"Desde el primer día, el Gobierno viene diciendo que no hay que darle plata a nadie, y que nadie tiene derecho a pedirle dinero a los beneficiarios del plan Argentina Trabaja; hizo todo lo posible para evitar irregularidades. No somos responsables de los sinvergüenzas que cometen delitos. Los atorrantes que los hagan deben estar tras las rejas, y espero que la Justicia Federal actúe con todo el peso de la ley", afirmó Regino Racedo.
El interventor en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) volvió a ponerse a disposición de la Fiscalía Federal para dilucidar las denuncias presentadas por miembros de cooperativas que aseveraron haber sido objeto de extorsión (les pidieron dinero para estar en el programa).
Racedo confirmó que intervendrá el fiscal federal Carlos Brito, quien subroga desde principios de mes el despacho del jubilado Emilio Ferrer (tenía la causa en sus manos, luego de que fue iniciada por el fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez). Pero aún no recibió el voluminoso expediente.
"El Ipacym no administra ni un peso del programa; lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en lo relacionado con la compra de los materiales. Y el haber mensual lo debe cobrar directamente cada trabajador, a quien el Banco Nación le entregó su tarjeta magnética personal", explicó.
Racedo insistió en que nunca fue citado por la Justicia (ni siquiera como testigo) y que su repartición sólo colabora en la implementación del plan con ayuda a las cooperativas. "Trabajamos en conjunto con otras áreas del Estado, pero no recibimos nada. No administramos plata ni somos responsables del contralor de un programa que costó muchísimo y que está siendo muy productivo, con 15.000 personas trabajando, contención social y obras en los barrios. Nunca fuimos mencionados en la causa y nos limitamos a contestar los pedidos de informe que me remitieron desde la Fiscalía Federal", detalló.
El titular del Ipacym confirmó que el plan Argentina Trabaja está asegurado hasta abril, con acuerdos firmados y fondos nacionales garantizados. Agregó que no se autorizaron reemplazos ni nuevos integrantes en las cooperativas, aunque se está evaluando pedidos para sumar más trabajadores. Admitió también que se redujo el número de opciones a ejecutar, para que se hagan obras más sencillas y de menor complejidad. "Nadie fue dado de baja. A quienes no cumplen con sus obligaciones, no se le liquida ese mes o se le hacen descuentos, pero no se los elimina como beneficiarios", subrayó.
El interventor en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) volvió a ponerse a disposición de la Fiscalía Federal para dilucidar las denuncias presentadas por miembros de cooperativas que aseveraron haber sido objeto de extorsión (les pidieron dinero para estar en el programa).
Racedo confirmó que intervendrá el fiscal federal Carlos Brito, quien subroga desde principios de mes el despacho del jubilado Emilio Ferrer (tenía la causa en sus manos, luego de que fue iniciada por el fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez). Pero aún no recibió el voluminoso expediente.
"El Ipacym no administra ni un peso del programa; lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en lo relacionado con la compra de los materiales. Y el haber mensual lo debe cobrar directamente cada trabajador, a quien el Banco Nación le entregó su tarjeta magnética personal", explicó.
Racedo insistió en que nunca fue citado por la Justicia (ni siquiera como testigo) y que su repartición sólo colabora en la implementación del plan con ayuda a las cooperativas. "Trabajamos en conjunto con otras áreas del Estado, pero no recibimos nada. No administramos plata ni somos responsables del contralor de un programa que costó muchísimo y que está siendo muy productivo, con 15.000 personas trabajando, contención social y obras en los barrios. Nunca fuimos mencionados en la causa y nos limitamos a contestar los pedidos de informe que me remitieron desde la Fiscalía Federal", detalló.
El titular del Ipacym confirmó que el plan Argentina Trabaja está asegurado hasta abril, con acuerdos firmados y fondos nacionales garantizados. Agregó que no se autorizaron reemplazos ni nuevos integrantes en las cooperativas, aunque se está evaluando pedidos para sumar más trabajadores. Admitió también que se redujo el número de opciones a ejecutar, para que se hagan obras más sencillas y de menor complejidad. "Nadie fue dado de baja. A quienes no cumplen con sus obligaciones, no se le liquida ese mes o se le hacen descuentos, pero no se los elimina como beneficiarios", subrayó.







