El proceso abierto en la Justicia contra la ley Nº 7.204 -que se publicó en el Boletín Oficial del lunes pasado- entró ayer en una nueva fase. Los actores de la acción declarativa de inconstitucionalidad de la norma, que prevé el relevamiento de Esteban Jerez del cargo de fiscal anticorrupción, prestaron caución juratoria en Tribunales. Este era un trámite procesal indispensable para que se hiciera efectiva la inaplicabilidad de la norma, dispuesta por la Corte Suprema.
El legislador José Ricardo Ascárate, el concejal Raúl Moreno y el abogado Oscar López consiguieron que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar a la medida de no innovar que frenó el apartamiento de Jerez.
López destacó la importancia institucional de la resolución de la Corte, ya que "garantiza la democracia frente a la tentación del Poder Ejecutivo de someter a los órganos de control". Acotó que la decisión de suspender la aplicación de la ley impidió un daño al desenvolvimiento de la Justicia.
Ascárate, por su parte, analizó que la dispersión de las causas por delitos contra el Estado en tres fiscalías no permitiría avances en la dilucidación de las autorías. "Se diluiría la responsabilidad procesal en el tiempo", previno el legislador radical.
Moreno, a su vez, precisó que la Corte puso las cosas en su justo término. "La ley se hizo para quitarle las causas a Jerez", explicó el concejal del radicalismo. Mientras la acción declarativa de inconstitucionalidad sigue su curso en el ámbito judicial, el legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) insistió en que el oficialismo debería citar a sesión especial extraordinaria antes del viernes. El pedido lo formalizaron once miembros de la oposición, sin obtener respuesta de la conducción de la Legislatura.
Apresuramiento
"Algunos legisladores oficialistas reconocieron que hubo apresuramiento al haber sancionado la ley", remarcó Parajón. "La oposición quiere un nuevo debate y la oportunidad de derogar la ley", planteó.
El legislador del PU puntualizó que, el lunes, el pueblo hizo tronar el escarmiento en la plaza Independencia. "Es una seria advertencia para nosotros", dijo.
El legislador José Ricardo Ascárate, el concejal Raúl Moreno y el abogado Oscar López consiguieron que la Corte Suprema de Justicia hiciera lugar a la medida de no innovar que frenó el apartamiento de Jerez.
López destacó la importancia institucional de la resolución de la Corte, ya que "garantiza la democracia frente a la tentación del Poder Ejecutivo de someter a los órganos de control". Acotó que la decisión de suspender la aplicación de la ley impidió un daño al desenvolvimiento de la Justicia.
Ascárate, por su parte, analizó que la dispersión de las causas por delitos contra el Estado en tres fiscalías no permitiría avances en la dilucidación de las autorías. "Se diluiría la responsabilidad procesal en el tiempo", previno el legislador radical.
Moreno, a su vez, precisó que la Corte puso las cosas en su justo término. "La ley se hizo para quitarle las causas a Jerez", explicó el concejal del radicalismo. Mientras la acción declarativa de inconstitucionalidad sigue su curso en el ámbito judicial, el legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) insistió en que el oficialismo debería citar a sesión especial extraordinaria antes del viernes. El pedido lo formalizaron once miembros de la oposición, sin obtener respuesta de la conducción de la Legislatura.
Apresuramiento
"Algunos legisladores oficialistas reconocieron que hubo apresuramiento al haber sancionado la ley", remarcó Parajón. "La oposición quiere un nuevo debate y la oportunidad de derogar la ley", planteó.
El legislador del PU puntualizó que, el lunes, el pueblo hizo tronar el escarmiento en la plaza Independencia. "Es una seria advertencia para nosotros", dijo.
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