Analizan el marco legal para retirar bonos

El plan de rescate de los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade) transita por un terreno pantanoso. El Poder Ejecutivo no logra persuadir a los legisladores sobre la conveniencia de sacar de circulación los $ 169 millones de la cuasimoneda provincial.
Mientras se suceden las reuniones entre funcionarios, legisladores y empresarios, el bono sigue depreciándose en el mercado informal de canje. Frente a la incertidumbre respecto de la concreción del programa de retiro de los Bocade, la mayoría de las "cuevas" decidió paralizar las operaciones de conversión de bonos por efectivo. Otras, en cambio, incrementaron el desagio del 12% al 13%.
El ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, salió ayer desesperado a pedir el apoyo de los legisladores para la sanción de la norma. El funcionario reiteró que la Nación esperará esa documentación hasta el martes. Para ese día se prevé que el vicegobernador Sisto Terán convoque a sesión. Es posible que la comisión de Hacienda y Presupuesto analice mañana el proyecto de ley elevado por el PE. Incluso, Cúneo Vergés adelantó a LA GACETA que el Estado hará una campaña de esclarecimiento sobre el rescate de los bonos a valor de mercado.

Cuestiones administrativas
El clima adverso en la Legislatura sobre la conveniencia de tomar el crédito nacional para sacar de circulación los Bocade preocupa al Ejecutivo. Sus funcionarios creen que, tras las elecciones presidenciales del domingo, las tensiones políticas se relajarán. No obstante, algunos funcionarios cercanos al gobernador Julio Miranda profundizaron el marco jurídico alternativo para cumplir con los trámites requeridos desde el Ministerio de Economía de la Nación.
Agotada la vía de conversación con los legisladores y, como último recurso, el PE apelaría al dictado de un decreto por el que se adheriría al Plan de Unificación Monetaria, para postergar la resolución de algunos puntos contemplados en el proyecto de ley y no quedar fuera del programa. El sostén legal de la adhesión sería la Ley 6964, por la que se autorizó a la Provincia a realizar operaciones financieras en las condiciones de mercado para obtener fondos que cancelen deudas. Esa norma, además, permite al Estado afectar la coparticipación como garantía del crédito que, en el caso de los bonos, sería de $ 150 millones.
"Los tenedores de los Bocade deben estar tranquilos, pues el desagio en la licitación no será superior al 10%", dijo el secretario de Hacienda, Eduardo Jairala.

Según legisladores, el canje sería ilegal

En su mayoría, los legisladores no parecen dispuestos a dar su voto para la adhesión de la Provincia al Plan de Unificación Monetaria, que implicaría la entrega de un crédito nacional para el retiro total de los Bocade.
El radicalismo presentó un proyecto alternativo para aprobar una adhesión parcial al decreto del Ejecutivo nacional. Se aceptaría el préstamo de $ 150 millones pero se canjearían los bonos a valor nominal. El remanente, que serían, unos $ 19 millones, debería reemplazarse por una nueva emisión. "De esa manera quedará al descubierto la verdad respecto de a cuánto asciende el circulante de bonos en la provincia", afirmó José Ricardo Ascárate. El legislador agregó que el convenio firmado por la Provincia con la Nación "es una vergüenza". "Obliga a Tucumán a adherirse, por ley, a un instrumento de menor jerarquía como es un decreto; además es ilegal, porque la legislación provincial obliga al Estado a convertir los bonos en efectivo a su valor nominal", señaló.El creador de los bonos, ex ministro de Economía y actual legislador Osvaldo Cirnigliaro, también calificó de ilegal el rescate que pretende instrumentar la Nación. "Cambiar los bonos por un valor menor al real va a perjudicar al pueblo, que tendrá que pagar dos veces la misma cuenta; además tiene un objetivo netamente electoral", dijo. Consideró que los bonos deben rescatarse con recursos genuinos y no contrayendo otra deuda. Y que el rescate debe hacerse de manera gradual para atenuar los efectos sobre la liquidez monetaria.
La postura de Cirnigliaro -quien también criticó duramente el exceso de emisión del gobierno de Julio Miranda- es compartida por otros legisladores del peronismo. Estos parlamentarios exigirían una serie de informes, por escrito, y también personales, por parte de funcionarios de Economía, antes de tomar una decisión dentro de la comisión de Hacienda. Este panorama hace prever que no se reunirían los 27 votos necesarios para aprobar la adhesión.