La inseguridad ingresó al debate público

BUENOS AIRES.- La sombra de Isidro Buzali se desparramó por encima de la provincia de Buenos Aires y puso en clara evidencia la necesidad electoral que tiene el Gobierno para que se lo perciba genuinamente interesado en el tema que más preocupa a la sociedad: la inseguridad. El hijito de Carolina Píparo vivió sólo 10 días, pero la conmoción que provocó su asesinato parece haberle cargado las pilas al candidato Néstor Kirchner, quien tomó la iniciativa de referirse por fin públicamente a uno de los temas-tabú (el otro es la inflación), aunque por un atajo peligroso, como fue el de poner en la picota a su escudero más fiel, Daniel Scioli.    En un acto, frente a frente, y "para terminar con los malos entendidos", el candidato in péctore le reclamó a viva voz al gobernador que "no tenga miedo y nos diga quién le ata las manos, para no solucionar la inseguridad en la Provincia". Unos días antes, el papá de Isidro había contado en televisión que el gobernador le había confesado que tenía "las manos atadas" y que por ese motivo no podía avanzar en la lucha contra la delincuencia. Si el reproche fue sorpresivo o concertado para sacarlo a Scioli del lío, aún no se ha develado ese capítulo de la trama.
A simple vista, y en una interpretación lineal, podría pensarse que el episodio desató una interna que podría ser terminal dentro del kirchnerismo, pero hay que tener en cuenta que nunca el ex presidente arma una jugada sin tener desplegados los reaseguros que soporten los eventuales traspiés tres o cuatro movimientos más adelante.
Ese distrito es clave en cuanto a los votos que necesita el kirchnerismo para ganar en primera vuelta y especula que, ante la dispersión opositora, si consigue 40 por ciento ninguno de sus rivales podrá ubicarse a menos de 10 puntos de distancia a nivel país. En cambio, si hay segunda vuelta, tal como le pasó a Menem en 2003, el matrimonio deberá volverse a Santa Cruz.
Kirchner conoce también que el gobernador Scioli y los intendentes díscolos necesitan caja y que su resistida pretensión de armar colectoras que lleven a varios candidatos con una sola cabeza deberá ser aceptada, tal como se aceptó a Hugo Moyano al frente del PJ provincial. Bastante tiene Kirchner con ser Moyano-dependiente, para también ahora pasar a ser Scioli-dependiente, tal como lo sugieren las encuestas y como lo deslizó sibilinamente Eduardo Duhalde, tras decir que el peronismo federal lo recibiría con los brazos abiertos.
El punto central del reclamo público de Kirchner al gobernador está en el "quién" y es aquí donde se pueden seguir varias líneas especulativas, según a quien se escuche en la interpretación. Para el Gobierno, la culpa la tiene la Justicia permisiva y no atienden argumentos sobre que los jueces, por más que predomine en las interpretaciones cierto aire garantista, cumplen lo que las leyes mandan. En este aspecto, el rol del Congreso debería estar mucho más claro en el propio oficialismo, sobre todo en materia de lo que se dice y lo que se hace, ya que la media sanción que consiguió en la Cámara de Diputados el proyecto de prevención de salideras bancarias se logró sin que el Frente para la Victoria facilitara el quórum, aunque luego con sus votos se alcanzó una amplísima mayoría.
Como segunda posibilidad, y según la oposición política, la inseguridad que se enseñorea en la provincia de Buenos Aires es parte indisoluble de la ineficiencia del propio gobernador y de sus idas y vueltas con diferentes ministros y políticas. Pero además, y como tercera opción, el peronismo federal afirma que el culpable de la inseguridad es el propio Kirchner y su ideología de generar el caos, en un proceso de permisividad constante que degrada la autoridad de las instituciones.
Así, se ponen como ejemplos la tolerancia que políticamente se irradia de arriba para abajo hacia grupos piqueteros que manejan la calle a su antojo o la paciencia que se tiene con Gualeguaychú  y, últimamente, las dilaciones del ministerio de Trabajo con Paraná Metal, un emprendimiento de un empresario ligado al poder que tiene a los trabajadores subidos a la Ruta Nacional número 9 y con las bravatas de Moyano y sus camioneros que bloquean las plantas de Siderar y paran la producción siderúrgica, mientras que a nadie en el Gobierno se le mueve un pelo.
También la oposición le pasa la factura a Kirchner de alentar la toma de escuelas porteñas para esmerilar aún más a Mauricio Macri, algo que, aunque no felicitó, avaló la Presidenta de la Nación, ya que dijo que le parecía "positivo" un pedido como el que hacen los alumnos "sin agraviar a nadie", como si no permitir a que otros estudiantes ejerzan el derecho a estudiar no fuese un agravio constitucional. Igualmente, el discurso de tolerancia tuvo corta vida, ya que la FUBA comenzó a tomar universidades nacionales por los mismos problemas edilicios que se usan como excusa en la Ciudad y, ante el escupitajo al cielo, hubo que recoger el barrilete. Para abonar la teoría del rédito electoral que podría mostrar una actitud diferente de la dupla Kirchner-Scioli ante el delito, durante las últimas horas, como loros, los voceros del gobierno nacional y las de la provincia de Buenos Aires repitieron al unísono los mismos argumentos: que la Justicia es demasiado garantista y que la alianza entre el ex presidente y el gobernador está más firme que nunca. El matiz está en que los voceros del gobierno central también se ocuparon de revelar que la situación con Kirchner venía algo fría porque el gobernador no se involucró, como a la Casa Rosada le hubiese gustado, en el caso Papel Prensa, que se cortó solo con Diego Maradona avalando el desplante del 10 a la Presidenta y que nunca habló a favor de la Ley de Medios ni de la Ley de Matrimonio igualitario, ni tampoco lo hizo durante la última semana del caso Fibertel.
Precisamente, la penúltima maldad del Gobierno hacia el Grupo Clarín surgió de la reglamentación compulsiva sobre la grilla de canales de cable que hizo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, un funcionario que parece estar dispuesto a seguir, desde su rol de militante kirchnerista y aun a costa de malquistarse con la Justicia, los pasos de Guillermo Moreno, hoy incinerado tras haber metido al Gobierno todo y a la Presidenta en particular, en la difusa denuncia sobre Papel Prensa.
El punto sobre la nueva grilla que deberá instaurarse desde el 1 de octubre en todo el país es que el dedo del regulador comenzó con los canales de noticias y allí está bien claro que la vocación fue desplazar a TN hacia un lugar lejano al que ocupan los canales de aire, para colocar a la Televisión Pública en el zapping entre Telefé y El Trece, como si eso le fuese a dar más rating, mientras que se le otorgó un lugar obligatorio en el número 8 a CN23, el canal de cable que maneja el Grupo Szpolski, hoy el más beneficiado por la publicidad oficial. De modo unánime, los cables protestaron contra la arbitrariedad recordando que no se trata de un servicio donde el Estado deba velar por un uso regulado del espectro radioeléctrico, ya que la industria fue siempre de iniciativa privada. En paralelo, recordaron que el artículo 65 de la Ley de Medios que habla de las grillas está suspendido por un amparo de una entidad de consumidores salteña, pero a la vez hay antecedentes de que la Justicia ha declarado inconstitucional una medida similar del año 2008.
Un fallo de fondo de la Cámara de Mar del Plata que tuteló la libertad de elección de los cables sobre el ordenamiento de la grilla impuesto por el ex Comfer dijo hace unos pocos días que "dicha resolución se presenta como desprovista de todo sustento razonable... (ya que crea) un supuesto de arbitrariedad que conculca expresas garantías constitucionales, en tanto el accionar de la demandada (el Estado) compromete seriamente el derecho a la libertad de expresión y de publicar ideas por la prensa, en cuanto obliga a priorizar en la grilla de canales televisivos a aquellos que intenta imponer unilateralmente sin fundamentos". En tanto, la rebelión ha comenzado a extenderse entre los cables más pequeños del interior, a quienes no sólo les preocupa que el Estado pretenda convertirse en tutor de ordenamientos y contenidos, sino que ven que la Ley de Medios los deja en condiciones desfavorables en sus zonas de influencia, en relación a las cooperativas de cada lugar.    Un veterano de las lides del cable, dueño de una PYME de una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, le dijo a DyN: "yo voy a programar lo que mi gente me diga que quiere ver y no lo que me mande el gobierno de turno", en un conato de rebelión ante la arbitrariedad de Mariotto que podría extenderse, más allá de las presentaciones judiciales. "No me preocupa si tal o cual canal es oficialista, porque para eso la gente tiene olfato y huye despavorida, pero ¿usted se imagina una leyenda que le diga a los abonados que el servicio le cuesta más por esa imposición? ¿Cuánto lo van a poder aguantar en un año electoral?", se indignó.
Mariotto amenazó con quitarle la licencia a las empresas que no respeten la nueva grilla, bajo la premisa que la Ley está vigente y que sólo hay algunos artículos interdictos, como el 161 de desinversión en un año que, bajo amparo judicial, no es aplicable al caso Clarín.
En la semana, la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco había recordado que la Ley de Medios está vigente, salvo para aquellas empresas que tienen amparos en suspenso, lo que fue vivido como un triunfo por el oficialismo. En unos días, la Corte podría decidir devolver un amparo a una Cámara para que se expida sobre el fondo de la cuestión, lo que alargaría todos los plazos. Pese a la evidente colisión que hay con la Justicia, al resto de las empresas la AFSCA las conminó a presentar en un mes un listado de los medios que van a vender, lo que traerá otra oleada de recursos, ya que nadie querrá definir un tema así con tanta anticipación.