El asma institucional del alperovichismo

Septiembre ha llegado pródigo en alergias que exacerban el asma de institucionalidad congénito del alperovichismo.
El opositor Acuerdo Cívico y Social desembarca este fin de semana con sus principales figuras en Tucumán. Es claro que, dada la realidad de la dirigencia local, el desfile de referentes nacionales no le resulta particularmente preocupante al oficialismo, aunque merece destacarse que la UCR haya advertido que debía mostrar a sus hombres en todo el territorio, en lugar de sólo encerrarlos en una residencia universitaria. Sin embargo, no deja de inquietar al oficialismo provincial que Julio Cobos y Ricardo Alfonsín hayan escogido este territorio de cañaverales en llamas para reencontrarse e incendiar la coyuntura política nacional.
No deja de resultar irónico que el vicepresidente de la Nación venga a plantar la pica en el distrito del gobernador que de a ratos sueña y de a ratos tiene pesadillas con ser candidato a vicepresidente de la Nación de Néstor Kirchner.
No deja de ser angustiante que el gobernador local, tan anfitrión de cuanto funcionario nacional -electivo o no- pasa por aquí, no vaya a poder convidarle ni un café a ese mendocino que supo evitar y desairar, y que tiene chances de ser Presidente en el mismo período (2011-2015) en que el dueño de Casa (de Gobierno) quiere ser recontra-reelecto.
Ahora bien, si el alperovichismo ha tenido dificultades para respirar con absoluta tranquilidad desde el inicio de este polinizado mes, ha sido por los problemas internos que le han florecido en el Jardín de la Repavimentación.

Flor de nepotismo
El patético escandalete del Concejo Deliberante de Concepción y su planta de personal triplicada a fuerza de designaciones de hermanos, hijos y sobrinos, fue motorizado por concejales que no están alineados con la intendencia pero que declaran públicamente sí estarlo con la gobernación. La situación terminó colocando al mandatario provincial en el incómodo vivero de los nombramientos de parientes en cargos públicos.
Cuando LA GACETA le pidió una opinión sobre el papelón de la "Perla del Sur", el jefe del Poder Ejecutivo aclaró que no había rechazado el decreto "familiocrático" de los ediles porque lo considerara aberrante sino porque, sencillamente, presentaba errores administrativos. Como el "Pacto Social" por el que la Provincia se queda con la coparticipación de los municipios a cambio de garantizar el pago de la planilla salarial congela, justamente, la designación de personal efectivo, había trámites y autorizaciones no tenidas en cuenta. Pero era eso. Sólo eso.
"Quedó en claro que no íbamos a liquidar el sueldo de los que estaban mal nombrados. No está mal designar parientes en algunos cargos, pero sí en la manera en que lo hicieron. Esto no es nepotismo", dijo el gobernador con esposa senadora, prima ministra, cuñada ministra, yerno secretario, primo representante oficial de la provincia en Buenos Aires?
Igualmente, todas estas cuestiones son ocasionales urticarias para el alperovichismo. Hay, en cambio, un asunto con el cual al Gobierno le silba el pecho. Y la cepa que le provoca semejante brote tiene nombre y apellido. Se llama Juan Manzur.

Tos cargada
La declaración jurada de bienes del vicegobernador -en abuso de licencia- ante la Oficina Anticorrupción de la Nación por más de $ 5 millones de patrimonio lo convirtieron, por fin, en el ministro Nº 1 de la Casa Rosada, aunque no por las razones más propicias. La novedad cayó en las huestes del oficialismo vernáculo como una bomba de fragmentación. Y sus esquirlas impactaron en los ámbitos más diversos.
Frente a la plaza Independencia pueden distinguirse tres grandes grupos, según su postura frente a la novedad manzurista. Unos se declaran legítimamente consternados por el ministro de Salud de la Nación, en especial desde que el asunto generó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Es la del peronista Oscar López contra el funcionario, a quien (gracias a instituciones como la Constitución) le cabe ante todo la presunción de inocencia. En los escasos raptos de sinceridad, los trajeados coinciden en que lo más delicado de la mentada declaración jurada radica en que una parte importante de la riqueza esté consignada no en dinero sino en bienes. En términos pedestres, la plata no tiene fecha pero los bienes sí: en las escrituras y los boletos de compra venta consta el día en que fueron adquiridos y, por tanto, se debe acreditar cómo llegó a contarse con los recursos para concretar esas operaciones. Pero al rato nomás, los de saco y corbata manifiestan que Manzur siempre fue muy reservado y que él, o su familia política, probablemente tengan actividades privadas que lo justifiquen todo.
Por otro lado, están los que aseguran ver conspiraciones internas para desestabilizar a Manzur (planteos judiciales incluidos) y sacarlo de la carrera por la reelección como vicegobernador. Justamente, el tercer grupo es el de aquellos que se frota las manos ante la posibilidad de que este sea el detonante que termine por quitar de la fórmula al ya ausente titular de la Legislatura y, con ello, habilitar una codiciada vacante.

Polen parlamentario
Allende la Casa de Gobierno, el asunto comienza a tornarse cada vez más espinoso. En rigor, a nadie escapa en el oficialismo (unos lo toman con pretendida preocupación, otros con fingida indignación) que el "asunto Manzur" ha vuelto a actualizar la polémica sobre los ingresos de la clase política. Y eso deposita el desaguisado, directamente, en la Legislatura, pero pura y exclusivamente por obra del azar.
En la Cámara se dieron una serie de meras coincidencias, ciertamente llamativas: pocos días después de que se revelara millonario el ex ministro de Salud de la provincia de los autoconvocados con sueldos de hambre, estallaba un conflicto en la Legislatura. Oscar Godoy reclamaba apego por las normas y las instituciones y hacía lo que no había exigido en todo el año: demandar que pasen por la inactiva comisión de Asuntos Municipales tanto el Pacto Social como los convenios de inversión en obras públicas entre las administraciones del interior y la Provincia. Era el mismo Godoy que en reunión privada de bloque (o sea, públicamente) había planteado el año pasado que se debían incrementar en $ 10.000 mensuales los "gastos sociales". Esos fondos son oficialmente destinados para asistencialismo y de ninguna manera pueden terminar funcionando, a pesar de la laxitud y escasa visibilidad de sus rendiciones de cuentas, como sobresueldos encubiertos, salvo para retorcida mente de algún malpensado.
Pero no debe tener ninguna conexión el planteo reglamentarista del parlamentario con el hecho de que se hiciera pública la prosperidad del sanitarista de quien sólo se conoce (o, más bien, que sólo ha publicitado) su desempeño en la nunca muy bien remunerada función pública. El que pretenda que el legislador, en realidad, también estaba diciendo que pasa algo raro si no se atiende su requerimiento -compartido en silencio por otros- mientras el vicegobernador declara lo que declaró, probablemente se equivoca.

Mensaje urticante
Esta es tan sólo la nueva crisis que ha echado a andar el vicegobernador que trabaja en la Nación. Es decir, extraoficialmente, es a él a quien miran feo por el "Caso Funsal", esa fundación para la cual autorizaron pagos de seis cifras cuando todavía no existía a los efectos legales, en pago por cursos cuyo dictado está en duda. Obviamente, es el actual ministro de Salud de la Provincia el que puso la firma, pero son mayoría los funcionarios de Casa de Gobierno que, en privado, consideran a Pablo Yedlin como el mero testaferro de ese escándalo. Para más datos, el teléfono de la fantasmagórica institución estaba a nombre del jefe de Gabinete de Manzur en el Ministerio de Salud de la Nación, y la línea estaba instalada en un departamento de vivienda de Barrio Norte, donde la esposa de ese funcionario atendió el teléfono ante un llamado efectuado desde este diario.
La pesquisa que sostiene la fiscala María de las Mercedes Carrizo, y que refiere sólo actuaciones complementarias puesto que versa sobre funcionarios sin privilegios procesales, prefigura una situación alarmante: después de las declaraciones de los empleados del Siprosa que integraban el directorio de la entidad que daba costosos cursos de capacitación para el Siprosa, parece que hasta sus firmas no eran sus firmas en el acta fundacional que poco y nada fundó.
Los días corren, las elecciones se acercan y el mensaje alperovichista, ya no sólo para la sociedad sino también para el propio entorno, se torna cada vez más irrespirable. Los funcionarios con más complicaciones son los que más respaldos recibirán.