Vecinos le torcieron el brazo a Rojas Alcorta

El legislador actuó por pedido de sus vecinos durante una reunión que mantuvo con ellos el domingo pasado, ante las versiones de que podría sufrir un escrache.

Por Redacción Política 26 Abril 2002
A pedido de sus vecinos del barrio Marti Coll, de Yerba Buena, el legislador y ex republicano Gustavo Rojas Alcorta presentó un proyecto de ley para que el fiscal Esteban Jerez continúe investigando las denuncias sobre corrupción. En su iniciativa, el legislador propone cambios a la Ley 7.204 -actualmente suspendida por la Corte- que establece que las causas sobre corrupción se repartirán entre tres fiscalías. Rojas Alcorta incluye la sexta, que es la de Jerez, entre ellas.
El legislador actuó por pedido de sus vecinos durante una reunión que mantuvo con ellos el domingo pasado, ante las versiones de que podría sufrir un escrache en su domicilio. Según dijeron los vecinos a LA GACETA, la reunión duró unas tres horas, durante las cuales el legislador fundamentó sus acciones políticas. Las explicaciones no impidieron, sin embargo, que los vecinos le recriminaran con mucha dureza la falta de respuestas y la indiferencia que ven en la clase política con respecto de la gente que sufre hambre, inseguridad y falta de salud y educación. También cuestionaron que se pretenda impedir que Jerez investigue los casos de supuesta corrupción. Este último punto fue un pedido expreso, y ello motivó el proyecto presentado ayer por Rojas Alcorta. El legislador no accedió a hablar con LA GACETA sobre esta iniciativa.

Alertan sobre el alcance de un eventual fallo
¿Qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de la Ley 7.204 (modifica la Ley Orgánica de Tribunales y releva al fiscal Esteban Jerez de la investigación de la corrupción) planteada por el legislador José Ascárate, el edil Raúl Moreno, y el dirigente Oscar López?
Los profesores de Derecho Constitucional de la UNT, Luis Iriarte y Carmen Fontán, contestaron que la resolución sólo tendría efectos para el caso concreto. Por ello, instaron a que los colegios de abogados y las asociaciones representativas de los magistrados y funcionarios judiciales pidan -juntas o por separado- su integración a la causa, en defensa de los intereses públicos (forma republicana, división de poderes y respeto por la independencia de la Justicia).
Iriarte y Fontán consideran que la Corte, de oficio y por acordada, "debió dictar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley", en tanto la Legislatura "usurpó facultades propias de superintendencia -del alto tribunal- para la administración de la Justicia". "Y ella debió resolver por sí sola qué fiscalías serán dotadas para investigar la corrupción", agregaron.
Pero, como está planteado el caso, incluso si la Corte falla conforme a derecho -agregaron-, "preservará la competencia de Jerez, pero sólo para las causas que ya están radicadas en su fiscalía". "Pero dejará firme la vigencia de la polémica ley 7.204 (confiere el rol anticorrupción a las fiscalías I, V y X) para los casos posteriores. La única alternativa para invalidar la Ley 7.204 es que los colegios de abogados y de magistrados planteen la inconstitucionalidad", finalizaron.

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