Por Redacción Política
16 Junio 2010
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) aceptó la prueba documental que ayer entregó el ex militante peronista secuestrado Juan Carlos Clemente, en el juicio por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía
Se trata de 250 hojas que estuvieron guardadas durante más de 30 años, en las que figuran los nombres de 293 detenidos (la mayoría de ellos están desaparecidos) y que comenzarán a ser analizadas en detalle desde el martes.
En las listas también se registran nombres de cadáveres identificados (en hospitales, comisarías y seccionales de la capital y del interior, con cinco casos de otras provincias); de personas buscadas (con gran descripción de datos individuales, filiatorios, de militancia y de simpatía ideológica) y de operativos dispuestos.
El testigo, quien luego revistó en la Policía Provincial entre 1977 y 1984, deberá volver al recinto para seguir declarando la próxima semana ante los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi.
Entre los documentos figuran además transcripciones de interrogatorios; informes de seguimientos de inteligencia; oficios firmados por el entonces juez federal Manlio Martínez; memorándums oficiales; notas con firma y sello de distintos jefes policiales (varias llevan la rúbrica del imputado Roberto Albornoz) y hasta escritos evaluatorios de la conducta de efectivos para solicitar ascensos.
Los defensores intentaron sin éxito que los documentos sean rechazados. Ezequiel Avila Gallo (defensor de Albornoz) se opuso a la incorporación de la prueba por considerarla extemporánea en términos procesales. Ciro Lo Pinto alegó que recibió con poco tiempo de anticipación la documentación y que habría contradicciones. LA GACETA©
Se trata de 250 hojas que estuvieron guardadas durante más de 30 años, en las que figuran los nombres de 293 detenidos (la mayoría de ellos están desaparecidos) y que comenzarán a ser analizadas en detalle desde el martes.
En las listas también se registran nombres de cadáveres identificados (en hospitales, comisarías y seccionales de la capital y del interior, con cinco casos de otras provincias); de personas buscadas (con gran descripción de datos individuales, filiatorios, de militancia y de simpatía ideológica) y de operativos dispuestos.
El testigo, quien luego revistó en la Policía Provincial entre 1977 y 1984, deberá volver al recinto para seguir declarando la próxima semana ante los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi.
Entre los documentos figuran además transcripciones de interrogatorios; informes de seguimientos de inteligencia; oficios firmados por el entonces juez federal Manlio Martínez; memorándums oficiales; notas con firma y sello de distintos jefes policiales (varias llevan la rúbrica del imputado Roberto Albornoz) y hasta escritos evaluatorios de la conducta de efectivos para solicitar ascensos.
Los defensores intentaron sin éxito que los documentos sean rechazados. Ezequiel Avila Gallo (defensor de Albornoz) se opuso a la incorporación de la prueba por considerarla extemporánea en términos procesales. Ciro Lo Pinto alegó que recibió con poco tiempo de anticipación la documentación y que habría contradicciones. LA GACETA©
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