22 Octubre 2010 Seguir en 
En 97 días, Juan Marcelo Medina y José Eduardo Páez deberían saber si los condenan o los absuelven por el arrebato que sufrió el lunes la docente Celia Albornoz de Valdez cuando salía de la escuela Griet en la esquina de Jujuy y Magallanes.
La espera no será larga, pero tampoco agradable: ambos sospechosos, por pedido de la fiscala IX de Instrucción, María de las Mercedes Carrizo, serán llevados en las próximas horas al penal de Villa Urquiza. Además, la investigadora ordenó que se realice un informe socio-ambiental en las casas de los sospechosos, a fin de que las personas que viven con ellos den detalles sobre su conducta.
Medina y Páez, que fueron aprehendidos infraganti por personal de la seccional 13ª, son los primeros procesados bajo la Ley de flagrancia desde que el lunes se publicaron en el Boletín Oficial las modificaciones realizadas por la Legislatura, justamente a pedido de los fiscales. Ambos fueron aprehendidos horas después de que la norma entrara en vigencia.
La fiscala Carrizo, según estipularon los legisladores, tiene 20 días para reunir pruebas. Además de los informes socio-ambientales, pidió que concurran a declarar dos testigos y la víctima.
Estos testimonios son clave, y si se los obtiene rápidamente no será necesario solicitar la prórroga de 20 días que también por ley se pueden pedir, indicaron fuentes judiciales. Según trascendió, tanto Medina como Páez tienen antecedentes delictivos. El primero de ellos, incluso, habría estado preso hasta hace pocas semanas. Cuando declararon en la fiscalía, con la defensora oficial Estela Giffoniello, ambos negaron ser los autores del atraco, a pesar de que se les había secuestrado la cartera de la víctima.
Varias demoras
Esta situación tiene preocupados a los investigadores de la Fiscalía IX. Según trascendidos, de los siete casos de flagrancia dictados en lo que va del turno tribunalicio, en sólo uno de los casos acudió la víctima para ratificar la denuncia. Además, en algunas ocasiones, los trámites se estancan por demoras policiales, afirmaron. Por eso, incluso, ayer Carrizo tuvo audiencias con personal jerárquico de Patrulla Urbana y de la seccional 10ª, a quienes les preguntó por qué los trámites no eran más rápidos. Luego, les explicó que en este tipo de causas, todo se hará contrarreloj por lo que necesita respuestas urgentes a sus planteos.
El Centro Judicial Capital no es el único que aplicó la Ley de flagrancia. La fiscala del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, la utilizó en el caso del robo de una motocicleta en Famaillá. Y, en Concepción, el fiscal Edgardo Sánchez la estrenó con un arrebato.
La espera no será larga, pero tampoco agradable: ambos sospechosos, por pedido de la fiscala IX de Instrucción, María de las Mercedes Carrizo, serán llevados en las próximas horas al penal de Villa Urquiza. Además, la investigadora ordenó que se realice un informe socio-ambiental en las casas de los sospechosos, a fin de que las personas que viven con ellos den detalles sobre su conducta.
Medina y Páez, que fueron aprehendidos infraganti por personal de la seccional 13ª, son los primeros procesados bajo la Ley de flagrancia desde que el lunes se publicaron en el Boletín Oficial las modificaciones realizadas por la Legislatura, justamente a pedido de los fiscales. Ambos fueron aprehendidos horas después de que la norma entrara en vigencia.
La fiscala Carrizo, según estipularon los legisladores, tiene 20 días para reunir pruebas. Además de los informes socio-ambientales, pidió que concurran a declarar dos testigos y la víctima.
Estos testimonios son clave, y si se los obtiene rápidamente no será necesario solicitar la prórroga de 20 días que también por ley se pueden pedir, indicaron fuentes judiciales. Según trascendió, tanto Medina como Páez tienen antecedentes delictivos. El primero de ellos, incluso, habría estado preso hasta hace pocas semanas. Cuando declararon en la fiscalía, con la defensora oficial Estela Giffoniello, ambos negaron ser los autores del atraco, a pesar de que se les había secuestrado la cartera de la víctima.
Varias demoras
Esta situación tiene preocupados a los investigadores de la Fiscalía IX. Según trascendidos, de los siete casos de flagrancia dictados en lo que va del turno tribunalicio, en sólo uno de los casos acudió la víctima para ratificar la denuncia. Además, en algunas ocasiones, los trámites se estancan por demoras policiales, afirmaron. Por eso, incluso, ayer Carrizo tuvo audiencias con personal jerárquico de Patrulla Urbana y de la seccional 10ª, a quienes les preguntó por qué los trámites no eran más rápidos. Luego, les explicó que en este tipo de causas, todo se hará contrarreloj por lo que necesita respuestas urgentes a sus planteos.
El Centro Judicial Capital no es el único que aplicó la Ley de flagrancia. La fiscala del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, la utilizó en el caso del robo de una motocicleta en Famaillá. Y, en Concepción, el fiscal Edgardo Sánchez la estrenó con un arrebato.
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