Urge revisar el método de relevar precios

La polémica por las estadísticas que releva el Indec se aviva a medida que pasan los años, sin que se atisbe el menor intento de corrección. Esa credibilidad objetada amenaza con alcanzar hasta el Censo Nacional de población y vivienda anunciado para octubre próximo.

La ciudadanía percibe que existe un desajuste entre los índices que oficialmente se anuncian y lo que la economía real revela. En otras palabras, según la sincera definición del gremialista Hugo Moyano, la inflación de los supermercados.

En Tucumán, por otra parte, se desconoce cuál es el deslizamiento real de los precios, por imperio del centralismo informativo que rige desde la intervención del Indec y su puesta bajo la dependencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desde enero de 2007.

Para atemperar los efectos de las críticas procedentes desde diferentes ámbitos de la vida socioeconómica y de los consumidores, se instituyó un foro académico de alto nivel, con representación de universidades que cuentan con especialistas de prestigio en estadística, economía, sociología y derecho.

El Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) se abocó desde hace más de un año a estudiar el corazón del problema, con intervención de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero, Mar del Plata, Rosario y Tucumán.

La labor de los expertos generó una justificada expectativa por su calidad técnica y por su desvinculación de toda pasión política, sentimiento que suele oscurecer una lectura imparcial de los hechos económicos. La sociedad, no obstante, reclama que la información se ajuste a bases más realistas.

El trabajo del CAES discurrió, por cierto, dentro de los parámetros de seriedad exigidos por la naturaleza del objeto de su estudio, y sin ceder a presiones circunstanciales. Los reclamos sectoriales, desde luego, son comprensibles, pero pueden conspirar contra un aconsejamiento maduro y prudente en un asunto extremadamente delicado.

El CAES, según se ha informado, elaboró un informe dirigido al ministro de Economía, Amado Boudou, en el que se critica sin ambages el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

"La confiabilidad del IPC-Gran Buenos Aires se ve cuestionada. Por lo tanto, es necesario generar acciones para modificar nuevamente el período base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios", desliza el documento de los expertos de cinco universidades.

"No es posible considerar el IPC elaborado por el Indec como una medida fiable del nivel agregado de los precios del consumo ni como un indicador adecuado para emplear como deflactor a efectos de estimar variables como el tipo real de cambio, el salario real o los niveles de pobreza", agregan los miembros del CAES, en otro tramo del texto.

El lenguaje técnico empleado deja traslucir en forma evidente que el IPC diseñado por el Indec no refleja el gasto real de las familias. Los productos más consumidos por los argentinos no integran la canasta sobre cuya base se miden las oscilaciones que experimentan cotidianamente en el mercado. Se infiere, en consecuencia, que el organismo estatal sólo registra los valores incluidos en las planillas pactadas oficialmente con parcelas acotadas del mundo económico.

De todo lo expuesto surge que la autoridad económica debiera revisar los criterios aplicados hasta ahora para calcular la inflación. La obcecación no es buena consejera de los gobernantes, máxime si se recabó la palabra de especialistas que no toman parte en las habituales batallas de intereses que se generan en torno de la dilucidación del costo de vida.