La importancia de la minería en Tucumán volvió a ser noticia, pero no por sus recursos naturales sino por las denuncias cruzadas sobre los intereses que hay en la actividad y en las que se involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, a Monzer Al Kassar y hasta a Osama Bin Laden.
Ayer, el minero vallisto Miguel Enrique Solanís se presentó ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, para denunciar al director de Minería, Juan Carlos Ramírez, y la subdirectora, Sara Ferullo, por supuestos actos de corrupción.
"Es una asociación ilícita integrada no sólo por tucumanos sino también por delincuentes internacionales y socios de Bin Laden", dijo a LA GACETA. "Las pruebas las tiene el fiscal Jerez y tengo la esperanza de que esclarezca todos estos hechos", añadió.
El vallisto aseguró que la Provincia le niega sus derechos de propiedad sobre 19 yacimientos que descubrió para explotar minerales de oro, cobre, plata, zinc, distribuidos en los departamentos de Tafí del Valle, Monteros y Lules, "por oscuros intereses". "Curiosamente, cuando me dieron de baja, les otorgaron los pedimentos a Antonio Botta y a Jorge Aráoz -de Tucumán Minerals Company (TMC)-, de la empresa inglesa Imperial Consolidated, vinculada a Bin Laden", dijo.
Solanís, en la denuncia a Jerez, indicó que en setiembre de 2000 le firmó una autorización a Al Kassar para que gestione inversiones. "Así consiguió a la firma inglesa Imperial, empresa a la que se hizo la cesión de las áreas mineras", acotó.
Además, el minero sostuvo que luego de darse de baja a sus pedimentos, estos aparecieron a nombre de TMC. "Es una empresa dedicada a hacer estafas a nivel internacional", señaló. También señaló que hay personal de la dirección de Minería que conoce las irregularidades.
Explicaciones
"Solanís será el que finalmente irá preso", expresó Ramírez al ser consultado sobre las pretensiones de Solanís. Explicó que el 26 de febrero de 2001 la Provincia dio de baja a los 19 pedimentos gestionados por Solanís en 1998 "por no haber completado información administrativa".
El funcionario explicó que Solanís cedió el 18 de setiembre de 2000 los derechos que tenía sobre los 19 pedimentos a la firma inglesa Consolidated Minig Corporation (CMC), una subsidiaria de la empresa Imperial Consolidated Group.
"Imperial le hizo un juicio por estafa a Al Kassar por los 19 pedimentos cedidos, radicado en el Juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Marbella. En ese juicio, Solanís y el abogado Enrique de la Vega fueron testigos de Al Kassar", señaló Ramírez, para demostrar la vinculación del vallisto con Al Kassar.
Añadió que a De la Vega le inició una demanda penal por falsificación de instrumento público, ya que este habría presentado papeles con membretes falsos de la Secretaria de Minería, con tasaciones falsas a CMC, para la cesión de los 19 pedimentos.
Ramírez indicó que la CMC y la TMC son empresas subsidiarias de la Imperial. "Una tiene caducados los pedimentos y la otra no tiene autorización para avanzar con sus trámites mineros en la Provincia", dijo. Precisó que un informe que recibió esta semana desde la Cancillería argentina sobre Imperial le impiden dar una autorización a TMC.
Ayer, el minero vallisto Miguel Enrique Solanís se presentó ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, para denunciar al director de Minería, Juan Carlos Ramírez, y la subdirectora, Sara Ferullo, por supuestos actos de corrupción.
"Es una asociación ilícita integrada no sólo por tucumanos sino también por delincuentes internacionales y socios de Bin Laden", dijo a LA GACETA. "Las pruebas las tiene el fiscal Jerez y tengo la esperanza de que esclarezca todos estos hechos", añadió.
El vallisto aseguró que la Provincia le niega sus derechos de propiedad sobre 19 yacimientos que descubrió para explotar minerales de oro, cobre, plata, zinc, distribuidos en los departamentos de Tafí del Valle, Monteros y Lules, "por oscuros intereses". "Curiosamente, cuando me dieron de baja, les otorgaron los pedimentos a Antonio Botta y a Jorge Aráoz -de Tucumán Minerals Company (TMC)-, de la empresa inglesa Imperial Consolidated, vinculada a Bin Laden", dijo.
Solanís, en la denuncia a Jerez, indicó que en setiembre de 2000 le firmó una autorización a Al Kassar para que gestione inversiones. "Así consiguió a la firma inglesa Imperial, empresa a la que se hizo la cesión de las áreas mineras", acotó.
Además, el minero sostuvo que luego de darse de baja a sus pedimentos, estos aparecieron a nombre de TMC. "Es una empresa dedicada a hacer estafas a nivel internacional", señaló. También señaló que hay personal de la dirección de Minería que conoce las irregularidades.
Explicaciones
"Solanís será el que finalmente irá preso", expresó Ramírez al ser consultado sobre las pretensiones de Solanís. Explicó que el 26 de febrero de 2001 la Provincia dio de baja a los 19 pedimentos gestionados por Solanís en 1998 "por no haber completado información administrativa".
El funcionario explicó que Solanís cedió el 18 de setiembre de 2000 los derechos que tenía sobre los 19 pedimentos a la firma inglesa Consolidated Minig Corporation (CMC), una subsidiaria de la empresa Imperial Consolidated Group.
"Imperial le hizo un juicio por estafa a Al Kassar por los 19 pedimentos cedidos, radicado en el Juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Marbella. En ese juicio, Solanís y el abogado Enrique de la Vega fueron testigos de Al Kassar", señaló Ramírez, para demostrar la vinculación del vallisto con Al Kassar.
Añadió que a De la Vega le inició una demanda penal por falsificación de instrumento público, ya que este habría presentado papeles con membretes falsos de la Secretaria de Minería, con tasaciones falsas a CMC, para la cesión de los 19 pedimentos.
Ramírez indicó que la CMC y la TMC son empresas subsidiarias de la Imperial. "Una tiene caducados los pedimentos y la otra no tiene autorización para avanzar con sus trámites mineros en la Provincia", dijo. Precisó que un informe que recibió esta semana desde la Cancillería argentina sobre Imperial le impiden dar una autorización a TMC.
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