25 Julio 2010 Seguir en 
En enero de 2011 vence la ley de Financiamiento Educativo, y si el Congreso no sanciona otra norma con el tratamiento del presupuesto 2011, peligra la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Educación. La advertencia lo hizo la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) que lanzó una fuerte campaña de concientización en la vía pública (afirman que los padres tienen que exigir al Estado nacional mayor inversión para la educación de sus hijos), y logró recolectar más de 10.000 firmas que serán enviadas al Congreso de la Nación respaldando el reclamo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
"Como entidad de base de CTERA, ATEP impulsa la iniciativa de que se sancione una nueva Ley de Financiamiento Educativo acorde a lo que establece la Ley Nacional de Educación. Sin esta nueva ley, concretar la universalización del nivel inicial y del secundario obligatorio es impracticable. Lo mismo sucede con las escuelas de jornada completa, la capacitación en servicio, la creación de nuevas escuelas e infraestructura que contemple el aumento en la matrícula de los secundarios, becas y salarios digno para los educadores de nuestro país", indicó el secretario general del gremio, David Toledo.
La actual Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26075), que vence en enero de 2011, es fruto de una lucha que la docencia lleva adelante en todo el país a través de CTERA y a partir de la instalación de la emblemática Carpa Blanca en 1997. La norma implementada a partir de 2005, estableció, a nivel nacional, un presupuesto para Educación, permitiendo paulatinamente un incremento en la inversión que llegó a un 6 % del PBI. "Esto permitió una cobertura importante en temas centrales para sostener una educación pública de calidad, en igualdad de oportunidades para todos y todas, garantizando el derecho social a enseñar y aprender", dijo Toledo. Sin embargo, el dirigente indicó que la actual inversión "no alcanza ahora, ni a futuro, para llegar a la universalización del nivel medio en un lapso razonable. Tampoco -dijo- se ha cumplido con una de las metas de lograr que un 30% de las escuelas sean de jornada completa, sólo alcanzó el 17% ; es decir, 180 establecimientos entre más de 1.000 escuelas", destacó.
Jardines de 4 años
El dirigente gremial sostuvo que otro desafío es la universalización de los jardines de 4 años, para que los niños -especialmente los que se encuentran en riesgo social y educativo-, tengan la posibilidad de acceder al nivel inicial. Toledo añadió que la nueva ley debe contemplar un mayor porcentaje del PBI. "Debe considerarse un incremento de la participación del Estado nacional para garantizar salarios dignos", añadió.
No remunerativos
En tanto la Unión Docentes Tucumanos (UDT) afiliada a la CEA (Confederación de Educadores Argentinos) elevó su propuesta a principios de año, para que el Congreso debata el presupuesto 2011. La UDT puso énfasis en la necesidad de que la nueva ley de Financiamiento Educativo contemple el blanqueo, paulatino, de las cifras que destina la Nación a las provincias como no remunerativas ni bonificables. "Los $ 900 que la Nación destina al salario docente como incentivo deben ir incorporándose paulatinamente como cifras remunerativas y bonificables, para terminar con los pagos en negro. de esto hablamos cuando nos referimos a sueldos dignos y justos", dijo el secretario general Carlos Arnedo.
"Como entidad de base de CTERA, ATEP impulsa la iniciativa de que se sancione una nueva Ley de Financiamiento Educativo acorde a lo que establece la Ley Nacional de Educación. Sin esta nueva ley, concretar la universalización del nivel inicial y del secundario obligatorio es impracticable. Lo mismo sucede con las escuelas de jornada completa, la capacitación en servicio, la creación de nuevas escuelas e infraestructura que contemple el aumento en la matrícula de los secundarios, becas y salarios digno para los educadores de nuestro país", indicó el secretario general del gremio, David Toledo.
La actual Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26075), que vence en enero de 2011, es fruto de una lucha que la docencia lleva adelante en todo el país a través de CTERA y a partir de la instalación de la emblemática Carpa Blanca en 1997. La norma implementada a partir de 2005, estableció, a nivel nacional, un presupuesto para Educación, permitiendo paulatinamente un incremento en la inversión que llegó a un 6 % del PBI. "Esto permitió una cobertura importante en temas centrales para sostener una educación pública de calidad, en igualdad de oportunidades para todos y todas, garantizando el derecho social a enseñar y aprender", dijo Toledo. Sin embargo, el dirigente indicó que la actual inversión "no alcanza ahora, ni a futuro, para llegar a la universalización del nivel medio en un lapso razonable. Tampoco -dijo- se ha cumplido con una de las metas de lograr que un 30% de las escuelas sean de jornada completa, sólo alcanzó el 17% ; es decir, 180 establecimientos entre más de 1.000 escuelas", destacó.
Jardines de 4 años
El dirigente gremial sostuvo que otro desafío es la universalización de los jardines de 4 años, para que los niños -especialmente los que se encuentran en riesgo social y educativo-, tengan la posibilidad de acceder al nivel inicial. Toledo añadió que la nueva ley debe contemplar un mayor porcentaje del PBI. "Debe considerarse un incremento de la participación del Estado nacional para garantizar salarios dignos", añadió.
No remunerativos
En tanto la Unión Docentes Tucumanos (UDT) afiliada a la CEA (Confederación de Educadores Argentinos) elevó su propuesta a principios de año, para que el Congreso debata el presupuesto 2011. La UDT puso énfasis en la necesidad de que la nueva ley de Financiamiento Educativo contemple el blanqueo, paulatino, de las cifras que destina la Nación a las provincias como no remunerativas ni bonificables. "Los $ 900 que la Nación destina al salario docente como incentivo deben ir incorporándose paulatinamente como cifras remunerativas y bonificables, para terminar con los pagos en negro. de esto hablamos cuando nos referimos a sueldos dignos y justos", dijo el secretario general Carlos Arnedo.
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