13 Septiembre 2010 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Desde la sanción de la Ley de Etica Pública, en 1999, los funcionarios de los tres poderes del Estado están obligados a presentar su declaración jurada de bienes.
La norma establece, además, que la documentación debe elevarse apenas asumen en sus cargos y tiene que actualizarse todos los años. A pesar del tiempo transcurrido, la ley todavía no llegó a instrumentarse en su totalidad, ya que sigue sin constituirse la Comisión Nacional de Etica Pública, cuya misión es realizar un seguimiento de las rendiciones de cada funcionario comprendido por la norma.
La finalidad es generar un sistema para controlar las variaciones patrimoniales de sus representantes, ya sea por medio de un requerimiento judicial o a partir de un control de los propios ciudadanos. Es por eso que las declaraciones juradas son de acceso público. LA GACETA ©
La norma establece, además, que la documentación debe elevarse apenas asumen en sus cargos y tiene que actualizarse todos los años. A pesar del tiempo transcurrido, la ley todavía no llegó a instrumentarse en su totalidad, ya que sigue sin constituirse la Comisión Nacional de Etica Pública, cuya misión es realizar un seguimiento de las rendiciones de cada funcionario comprendido por la norma.
La finalidad es generar un sistema para controlar las variaciones patrimoniales de sus representantes, ya sea por medio de un requerimiento judicial o a partir de un control de los propios ciudadanos. Es por eso que las declaraciones juradas son de acceso público. LA GACETA ©
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