"El derecho a una defensa sustancial"

El objetivo de fondo de la flamante defensora Oficial Penal de la II Nominación de Concepción, María Carolina Ballesteros, es el fortalecimiento institucional de esa función.

"Es clave para la defensa de los derechos humanos fundamentales. Hay que tratar de abandonar un fenómeno que atraviesa América Latina y ubican históricamente a las Defensorías Públicas Oficiales como un servicio caritativo y benéfico prestado por el Estado. En cambio, responden a un derecho que tienen todos los ciudadanos de contar con una defensa útil, eficiente, efectiva y sustancial, para que se cumplan con todas las garantías del proceso judicial", remarcó.

La funcionaria judicial reclamó el pleno cumplimiento y respeto de los principios constitucionales en la política de seguridad y en las acciones de persecución al delito. "El Estado viene a unir a toda la sociedad como un elemento de paz, y el derecho penal debe volver a ser un instrumento para alcanzar este concepto. Si cada acto estatal se realiza con violencia institucional, el propio Estado abdica de su naturaleza. Todo debe pasar por el pleno respeto de los derechos humanos", insistió.

Ballesteros avaló la idea de que el cuerpo de defensores se independice del de fiscales, como ocurre en la Nación, donde hay un Ministerio Público para cada área. En Tucumán, en cambio, ambas partes del proceso penal comparten la órbita de acción del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri.

"Es un camino que en algún momento deberá transitarse atento a lo que señala el artículo 120 de la Constitución Nacional, aunque en cuestiones de gestión puede solucionarse momentáneamente con la creación de un jefe de Defensores, del que actualmente carecemos", señaló.