El fracaso de la autodepuración

Muchas cosas revela el escándalo de la comisaría de El Manantial. La más grave es institucional: la gran contradicción de que los guardianes del orden hayan consentido un posible delito: el video difundido muestra a un preso por tráfico de drogas (que debía estar una celda) en la puerta del local policial, entregando y recibiendo algo de un adolescente. El escándalo también parece confirmar la pésima visión ciudadana sobre la corrupción policial: si siempre ha circulado la idea de que se cobra dinero extra en determinados casos -los feriantes de El Manantial denuncian que los agentes les piden dinero por brindarles seguridad-, ahora la sospecha llega casi al nivel de certeza ante la evidente comisión de irregularidades. Las sugiere la foto que muestra a los hermanos Cristian y Fernando Achén, detenidos por tráfico de drogas, subidos, en tren de diversión, a una moto de la Policía.
Las consecuencias, por lo pronto, parecen ser la destitución de los comisarios Rubén Jaime y Jorge Santi -uno asumió hace 15 días como jefe de la comisaría y el otro era el jefe anterior-; el envío de los hermanos Achén a la cárcel de Villa Urquiza -al cabo de sus largas vacaciones de 11 meses en la comisaría de El Manantial- y la investigación del juez federal Mario Racedo sobre la supuesta venta de drogas que parece revelar el video.
Pero hay otros problemas de índole estructural que son mucho más profundos. Uno es la recurrencia de irregularidades producidas por desinteligencias burocráticas entre distintos estamentos de la seguridad. Por una cuestión económica (la Nación no le paga, o le paga tarde a la provincia por los presos federales) se termina violando la disposición que dice que no debe haber procesados en comisarías. Hay otros 55 presos federales en distintas seccionales. Y no sólo hay presos por drogas. También se encuentran en comisarías unos 250 detenidos a disposición de la Justicia provincial. La excusa, en este caso, es que la cárcel está colapsada.

Todos callados
Nadie dijo nada hasta que estalló el escándalo. ¿Los jueces federales no lo sabían? ¿Nadie les informó que estos dos detenidos por drogas estaban desde hace 11 meses en una comisaría en lugar de estar en el presidio? Lo mismo suele ocurrir con la Justicia local, cuando se producen fugas de los vetustos edificios policiales del interior, como la de febrero en Yerba Buena.
Otro problema son los vínculos corporativos de los agentes de seguridad: alguien de la Gendarmería les avisó a los policías del allanamiento del sábado, y por ello el subjefe de la fuerza provincial, el comisario general Nicolás Barrera, le ordenó al jefe Regional, Víctor Pacheco, que estuviera presente para supervisar todo. Pero si lo sabía él, al parecer también lo sabían los responsables de la comisaría que, por cierto, se encontraba limpia: los dos detenidos estaban en su celda, como si nada hubiera ocurrido. Pacheco, que había dicho que la denunciante actuó por despecho, porque le habían prohibido que su hijo cuidara motos en la plaza de El Manantial, ahora, mudo, debió reemplazar a los jefes de la comisaría a los que había defendido.
Ya hubo otros escándalos como este. Los más duros fueron uno en la comisaría de Lastenia, hace más de una década (donde un procesado por violación que entraba y salía y hacía mandados para los agentes atacó y violó a una criatura) y el de la comisaría de Raco (donde se cometieron irregularidades en el levantamiento de pruebas tras el hallazgo del cadáver de Paulina Lebbos). Pero no son los únicos casos. Este año hubo una pueblada en Ciudad Alberdi cuando los vecinos reclamaron que los mismos agentes cobraban a empresas por brindar seguridad mientras había asaltos por doquier. Y en Bella Vista un detenido por contravenciones fue filmado mientras era brutalmente agredido por un preso sin que nadie en la dependencia policial hiciera nada.
En Alberdi el Gobierno hizo lo habitual, como ahora: cambió al jefe de comisaría. Pero el problema parece estar en el fondo del modelo de seguridad en el que no se controla a una fuerza que cumple tareas de modo discrecional. Al mismo tiempo, las autoridades están llenando la capital y Yerba Buena -y pronto, toda la provincia- de cámaras de vigilancia. A juzgar por lo que ocurrió en Alberdi y Bella Vista, y por lo que parece ocurrir en El Manantial, las cámaras de vigilancia deberían estar también en las dependencias policiales.
Esta es la Policía que hace siete años se inquietó ante el proyecto de montar una oficina de Asuntos Internos para controlar lo que hacen los comisarios y los agentes de seguridad. El proyecto fue desechado. Esta es la Policía cuyo jefe, el comisario general Hugo Sánchez, dijo hace pocos meses: "nosotros nos autodepuramos", sin advertir que con cada nuevo escándalo, por falta de control adecuado, quedan librados a su suerte y embarrados los viejos y los nuevos policías, los mañosos y los que quieren hacer las cosas bien, los justos y los pecadores.