonial contra la institución crediticia.

El supuesto desfalco fue descubierto tras una auditoría practicada en las oficinas de Famaillá. Según Sassi Colombres, este tipo de requisas son realizadas por las autoridades periódicamente en las 26 sucursales que posee la entidad (cuatro están fuera de la provincia: en Rosario -Santa Fe-, en Salta, en Córdoba y en Capital Federal).

Desde el momento en que se detectó la irregularidad, la intervención de la Caja separó del cargo a un cajero y al gerente de la sucursal investigada. Esta situación se mantendrá hasta tanto se dilucide la responsabilidad de ambos en el hecho que se investiga.

Sassi Colombres aclaró también a este diario que no se puede hablar aún de un daño patrimonial, como así tampoco determinar fehacientemente si con las maniobras se llegaron a afectar cuentas de terceros. Si este fuera el caso, la entidad deberá responder por el faltante, según lo marca la legislación vigente. "Es prematuro hablar de ello, pero se pone más atención en cuentas donde pueden haber hechos irregulares", había expresado ante LA GACETA.

Un caso similar

El último antecedente similar ocurrido durante la actual gestión tuvo lugar en 2007, cuando el interventor de la Dirección de Vialidad Provincial, Raúl Basilio, presentó una denuncia judicial para que se investigue un presunto faltante de dinero de $ 3 millones.

El planteo recayó en manos del fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale. La denuncia judicial de Basilio se basó en una auditoría realizada en la repartición, tras la cual se determinó la existencia de una maniobra tendiente al desvío de recursos públicos. Según las declaraciones que hizo en su momento el funcionario, algunos de esos fondos habrían sido librados en favor de la Mutual y del Sindicato del Personal de Vialidad, en sobregiros emitidos como anticipo de cuotas sociales, aportes y pago de compras realizadas en comercios. Sin embargo, la investigación no arrojó aún mayores resultados.