La transparencia debe quedar registrada

Así como cualquier padre quiere saber quién es el pretendiente de su hija, el Estado debe ser celoso de quiénes están interesados en ser proveedores de bienes y servicios. Ahí radica la importancia de contar con un registro oficial y público, porque de ese modo los vecinos podrán conocer quiénes son, de dónde vienen y a qué se dedican aquellos a los que se les adjudican las contrataciones.

El hecho de que el intendente, Domingo Amaya, ahora, haya resuelto restituir el registro de proveedores es una buena noticia, porque se afianza la transparencia de los actos de gobierno. Sin embargo, lo que no es una buena noticia es que hayan pasado seis años y ocho meses para que se tomara esta decisión política.

Peor aún es que el jefe municipal firmó el decreto después de que el Concejo Deliberante, en su totalidad (18 votos), le enrostró la necesidad de poner en vigencia esta norma fundamental para firmar contratos.

La obligatoriedad de estar inscriptos en el registro de proveedores municipales había sido suspendida en enero de 2004, con el argumento de que se limitaba la contratación a un determinado grupo de empresas.

Ese fundamento parece débil, atento a que sistemáticamente fueron eludiéndose las licitaciones públicas hasta terminar imponiendo las contrataciones directas.

La enorme cantidad de obras de pavimento y de cordón cuneta de las que, con todo derecho, hace gala la intendencia, fueron adjudicadas a dedo y, muchas veces, a un determinado grupo de empresas, tal como lo planteó desde siempre la oposición.

La puesta en vigencia del registro, se supone, pondrá en blanco sobre negro quiénes son los proveedores que van a prestar un servicio en la Municipalidad. Y, los vecinos, podrán acceder a ese listado: algo así como pasar el examen ante el padre para acceder a la hija.