Según el vocal Goane, no se garantiza un acceso eficaz al servicio de Justicia

"No hay modo alguno de que un concurso releve la vocación institucional y la capacidad de los integrantes del Poder Judicial, a lo que se debe agregar la independencia de criterio en el caso de los jueces. No hay Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en el país ni en el mundo que pueda determinar estos aspectos, salvo que algunos psiquiatras pudiesen determinar mediante estudios el grado de firmeza del carácter de cada uno". Con esa reflexión, el vocal de la Corte Suprema de Justicia, René Mario Goane, advirtió ayer que la independencia de los jueces no sólo debe darse respecto del poder político, sino también en relación con presiones económicas o sociales u otro tipo de compromisos.

Durante un acto junto al presidente del alto tribunal, Antonio Estofán, en el que se anunciaron los concursos para cubrir las vacantes de empleados, dados a conocer el lunes por LA GACETA, el magistrado admitió que la Justicia está cuestionada por la sociedad y anunció la conformación de un cuerpo especial de auditores, que dependerá directamente de la Corte, para supervisar a fondo cada despacho y dependencia judicial.

"El propósito es que cada oficina, jurisdiccional o no, sea controlada por lo menos una vez al año. Los auditores no serán verdugos, pero así podremos ver la real situación, cómo está y por qué. Se han multiplicado la planta de personal y los recursos tecnológicos; no hay congreso al que no vayan funcionarios y magistrados, pero sin embargo no se ven cambios y se está muy lejos de producir un rendimiento acorde a lo que debe ser la garantía constitucional del acceso eficaz al servicio de Justicia", se quejó Goane.

El juez supremo consideró que, bajo la actual presidencia de Estofán, la Corte tomó conciencia de la necesidad de implementar un control firme. Recordó que ya hubo experiencias al respecto, con buenos resultados, en particular para poner al día los despachos. Como justificación especial para la implementación de esta actividad, se refirió tangencialmente a la aparición en la Policía de prontuarios mellizos, trillizos o cuatrillizos. Goane aseveró que el Código Procesal Penal sancionado en 1990 fue dejado de lado: "lo convirtieron en ley muerta, abrogada por la conducta de jueces y fiscales; lamentablemente no están mentalizados en ese fuero, y habrá que hacer un curso de capacitación para explicarles lo que dicen las normas". "Hay una serie de déficits funcionales porque se alteró sustancialmente el espíritu del Código", añadió el juez.

Como ejemplo, mencionó la excesiva demora -a su criterio- en elevar las causas de primera instancia a la Cámara Penal, donde se dictan las sentencias. "En primera instancia se podrán tomar muestras y conseguir pruebas, pero todo lo demás, arriba. El juez de Instrucción es de garantías, y no puede demorar más de seis meses en remitir los expedientes a los camaristas; sólo así se conseguirá la inmediatez que se buscaba originalmente", remarcó. También cuestionó también algunos fallos de la Corte de la Nación, impulsados por Eugenio Raúl Zaffaroni, favorables a la excarcelación de los acusados de delitos hasta el momento en que las condenas queden firmes.

Mea culpa

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema local, señaló que así como la Justicia hace un mea culpa por las demoras en los tribunales, hay también responsabilidad de las partes y de los querellantes, que no instan el proceso.

"Hay denuncias efectuadas en la Policía que llegan a la Fiscalía donde duermen el sueño de los justos porque nunca la ratifican, en especial problemas de violencia doméstica y de amenazas. Muchas causas son declaradas nulas por fallas de actuaciones, que no fueron trabajadas como se lo debía", advirtió Antonio Estofán en diálogo con LA GACETA.