Fiscalía municipal avaló el decreto para la licitación de las tarjetas

Esta semana será de definiciones en el Concejo Deliberante de la capital, respecto de la implementación de las tarjetas magnéticas (inteligentes) para el servicio de ómnibus urbano. Los concejales de la comisión de Transporte, que preside Teresa Felipe de Heredia (PJ), analizarán hoy, a las 11, qué actitud seguir en la polémica desatada por el decreto del intendente, Domingo Amaya, para el llamado a licitación pública.

La controversia está centrada en que el jefe municipal ignoró al Concejo Deliberante en la elaboración del pliego de bases y condiciones. Sólo firmó un decreto para conocimiento del cuerpo, pero no para habilitar su tratamiento.

Desde la intendencia, siguen de cerca la interna que estalló entre los ediles, pero por ahora prefieren mantener distancia del caso. Sin embargo, la fiscalía municipal, que conduce Hernán Colombres, fue uno de los organismos que respaldó la decisión política de firmar un decreto.

Ese expediente señala que todas las actuaciones se hicieron dentro del marco de la ley. "La remisión del decreto de aprobación de los pliegos de bases y condiciones para el servicio de provisión de tarjetas magnéticas sin contacto a conocimiento del Concejo Deliberante -se dijo- fue efectuada en legal forma y dentro de las atribuciones y facultades que les son propias al intendente".

El municipio basó sus argumentos en ordenanzas y en decretos reglamentarios. "De acuerdo a las previsiones de la ordenanza de contabilidad 570/80, que regula el régimen de contrataciones, el Departamento Ejecutivo, en ejercicio de las facultades del artículo 72 de esa norma, de las disposiciones del decreto reglamentario 669/80 (Reglamento del régimen de contrataciones) y de la Ley 5.529 (Orgánica de Municipalidades) aprobó el pliego de bases y condiciones".

Proceso de compras

La fiscalía municipal precisó que el artículo 72 de la ordenanza de contabilidad establece: "el Departamento Ejecutivo con intervención de Contaduría General, reglamentará el proceso de compras?".

Colombres insistió en que el actual procedimiento de llamado a licitación en curso, se respetaron cabalmente las disposiciones que regulan la actuación de los órganos municipales.

"La explotación del transporte urbano colectivo de pasajeros dentro del radio del municipio de la capital es un servicio público -dice el artículo 1 de la ordenanza 400/79-, su organización y prestación se regirán por las disposiciones de la presente ordenanza y la Reglamentación que dictare el Departamento Ejecutivo, a la cual deberán ajustarse las concesionarias. La autoridad de aplicación será la Dirección de Transporte Público, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos".

Por su parte, el titular de la comisión de Peticiones, Eloy del Pino (PJ), aseguró que no tiene sustento la afirmación sobre riesgos ante posibles planteos judiciales por parte de los actuales prestatarios del servicio. "Los concesionarios -dijo Del Pino- están obligados a ajustarse a la modalidad de pago y demás reglamentación que dicte el municipio".