Por Redacción Política
19 Octubre 2010
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El Gobierno insiste en que la planta de disposición final de residuos en Overa Pozo no afectará el medio ambiente. "Ofrecemos todas las garantías", sostuvo ayer el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán.
El predio estatal de unas 30 hectáreas y distante unos 50 kilómetros al Este de la capital, recibe desde el primer día de octubre los desechos de seis municipios del área metropolitana: San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Alderetes, Las Talitas, Yerba Buena y Banda del Río Salí. En una celda biodigestora de unos 100 metros de ancho por otros 100 de largo (y una profundidad de alrededor de seis metros), la basura es depositada sobre membranas de plástico para evitar que los lixiviados lleguen al suelo. Esa tarea está a cargo de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que operó durante seis años la cuestionada planta de Pacará Pintado.
Pese a los temores de las localidades aledañas, Montalbán asegura que no habrá contaminación y que el Ejecutivo y el consorcio intermunicipal (lo integran las seis ciudades del Gran San Miguel) harán los controles necesarios para que la disposición final sea la correcta. "Overa Pozo está en pleno funcionamiento, y hay un transporte adecuado de la basura hacia allí. Se harán auditorías permanentes para dar tranquilidad a los vecinos de que no habrá afectación en esa zona", reforzó.
Vigilancia
En diálogo con la prensa, el también presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente dijo que la secretaría a su cargo vigilará de cerca el proceso de cierre definitivo de Pacará Pintado.
Si bien ese predio ya no funciona como centro de disposición final de la basura, aún debe resolverse el tratamiento que dará la empresa concesionaria a los desechos amontonados en siete celdas, dos de ellas aún permanecen a la intemperie.
"La Secretaría de Medio Ambiente trabajó, y mucho, en el desarrollo del monitoreo del predio para seguir muy de cerca el plan de cierre, para ver si hay afectación y, en caso de que la haya, lograr que se tomen las medidas correctivas", afirmó.
El predio estatal de unas 30 hectáreas y distante unos 50 kilómetros al Este de la capital, recibe desde el primer día de octubre los desechos de seis municipios del área metropolitana: San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Alderetes, Las Talitas, Yerba Buena y Banda del Río Salí. En una celda biodigestora de unos 100 metros de ancho por otros 100 de largo (y una profundidad de alrededor de seis metros), la basura es depositada sobre membranas de plástico para evitar que los lixiviados lleguen al suelo. Esa tarea está a cargo de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que operó durante seis años la cuestionada planta de Pacará Pintado.
Pese a los temores de las localidades aledañas, Montalbán asegura que no habrá contaminación y que el Ejecutivo y el consorcio intermunicipal (lo integran las seis ciudades del Gran San Miguel) harán los controles necesarios para que la disposición final sea la correcta. "Overa Pozo está en pleno funcionamiento, y hay un transporte adecuado de la basura hacia allí. Se harán auditorías permanentes para dar tranquilidad a los vecinos de que no habrá afectación en esa zona", reforzó.
Vigilancia
En diálogo con la prensa, el también presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente dijo que la secretaría a su cargo vigilará de cerca el proceso de cierre definitivo de Pacará Pintado.
Si bien ese predio ya no funciona como centro de disposición final de la basura, aún debe resolverse el tratamiento que dará la empresa concesionaria a los desechos amontonados en siete celdas, dos de ellas aún permanecen a la intemperie.
"La Secretaría de Medio Ambiente trabajó, y mucho, en el desarrollo del monitoreo del predio para seguir muy de cerca el plan de cierre, para ver si hay afectación y, en caso de que la haya, lograr que se tomen las medidas correctivas", afirmó.
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