El uso de las aeronaves siempre estuvo envuelto en la polémica

El uso dado al avión oficial siempre estuvo envuelto en la polémica. Con el propósito de mitigar las discusiones políticas, el oficialismo legislativo sancionó en octubre pasado la Ley Nº 8.350, por medio de la cual se reglamentó el uso de las aeronaves del Estado.

Precisamente, la norma autoriza a los aviones y al helicóptero estatal a realizar vuelos oficiales, particulares gratuitos y particulares privados. Estos últimos deben ser pagados por quienes empleen esos vehículos. Las últimas dos categorías, además, están reservadas a casos excepcionales, según la ley.

Incluso, esa norma considera vuelos oficiales a aquellos destinados al traslado de personas por cuestiones de salud y a requerimiento del Siprosa. También, los abocados a la atención de servicios asistenciales para personal docente y sanitario estatal; de necesidades ocasionadas por fenómenos climáticos, catástrofes, accidentes, búsqueda y rescate de personas; y de pedidos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El mismo carácter, sostiene, asumirán los viajes en los cuales vaya el gobernador y sus acompañantes atento a su investidura, cualquiera sea el destino. En ese contexto se concretó el vuelo a Punta del Este (Uruguay) del gobernador, para sus vacaciones familiares. Precisamente, ese vuelo fue motivo de una denuncia penal por parte del peronista disidente Oscar López. El abogado consideró que el mandatario habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y peculado de trabajos y servicios.

La denuncia recayó en manos del fiscal de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar. "Las normas en modo alguno incluyen el objeto absolutamente privado de las vacaciones de los administrados, ni mucho menos viajes de placer de los funcionarios", dijo López.