El legislador Esteban Jerez no quiere que culmine otro año sin que el dictamen sobre las cuentas públicas que elabora el Tribunal de Cuentas (TC) sea analizado por el Poder Legislativo. Con ese propósito, presentó un proyecto de resolución a los fines de que se conforme la comisión especial de estudio que estipulan las normas.
El ex fiscal anticorrupción entiende que el Acuerdo Nº 2009 amerita un pronunciamiento de la Cámara. Fundamentalmente, pretende conocer las razones por las cuales se excluyó de la aplicación de la Ley 6.970 (Administración Financiera) a las comunas rurales, y cuál es el estado actual de los fideicomisos municipales y comunales en cuanto al cumplimiento de las obras realizadas, proyectadas y por ejecutar.
Al legislador del bloque Alberdi también alarmó que el TC haya detectado diferencias entre lo recaudado y lo gastado por el Siprosa. Además, pretende que se profundice la investigación sobre la ejecución presupuestaria, atento que el propio órgano de control dijo que no refleja "razonablemente la situación de la ejecución del Presupuesto". El parlamentario recordó que la Ley de Administración Financiera determina que la Cámara debe crear una comisión especial para abocarse al estudio del informe. No obstante, fija que si esa comisión no se expidiera, la Legislatura deberá tomar como dictamen el expediente del Tribunal de Cuentas. Y, si dentro del segundo período de sesiones ordinarias siguientes la Cámara no lo tratase, la Cuenta de Inversión se considerará aprobada. Paralelamente, la Constitución, en su artículo 67, establece que le corresponde a la Legislura aprobar o desechar la Cuenta de Inversión. Por ende, concluye, el informe del Tribunal no puede aprobarse tácitamente.
"Se constataron actitudes que rayan con lo delictual en todos los organismos y poderes del Estado y, sin embargo, estas cuentas por este sistema perverso son aprobadas sin ningún tipo de cuestionamiento", advirtió Jerez.
El ex fiscal anticorrupción entiende que el Acuerdo Nº 2009 amerita un pronunciamiento de la Cámara. Fundamentalmente, pretende conocer las razones por las cuales se excluyó de la aplicación de la Ley 6.970 (Administración Financiera) a las comunas rurales, y cuál es el estado actual de los fideicomisos municipales y comunales en cuanto al cumplimiento de las obras realizadas, proyectadas y por ejecutar.
Al legislador del bloque Alberdi también alarmó que el TC haya detectado diferencias entre lo recaudado y lo gastado por el Siprosa. Además, pretende que se profundice la investigación sobre la ejecución presupuestaria, atento que el propio órgano de control dijo que no refleja "razonablemente la situación de la ejecución del Presupuesto". El parlamentario recordó que la Ley de Administración Financiera determina que la Cámara debe crear una comisión especial para abocarse al estudio del informe. No obstante, fija que si esa comisión no se expidiera, la Legislatura deberá tomar como dictamen el expediente del Tribunal de Cuentas. Y, si dentro del segundo período de sesiones ordinarias siguientes la Cámara no lo tratase, la Cuenta de Inversión se considerará aprobada. Paralelamente, la Constitución, en su artículo 67, establece que le corresponde a la Legislura aprobar o desechar la Cuenta de Inversión. Por ende, concluye, el informe del Tribunal no puede aprobarse tácitamente.
"Se constataron actitudes que rayan con lo delictual en todos los organismos y poderes del Estado y, sin embargo, estas cuentas por este sistema perverso son aprobadas sin ningún tipo de cuestionamiento", advirtió Jerez.







