Gerencia, directorio y síndico

La cuenta de inversión es el detalle de toda la plata que recibió y que gastó el Estado, en este caso, durante 2009. El Tribunal de Cuentas estudia todo y envía un informe a la Legislatura. Así, cierra todo un ciclo: le dice al parlamento cómo fue que el Ejecutivo, justamente, ejecutó el Presupuesto General de la Provincia, aprobado por ley. Es, en definitiva, la república funcionando.

Las implicancias financieras de todo ese proceso pueden ser mejor dimensionadas si se lleva al Estado a la escala de una empresa. Así, los tucumanos, como contribuyentes, son los accionistas. Ellos están representados por un directorio: la Legislatura. A su vez, el Ejecutivo es la gerencia que administra los recursos. Y el Tribunal de Cuentas es el síndico: le informa al directorio sobre las actuaciones de la gerencia.

En esta esquema, el síndico no dice nada bonito. Por un lado, habla de la principal fuente de financiamiento de la empresa: la plata que manda la Nación. Y le advierte al directorio que no puede decir si todos los recursos federales que recibieron el año pasado son todos los que debieron llegar. A eso agrega que, de lo que ingresó, en muchos casos (dada la mala información que le suministran) no puede individualizar en concepto de qué entró el dinero. Por ende, tampoco puede determinar en qué debió gastarse.

Por otro lado, alerta el síndico que tampoco puede decir cuánto quedó sin gastar. "Los saldos presupuestarios no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto". Ni en la casa central (la Administración Pública Centralizada y los tres poderes) ni en las unidades de negocios independientes (los organismos descentralizados). ¿Por qué no puede? Porque para obtener los saldos, simplemente, deberían haberle dicho cuál fue la diferencia entre la plata que manejó cada oficina (Presupuesto Vigente) y los gastos que tuvo (Ordenado a Pagar). En cambio, la gerencia le sugiere que haga cuentas entre la plata que manejó cada oficina y lo que tuvo pensado gastar. Aunque ese "pensado" (el gasto meramente aprobado) se haya materializado (con orden de pago) en 2009, o no.

¿Qué puede hacer este directorio? Callarse la boca para que dentro de dos años todo lo hecho por la gerencia quede convalidado. O formar una comisión que pida a la gerencia la información necesaria para aclararlo todo. La respuesta parece cantada: los miembros del directorio deben velar por los intereses de los accionistas a los que representan.

La Ley de Administración Financiera le da esas mismísimas dos posibilidades a la Legislatura tucumana. Sus miembros, ¿qué van a hacer?