Un dictamen jurídico avaló al intendente

"Entendiendo que el acto administrativo (el decreto del llamado a licitación) fue dictado dentro del marco de las competencias atribuidas al Departamento Ejecutivo no corresponde abordar los aspectos particulares del pliego, ya que sólo viene a conocimiento del cuerpo". Así lo expresó el abogado Julio Picabea en su dictamen de asesoría letrada que fue solicitado por la comisión de Peticiones del Concejo Deliberante.

El letrado elaboró un expediente, que consta de nueve carillas. "Las partes -dijo- se vinculan de la siguiente manera: el distribuidor, a través de los canales de comercialización, vende los viajes que brinda el transportista (pasajes). Por la venta de estos viajes percibe una comisión (que ya existía en el sistema anterior). La Municipalidad ejerce el control del funcionamiento del sistema por razones de interés público. En cuanto al usuario -precisó Picabea-, para él nada cambia: en lugar de abonar el pasaje al chofer del ómnibus, con dinero en efectivo, lo hará mediante la modalidad de tarjetas magnéticas".

Contrato de distribución

"Sin dejar de atender los argumentos que consideran que la actividad de distribución que se procura licitar constituye un servicio público, entiendo que afinando el análisis jurídico -señaló el letrado-, se debe concluir que no estamos frente a la concesión de un servicio público, sino ante la licitación de un contrato de distribución".

"El Departamento Ejecutivo se encuentra autorizado por la ordenanza 400 -detalló- a introducir modificaciones en las modalidades prestacionales, siempre que sean razonables y no modifiquen la ecuación económico-financiera del contrato de concesión del servicio".