Un decreto de Amaya perdió una votación clave

Como en una definición por penales, en la comisión de Peticiones del Concejo Deliberante de la capital, integrada por cinco ediles, el amayismo perdió ayer por tres a favor y dos en contra. Para colmo del intendente, Domingo Amaya, dos de los votos en contra fueron de los ediles oficialistas Javier Morof y Luis Humberto Marcuzzi.

Esa definición potenció la controversia por la idea de sacar de circulación los cospeles para implementar un nuevo sistema con tarjetas magnéticas (inteligentes). La polémica está centrada por la decisión del intendente Amaya de abrir una licitación pública por vía de un decreto, sin que el expediente pase por la revisión del Concejo Deliberante.

Las objeciones de Morof y de Marcuzzi quedaron estampadas en un solo dictamen en el que argumentaron la necesidad de revisar el pliego de licitación. "Reafirmamos que la Ley 5.529 (Orgánica de Municipalidades), en su artículo 24, inciso 26 establece que es facultad del Concejo Deliberante el tratamiento y la aprobación del pliego", advirtieron.

Morof y Marcuzzi insistieron en que se trata de un servicio público y que, por lo tanto, las condiciones de la licitación deben ser confeccionadas por el cuerpo.

El tercer voto contrario a los intereses del amayismo lo firmó el radical, José Luis Avignone, que exigió la suspensión del proceso licitatorio. "El Departamento Ejecutivo municipal se abstendrá de proseguir con el llamado a licitación pública (...) por haberse arrogado facultades propias del Concejo Deliberante -dijo Avignone-, de acuerdo a la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades y las ordenanzas correspondientes".

Avignone agregó un elemento clave: que la intendencia envíe al Concejo el pliego de bases y condiciones en forma inmediata para su análisis, consideración y aprobación", afirmó.

Respaldo oficialista

En defensa del decreto de Amaya se pronunciaron Eloy delPino (titular de la comisión de Peticiones) y Raúl Pellegrini (Concertación Plural). Sin embargo, lo hicieron por caminos separados: cada uno con su propio dictamen.

Del Pino ratificó su opinión de respaldar la decisión municipal y que, como consecuencia, el decreto pase a archivo. Pellegrini, en tanto, hizo suyo el dictamen del asesor letrado del Concejo Deliberante, Julio Picabea. "En el entendimiento de que el acto administrativo (el decreto) fue dictado dentro del marco de las competencias atribuidas al Departamento Ejecutivo -dijo el asesor- no corresponde abordar los aspectos particulares de pliego, ya que este viene sólo a conocimiento del cuerpo".

De este modo, el decreto del intendente parece ir camino a un debate en el recinto de sesiones, pero antes debe ser visado por las comisiones de Transporte y de Hacienda.