Volvieron y sobre los escombros de las precarias casas que construyeron hace tres años, levantaron las taperas. Carpas hechas con plásticos, sábanas o chapas albergan a 90 familias de ocupas que habían sido desalojadas hace dos meses de un predio privado de Villa Carmela, ubicado a metros de la ruta provincial 315.
Denuncian que están "pagando los platos rotos" de una interna política entre el delegado comunal, Fabián Assán, y quien según ellos podría disputarle el cargo, el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis (h). "No queremos ver a ningún político por aquí. Que ni se asomen para las elecciones", dispara indignado Aníbal, miembro de la comisión que gestiona la formalización del acuerdo al que, según afirma, habrían llegado con el propietario del terreno a instancias del Gobierno provincial.
"Nuestro interés siempre fue comprar el lugar. Pero hubo intervención de algunos dirigentes: nos usaron, se pelearon entre ellos y arruinaron las negociaciones con el dueño. Ahora las retomamos y está a un paso de concretarse la venta, pero se demora y no tenemos dónde ir", afirma el joven que no quiere dar su apellido -al igual que el resto de los habitantes- por temor a posibles represalias.
Según pretende, el Gobierno se haría cargo de una parte del precio de la propiedad y ellos pagarían $ 1.000 de adelanto y cuotas de $ 500 durante un año.
"Assán nos sugirió un abogado para que nos asesorara. Nos decía que esto se iba a arreglar, que nos daría todo el apoyo con planes de mejoramiento de vivienda. A veces traía bolsas con materiales. Después, llegó Sangenis (h) con sus promesas y Assán se enojó", explica Andrea, parada sobre los ladrillos que solían ser las paredes de su vivienda. El ama de casa, de 29 años, es clara: "los políticos jugaron con nuestras necesidades, no tienen corazón ni escrúpulos. Por supuesto, ninguno volvió".
"Queremos que este barrio se llame Nueva Esperanza, porque es lo que sentimos. Si nos permiten y podemos estar dentro de la ley, que es lo que queremos todos, con mucho sacrificio comenzaremos a levantarnos de nuevo. Queremos que nos traten como seres humanos y que no nos señalen más", concluye la joven mujer, que tiene un hijo y espera otro.
"Apenas nos desalojaron lloré tres días seguidos. De un día para el otro pasamos de tener todo arreglado para la compra, al desalojo violento. Es porque quedamos en medio de algo político", sospecha María Pía, madre de tres chicos, mientras limpia los restos de su casa de machimbre.
"De nosotros se dijeron cosas falsas. Aquí hay familias y gente trabajadora", se defiende.
Denuncian que están "pagando los platos rotos" de una interna política entre el delegado comunal, Fabián Assán, y quien según ellos podría disputarle el cargo, el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis (h). "No queremos ver a ningún político por aquí. Que ni se asomen para las elecciones", dispara indignado Aníbal, miembro de la comisión que gestiona la formalización del acuerdo al que, según afirma, habrían llegado con el propietario del terreno a instancias del Gobierno provincial.
"Nuestro interés siempre fue comprar el lugar. Pero hubo intervención de algunos dirigentes: nos usaron, se pelearon entre ellos y arruinaron las negociaciones con el dueño. Ahora las retomamos y está a un paso de concretarse la venta, pero se demora y no tenemos dónde ir", afirma el joven que no quiere dar su apellido -al igual que el resto de los habitantes- por temor a posibles represalias.
Según pretende, el Gobierno se haría cargo de una parte del precio de la propiedad y ellos pagarían $ 1.000 de adelanto y cuotas de $ 500 durante un año.
"Assán nos sugirió un abogado para que nos asesorara. Nos decía que esto se iba a arreglar, que nos daría todo el apoyo con planes de mejoramiento de vivienda. A veces traía bolsas con materiales. Después, llegó Sangenis (h) con sus promesas y Assán se enojó", explica Andrea, parada sobre los ladrillos que solían ser las paredes de su vivienda. El ama de casa, de 29 años, es clara: "los políticos jugaron con nuestras necesidades, no tienen corazón ni escrúpulos. Por supuesto, ninguno volvió".
"Queremos que este barrio se llame Nueva Esperanza, porque es lo que sentimos. Si nos permiten y podemos estar dentro de la ley, que es lo que queremos todos, con mucho sacrificio comenzaremos a levantarnos de nuevo. Queremos que nos traten como seres humanos y que no nos señalen más", concluye la joven mujer, que tiene un hijo y espera otro.
"Apenas nos desalojaron lloré tres días seguidos. De un día para el otro pasamos de tener todo arreglado para la compra, al desalojo violento. Es porque quedamos en medio de algo político", sospecha María Pía, madre de tres chicos, mientras limpia los restos de su casa de machimbre.
"De nosotros se dijeron cosas falsas. Aquí hay familias y gente trabajadora", se defiende.







