Opositores reforzaron su pedido para interpelar a López Herrera

La inseguridad se coló en la sesión legislativa con la misma facilidad con la que delincuentes lo hicieron en la casa del opositor Ricardo Bussi. El republicano abrió el período de manifestaciones generales con una denuncia que nadie esperaba: el miércoles había sido víctima de un robo en su residencia de El Corte, Yerba Buena.

"Realmente no pensaba hablar de esto. Ayer a la siesta, entre las 13 y las 16, entraron a mi casa; menos mal que no había nadie", inició su relato. "Arrancaron una caja fuerte, la llevaron hasta el monte y la rompieron, llevándose algo de dinero y documentación", continuó Bussi. Y volvió a sorprender a sus pares con otra afirmación. "No voy a hacer la denuncia, no quiero que policías entren a mi casa. Si el ministro de Seguridad (Mario López Herrera) no tiene el coraje de venir acá a dar explicaciones, mal podría resolver un delito común", sentenció.

Su hermano, Luis José Bussi (Republicano Fundacional), recordó que junto a sus asesores elaboró un plan integral de seguridad y que lo puso a disposición del Gobierno, pero que no obtuvo ninguna respuesta. "El Gran San Miguel de Tucumán es el tercer conglomerado urbano más peligroso del país", afirmó. Esteban Jerez (bloque Alberdi) fue categórico con los números que arrojó. "Se producen unos 47.000 delitos por año; el índice aumentó un 25% en 10 años. Pero los datos de las salas penales son preocupantes: el 2,14% de los delitos se resuelve; sólo 780 causas llegan a juicio por año", ejemplificó. Federico Romano Norri (UCR) cuestionó al gobernador y al ministro. "Parece que no se enteran de lo que sucede en Tucumán. ¿Qué hace el ministro? Pero es responsabilidad absoluta del gobernador: él elige sus funcionarios", arremetió. Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) pidió la interpelación de López Herrera. "La inseguridad ya ha ganado un lugar muy importante como para que el responsable no venga a explicarles a los representantes del pueblo qué es lo que pasa. Ya lo hemos dicho en otra sesión, se venden drogas en las comisarías, pasa la droga y se vende también en otras dependencias del Estado, como es la cárcel", cuestionó.

Por el oficialismo, Raúl Hadla se solidarizó con Ricardo Bussi, pero le pidió que haga la denuncia policial. "Son hechos aislados. Obviamente que el Gobierno está preocupado por este flagelo", afirmó. Y añadió que el Estado sí está presente, en comparación a lo sucedido durante el último gobierno militar que lideró el padre del legislador, Antonio Domingo Bussi.

El presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Alvarez, ahondó en la defensa del Gobierno. "Estamos preocupados y ocupados por este tema", aseveró. Y luego aclaró el orden de responsabilidades en materia de lucha contra el narcotráfico: Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la fuerza provincial. "Lo peor que podemos hacer con este tema es política. Sin querer tapar el sol con la mano, esto requiere de un debate y de un análisis más amplio", se escudó.