Por Redacción Política
19 Octubre 2010
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La primera en entrar a la comisión legislativa de Peticiones y Acuerdos, será Marta Estela Paz de Centurión. Unos 45 minutos después, lo hará Ester Julieta Valderrábano de Casas; a quien seguirán (cada una en igual plazo) Silvia Lescano de Francesco, Claudia Inés López y Angela Rossana Martínez. La ronda de entrevistas personales comenzará a las 18, y terminaría cerca de las 21.
Las cinco son las postulantes elegidas por el Poder Ejecutivo para ocupar sendas vacantes en el fuero de Familia y Sucesiones (las dos primeras en la Cámara de Apelaciones y las otras, en juzgados de primera instancia), luego de haber obtenido los mejores promedios en los concursos realizados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). De este modo, se encara la recta final para comenzar a resolver las vacantes los tribunales.
El objetivo del titular de la comisión, José Orellana (PJ), es emitir dictamen favorable a todos los pliegos esta misma noche, con el fin de que se libere el camino de Labor Parlamentaria y se cite al recinto el viernes. Si todo marcha como está previsto, en la tarde de ese mismo día o el lunes podrían asumir las nuevas magistradas.
Sin embargo, todo puede quedar en suspenso si prospera el recurso de amparo interpuesto en el fuero civil por el ex juez penal Jorge Lobo Aragón contra los procesos de selección de jueces.
Aritmética sencilla
El ex fiscal denunció que en los llamados se viola la cláusula antidiscriminatoria que establece que debe haber un cupo del 4% de los empleos públicos para personas con algún tipo de discapacidad (él mismo la padece). Actualmente, está inscripto en el concurso para fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
"Para regularizar el servicio de Justicia hay que cubrir 47 cargos, situación que se incrementa sistemáticamente ante la jubilación de los magistrados y las acefalías producidas por distintas causas. Un sencillo cargo aritmético permite inferir que la afectación de sólo dos de ellos habría infraccionado la pauta del 4%", denunció en su reclamo, con el objetivo de que se reserven cargos para este sector social.
El ex interventor de Yerba Buena aseveró que la norma apunta a la inserción y al mantenimiento en la vida activa de personas con alguna dispacidad, pese a la cual pueden prestar un servicio útil a la sociedad y asegurarse medios propios de subsistencia.
Las cinco son las postulantes elegidas por el Poder Ejecutivo para ocupar sendas vacantes en el fuero de Familia y Sucesiones (las dos primeras en la Cámara de Apelaciones y las otras, en juzgados de primera instancia), luego de haber obtenido los mejores promedios en los concursos realizados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). De este modo, se encara la recta final para comenzar a resolver las vacantes los tribunales.
El objetivo del titular de la comisión, José Orellana (PJ), es emitir dictamen favorable a todos los pliegos esta misma noche, con el fin de que se libere el camino de Labor Parlamentaria y se cite al recinto el viernes. Si todo marcha como está previsto, en la tarde de ese mismo día o el lunes podrían asumir las nuevas magistradas.
Sin embargo, todo puede quedar en suspenso si prospera el recurso de amparo interpuesto en el fuero civil por el ex juez penal Jorge Lobo Aragón contra los procesos de selección de jueces.
Aritmética sencilla
El ex fiscal denunció que en los llamados se viola la cláusula antidiscriminatoria que establece que debe haber un cupo del 4% de los empleos públicos para personas con algún tipo de discapacidad (él mismo la padece). Actualmente, está inscripto en el concurso para fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
"Para regularizar el servicio de Justicia hay que cubrir 47 cargos, situación que se incrementa sistemáticamente ante la jubilación de los magistrados y las acefalías producidas por distintas causas. Un sencillo cargo aritmético permite inferir que la afectación de sólo dos de ellos habría infraccionado la pauta del 4%", denunció en su reclamo, con el objetivo de que se reserven cargos para este sector social.
El ex interventor de Yerba Buena aseveró que la norma apunta a la inserción y al mantenimiento en la vida activa de personas con alguna dispacidad, pese a la cual pueden prestar un servicio útil a la sociedad y asegurarse medios propios de subsistencia.
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