23 Febrero 2011
AL BANQUILLO. Menéndez llegó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal en una combi, custodiado por efectivos de Gendarmería Nacional. LA GACETA / FOTOS DE FRANCO VERA
Pedidos de recusación y de nulidad rechazados. Con la lectura de la elevación a juicio de la causa denominada "Romero Niklison", se abrió ayer el debate en el que se intentará establecer la responsabilidad del ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y del comisario (r) Roberto Heriberto Albornoz en el homicidio de cinco militantes montoneros en el barrio Echeverría.
Según consta en el expediente, el 20 de mayo de 1976, un grupo integrado por militares y policías allanó, luego de lanzar explosivos y disparar con armas largas, una vivienda de Azcuénaga 1.816. Minutos después, yacían sin vida en su interior María Alejandra Niklison, Adolfo Francisco Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. A pocos metros, cerca de una iglesia, fue ultimado Fernando Saavedra Lamas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que encabeza las audiencias, está compuesto por los magistrados tucumanos Gabriel Casas (preside los debates), y por Carlos Jiménez Montilla.A estos se suma Luis López, subrogante proveniente de Santiago del Estero. Este magistrado había sido recusado por el fiscal Leopoldo Peralta Palma, quien asumió el papel en representación del Ministerio Público que en los dos primeros juicios estuvo en manos de Alfredo Terraf (se jubiló). Sin embargo, Casas no hizo lugar a la recusación contra López, por supuesta colaboración con la represión ilegal en su provincia, Santiago del Estero, y resolvió iniciar el juicio con la misma composición.
Seguidamente, el TOF rechazó el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio, presentado por los defensores Ciro Lo Pinto (representa a Albornoz) y Adolfo Bertini (Menéndez). Ambos cuestionaron que no haya sido imputado en la causa Antonio Domingo Bussi, quien al momento de los hechos investigados era gobernador de facto. Según el defensor oficial Lo Pinto, en todo caso Bussi debería ser investigado como presunto autor mediato en el juicio que proseguirá hoy, desde las 9.30, con la declaración de los primeros testigos.
Con este, ya son tres los juicios orales iniciados en Tucumán por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar.
Según consta en el expediente, el 20 de mayo de 1976, un grupo integrado por militares y policías allanó, luego de lanzar explosivos y disparar con armas largas, una vivienda de Azcuénaga 1.816. Minutos después, yacían sin vida en su interior María Alejandra Niklison, Adolfo Francisco Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. A pocos metros, cerca de una iglesia, fue ultimado Fernando Saavedra Lamas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que encabeza las audiencias, está compuesto por los magistrados tucumanos Gabriel Casas (preside los debates), y por Carlos Jiménez Montilla.A estos se suma Luis López, subrogante proveniente de Santiago del Estero. Este magistrado había sido recusado por el fiscal Leopoldo Peralta Palma, quien asumió el papel en representación del Ministerio Público que en los dos primeros juicios estuvo en manos de Alfredo Terraf (se jubiló). Sin embargo, Casas no hizo lugar a la recusación contra López, por supuesta colaboración con la represión ilegal en su provincia, Santiago del Estero, y resolvió iniciar el juicio con la misma composición.
Seguidamente, el TOF rechazó el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio, presentado por los defensores Ciro Lo Pinto (representa a Albornoz) y Adolfo Bertini (Menéndez). Ambos cuestionaron que no haya sido imputado en la causa Antonio Domingo Bussi, quien al momento de los hechos investigados era gobernador de facto. Según el defensor oficial Lo Pinto, en todo caso Bussi debería ser investigado como presunto autor mediato en el juicio que proseguirá hoy, desde las 9.30, con la declaración de los primeros testigos.
Con este, ya son tres los juicios orales iniciados en Tucumán por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar.
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