07 Septiembre 2010 Seguir en 
En todo sistema republicano que se precie es fundamental que haya división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), es decir una ordenación y distribución de las funciones del Estado. En el siglo XVIII, llamado de la "Ilustración", varios pensadores reflexionaron y enunciaron esta teoría con diversos matices, entre ellos, Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. El principio de separación de los poderes está consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Desde la década de 1990, se viene debatiendo en el país acerca de la dudosa independencia del Poder Judicial, cada vez más presionado por el Ejecutivo. Esta actitud de hostigamiento, sobre todo cuando los fallos suelen ser adversos al gobierno de turno -tanto nacional como provincial-, se ha profundizado en los últimos tiempos. La semana pasada, por ejemplo, el ministro de Economía, Amado Boudou, criticó a los jueces que revocaron la intervención judicial en la empresa Papel Prensa y removieron a los directores titulares del Estado, y la calificó de "Justicia express". Sostuvo que sus fallos generaban "una expropiación de la propiedad estatal". Sin embargo, Boudou eludió referirse a la parte del fallo que indica que el Estado puede designar reemplazantes de los representantes removidos.
A nivel local, en uno de los actos de homenaje a Juan Bautista Alberdi, René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a la descalificación de las decisiones de la Justicia y de la probidad de los magistrados, incluyendo la de los integrantes del Supremo Tribunal de la Nación. Dijo que esta realidad era un síntoma de la debilidad del sistema republicano. "El PE descalifica las conductas personales de los jueces en flagrante violación del ámbito de privacidad del artículo 19 de la Constitución Nacional, valladar a todo conato totalitario degradante de la persona y llega en ocasiones a no acatar ni cumplir sus sentencias; extremo este de suma gravedad institucional", aseveró. "El Poder Judicial absolutamente independiente y soberano... compone lo que se ha dado en llamar el contenido pétreo de la identidad de nuestra organización nacional como Estado y ninguna convención constituyente derivada, reformadora, puede avanzar un ápice sobre él", acotó el abogado.
El viernes pasado, durante la IV Conferencia Nacional de Jueces, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, anunció las conclusiones del encuentro, en el que se reclamó la implementación de un sistema transparente para la designación de nuevos magistrados, despojado de influencias políticas indebidas y en las que prevalezca el mérito de los postulantes. Dijeron que la selección de los jueces debe estar a cargo de órganos que permitan garantizar la independencia del Poder Judicial. Por ello deben tener autonomía funcional de los poderes políticos y una composición equilibrada. El documento final considera primordial que se garantice la igualdad de oportunidad para todos aquellos que reúnan las condiciones intelectuales y éticas básicas necesarias para la función judicial; excelencia, celeridad, transparencia, publicidad, y a la vez anonimato en la prueba de oposición escrita en el procedimiento de selección.
Coincidimos con estos conceptos de los magistrados que también pidieron autonomía presupuestaria. Ello significa que el Poder Judicial tenga una relación directa con el Congreso en la presentación de su presupuesto, en su discusión y, luego de su aprobación, en todo lo atinente a su implementación. Creemos que sin intervención política en la selección de los jueces y con el objetivo de procurar la mayor transparencia -de manera que lleguen los mejores-, se robustecerá la Justicia, única garantía de libertad para el ciudadano.
Desde la década de 1990, se viene debatiendo en el país acerca de la dudosa independencia del Poder Judicial, cada vez más presionado por el Ejecutivo. Esta actitud de hostigamiento, sobre todo cuando los fallos suelen ser adversos al gobierno de turno -tanto nacional como provincial-, se ha profundizado en los últimos tiempos. La semana pasada, por ejemplo, el ministro de Economía, Amado Boudou, criticó a los jueces que revocaron la intervención judicial en la empresa Papel Prensa y removieron a los directores titulares del Estado, y la calificó de "Justicia express". Sostuvo que sus fallos generaban "una expropiación de la propiedad estatal". Sin embargo, Boudou eludió referirse a la parte del fallo que indica que el Estado puede designar reemplazantes de los representantes removidos.
A nivel local, en uno de los actos de homenaje a Juan Bautista Alberdi, René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a la descalificación de las decisiones de la Justicia y de la probidad de los magistrados, incluyendo la de los integrantes del Supremo Tribunal de la Nación. Dijo que esta realidad era un síntoma de la debilidad del sistema republicano. "El PE descalifica las conductas personales de los jueces en flagrante violación del ámbito de privacidad del artículo 19 de la Constitución Nacional, valladar a todo conato totalitario degradante de la persona y llega en ocasiones a no acatar ni cumplir sus sentencias; extremo este de suma gravedad institucional", aseveró. "El Poder Judicial absolutamente independiente y soberano... compone lo que se ha dado en llamar el contenido pétreo de la identidad de nuestra organización nacional como Estado y ninguna convención constituyente derivada, reformadora, puede avanzar un ápice sobre él", acotó el abogado.
El viernes pasado, durante la IV Conferencia Nacional de Jueces, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, anunció las conclusiones del encuentro, en el que se reclamó la implementación de un sistema transparente para la designación de nuevos magistrados, despojado de influencias políticas indebidas y en las que prevalezca el mérito de los postulantes. Dijeron que la selección de los jueces debe estar a cargo de órganos que permitan garantizar la independencia del Poder Judicial. Por ello deben tener autonomía funcional de los poderes políticos y una composición equilibrada. El documento final considera primordial que se garantice la igualdad de oportunidad para todos aquellos que reúnan las condiciones intelectuales y éticas básicas necesarias para la función judicial; excelencia, celeridad, transparencia, publicidad, y a la vez anonimato en la prueba de oposición escrita en el procedimiento de selección.
Coincidimos con estos conceptos de los magistrados que también pidieron autonomía presupuestaria. Ello significa que el Poder Judicial tenga una relación directa con el Congreso en la presentación de su presupuesto, en su discusión y, luego de su aprobación, en todo lo atinente a su implementación. Creemos que sin intervención política en la selección de los jueces y con el objetivo de procurar la mayor transparencia -de manera que lleguen los mejores-, se robustecerá la Justicia, única garantía de libertad para el ciudadano.
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